Gobierno y sindicatos constituyen la Comisión de Seguimiento del II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público

Revista de prensa.- Lainformacion.com. El Gobierno y los sindicatos CC.OO., UGT y CSIF han constituido la Comisión de Seguimiento del II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y de condiciones de trabajo firmado por ambas partes el pasado 9 de marzo.

 Esta comisión tiene entre sus funciones la interpretación y evaluación de este acuerdo sobre condiciones retributivas, empleo y condiciones de trabajo.  CC.OO. ha señalado en un comunicado que hay que seguir avanzando en la recuperación de los derechos "arrebatados" a los empleados públicos por diferentes gobiernos, como la jornada o el 100% de las prestaciones por incapacidad temporal.

"Estos gobiernos, haciendo uso de leyes excepcionales en el tiempo del austericidio, han reducido, de forma significativa, los derechos, retribuciones y condiciones laborales de más de tres millones de trabajadoras y trabajadores de las Administraciones Públicas y empresas del sector público", ha denunciado el sindicato.

CC.OO. ha pedido que se impulsen mesas descentralizadas para el desarrollo del acuerdo alcanzado con el Gobierno, al tiempo que ha reclamado que las partidas de fondos adicionales vayan destinadas a reforzar los salarios más bajos y a atender a la reducción de la brecha salarial de género.

Para reducir al 8% la tasa de temporalidad, tal y como se estableció en el acuerdo, el sindicato pide cumplir los compromisos de mejora del empleo, con las convocatorias de ofertas de empleo necesarias, que estabilicen plantillas suficientes para atender los servicios públicos.

Más Mesas

Por su parte, CSIF ha reclamado a Collado la convocatoria de las diferentes mesas de diálogo para comenzar a negociar la eliminación de los descuentos por incapacidad temporal en las bajas por enfermedad de los empleados públicos, el desarrollo de la oferta de empleo público y de los concursos de traslado para los años 2018, 2019 y 2020 con los nuevos criterios establecidos en el acuerdo, y la negociación de la jornada laboral, con el nuevo criterio de máximos sobre las 37,5 horas semanales.

Esto permitiría, en los ámbitos donde exista acuerdo, negociar la implantación de la jornada de 35 horas (18 horas lectivas), según el sindicato que preside Miguel Borra, que ha pedido retomar cuanto antes la negociación en las administraciones donde se tumbaron las 35 horas (Andalucía, Castilla-La Mancha, País Vasco y Ayuntamiento de Madrid), en aquellas donde ya hay acuerdo para aplicarlas (Extremadura o Castilla y León) y de manera general en todas aquellas donde sea posible el acuerdo entre administración y sindicatos.

CSIF también quiere que se negocie el reparto de fondos adicionales, del 0,20% en 2018, 0,25% en 2019 y el 0,30% en 2020 para mejorar salarios sobre la subida establecida. En el caso concreto de la Administración General del Estado, CSIF subraya que estos fondos permitirían mejorar las retribuciones de un colectivo "especialmente desfavorecido" respecto a otras Administraciones.

En este ámbito, el sindicato reclama un salario mínimo de 1.200 euros y homologar las condiciones retributivas del personal laboral y el personal funcionario. Con este objetivo, propone un incremento lineal de 200 euros y una dotación presupuestaria de 100 euros por efectivo para el establecimiento de la carrera profesional.

Casi tres millones de empleados públicos mejorarán sus condiciones tras el acuerdo con los sindicatos

 Acceso al texto completo del acuerdo

Comentarios al acuerdo de José Ramón Chaves. Blog delajusticia.com- Cara y cruz del acuerdo  

Nota MHAP.-  El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF han firmado hoy -9 de marzo-  el segundo acuerdo para la mejora del empleo público de la legislatura. Este acuerdo recoge por primera vez una vinculación de los incrementos salariales a la evolución del Producto Interior Bruto del país, de manera que la mejora de la economía se pueda trasladar a las retribuciones de los funcionarios.

Firma del acuerdo entre el gobierno y los sindicatos
de UGT, CC.OO y CSIF  el  viernes 9 de marzo

 Incremento salarial 2018-2020. En las negociaciones entre el Gobierno y los sindicatos se ha acordado un marco plurianual de incremento salarial (2018, 2019 y 2020) con un porcentaje de subida fijo más un porcentaje de incremento adicional ligado al crecimiento de la economía y, en 2020, al cumplimiento del objetivo de estabilidad.

De esta manera, por primera vez un acuerdo en la Función Pública vincula la previsión de aumento de las retribuciones a la a las expectativas de crecimiento y estabilidad para los próximos años La parte fija del incremento salarial será del 1,75% en 2018, del 2,25% en 2019 y del 2 % en el año 2020. 

A ello hay que sumar la parte variable que estará en función del crecimiento de la economía. Así, para un crecimiento del PIB que sea igual o superior al 2,5% en 2019 y 2020, la subida sería de un 2,5% en 2019, y un 3% en 2020. En esos dos años, para un crecimiento inferior al crecimiento del PIB del 2,5%, el incremento disminuirá proporcionalmente a la reducción que se haya producido sobre dicho 2,5%. Por último, se añadiría un 0,55% adicional en 2020 por el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Si se cumplen las previsiones del Gobierno en materia de crecimiento del PIB y además se alcanzan los objetivos de déficit en 2020, se llegaría al final del período un 8,79 % de incremento total de los salarios públicos. Este incremento incluye los Fondos adicionales destinados a lo largo de los tres años de vigencia del Acuerdo a homologaciones retributivas o aportaciones a planes de pensiones. Estos fondos supondrán un incremento de la masa salarial de un 0,2% en 2018, un 0,25% en 2019 y un 0,30% en 2020.

 Negociación colectiva, jornadas de trabajo y conciliación. La aplicación del pacto es especialmente favorable para las Administraciones Públicas que cumplan con la Ley de Estabilidad  Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ya que les devuelve la negociación colectiva en sus ámbitos de actuación. Así, se mantiene la jornada semanal de 37 horas y media, pero se contempla la posibilidad de que cada Administración Pública pueda establecer en sus calendarios laborales otras jornadas ordinarias o especiales de trabajo. Se tendrán en cuenta en especial las jornadas a turnos, nocturnas, o especialmente penosas. Todo ello condicionado al cumplimiento de los objetivos en materia de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla de gasto, así como no afectar al objetivo de temporalidad máxima del 8%. En materia de conciliación laboral se prevé una bolsa de hasta un 5% de jornada anual para el cuidado de mayores, hijos menores o discapacitados. Esta parte de la jornada deberá ser recuperada por el personal al servicio de las Administraciones Públicas en los términos que acuerde cada Administración. 

Se regula, además, la posibilidad de jornada intensiva para cuidado de hijos menores de 12 años o discapacitados.

Incapacidad temporal. Cada Administración podrá determinar el complemento retributivo a percibir durante la situación de incapacidad temporal, pudiendo alcanzarse un máximo del 100% de las retribuciones fijas. Se establece la necesidad de justificar adecuadamente las ausencias desde el primer día y la obligación de diseñar un plan de control del absentismo, que deberá ser objeto de difusión pública junto con los datos de absentismo laboral (portales de transparencia).

Acuerdos sobre empleo público. En materia de Oferta de empleo público para 2018, aquellas administraciones que hayan cumplido el objetivo de déficit, deuda y regla de gasto tendrán un 100% de tasa de reposición en todos los sectores, más una bolsa del 8% para los sectores en los que consideren necesario un refuerzo adicional. En el caso de las Corporaciones Locales, el refuerzo podrá ser de hasta el 10%. Aquellas Administraciones Públicas que no hayan cumplido alguno de los objetivos de déficit, deuda o regla de gasto tendrán una tasa de reposición del 100% en sectores prioritarios y del 75% en sectores no prioritarios, más una bolsa adicional del 5% para los sectores que consideren necesario reforzar. Además, en todos los municipios habrá una tasa adicional del 5% si en alguno de los ejercicios del periodo 2013 a 2017 han tenido la obligación legal de prestar un mayor número de servicios públicos por el incremento de su población y bajo determinadas circunstancias.

En el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía autonómica y Policía local la tasa de reposición se eleva al 115%. La cobertura de plazas de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional podrá llegar hasta un 30% de las vacantes dotadas presupuestariamente, en determinados casos. Por otra parte, se continúa con el proceso de estabilización de empleo público iniciado en 2017 y se amplía a los servicios de administración y servicios generales, de investigación, así como a otros servicios públicos. También se posibilita la extensión de estos procesos al ámbito de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles públicas, fundaciones, consorcios, agencias y autoridades independientes.

Grupos de trabajo. Por último, el acuerdo contempla otras medidas de diálogo social como la coordinación para la aprobación de planes de igualdad y medidas de corresponsabilidad o la creación de la Comisión de Seguimiento y Control de Absentismo.