Otro post de actualidad. Administración electrónica: las cinco etapas del duelo. Por Víctor Almonacid
"El Gobierno se ha visto obligado a hacer pequeñas rectificaciones prometiendo una futura transparencia, aunque, de momento, tengamos una transparencia más formal que real"
Por MABLANESCLIMENT blog.- Por Durante el dilatado periodo de tiempo transcurrido desde que se declaró el
estado de alarma el 14 de marzo de 2020 para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 -llevamos ya 5 prórrogas-, el
derecho fundamental a la libertad de información, recogido en el artículo
20.1.d) de la Constitución Española, se ha visto seriamente afectado por varias
circunstancias:
a) En las primeras ruedas de prensa, solo se admitían preguntas
previamente seleccionadas por el Gobierno.
Gracias a la presión ejercida por la mayoría de los medios de
comunicación, el formato cambió en parte y, al menos, los periodistas pudieron
formular preguntas en directo.
No obstante, las ruedas de prensa todavía no se ajustan completamente a
los siguientes requisitos que, en mi opinión, deberían cumplir: que todos los
medios de comunicación (pequeños y grandes) puedan formular preguntas
libremente, sin filtros ni censuras previas, en directo; que las respuestas
sean directas, congruentes y sin evasivas; que exista la posibilidad de
repreguntar; claridad para facilitar la comprensión y tiempo suficiente.
b) El Portal de Transparencia de la Administración General del Estado ha
estado funcionado con interrupciones importantes, por ejemplo, el retraso en
publicar todos los contratos de emergencia adjudicados por el Ministerio de
Sanidad durante el estado de alarma.
Como consecuencia de la presión de los medios de comunicación, se
publicaron los contratos con más de un mes de retraso.
c) Los plazos de tramitación de las solicitudes de acceso a la información
pública quedaron suspendidos desde el 14/03/2020.
Justo un mes más tarde, a mediados de abril, el Ministerio de Política
Territorial y Función Pública publicó en el Portal de Transparencia una nota
informativa, indicando que las solicitudes se estaban tramitando y que solo se
había suspendido la notificación de la resolución estimatoria o desestimatoria.
Quince días después, a finales de abril, se publicaron en el mismo lugar
sendos informes de la Abogacía del Estado en los que se concluía que, caso a
caso, aquellas solicitudes de acceso a la información pública y las
reclamaciones ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que tuvieran
relación con los hechos justificativos de la declaración del estado de alarma o
fueran de interés general, se podían seguir tramitando.
d) La identidad de los expertos y los informes que elaboran para
justificar el pase de cada fase del plan de desescalada no se pueden ver. El
artículo 11 de la Ley General de Salud Pública obliga a ello.
El presidente de la Generalitat Valenciana publicó en la página web de la
Consejería de Sanidad el informe enviado al Ministerio y solicitó que el
Ministerio hiciera público su informe para conocer cómo se habían aplicado los
criterios. No lo consiguió.
Recientemente, el Ministerio facilitó al periódico El País el informe
que justificaba el mantenimiento en la Fase 0 de la Comunidad de Madrid, pero
no ha publicado en el portal de la transparencia los informes relativos a las
demás Comunidades Autónomas. El Gobierno ha dicho hace unos días que publicará
los informes más adelante, cuando todos los territorios estén en la misma fase.
El malestar crece por la indefensión que genera no saber los motivos y las
razones que justifican las decisiones del Gobierno.
En definitiva, en función de la mayor o menor presión social y de los
medios de comunicación ejercida en cada momento durante el estado de alarma, el
Gobierno se ha visto obligado a hacer pequeñas rectificaciones prometiendo una
futura transparencia, aunque, de momento, tengamos una transparencia más formal
que real.
En mi opinión, la situación generada en España durante el estado de alarma
respecto al derecho a la libertad de información no es conforme con la doctrina
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto al derecho fundamental a la
libertad de expresión y de información, reconocido en el artículo 10 del
Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esta doctrina es vinculante en España por
virtud de lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Constitución Española.
Así, el Tribunal de Estrasburgo, en su Sentencia
de fecha 8/10/2019, ha declarado lo siguiente: “la recopilación previa de información es un paso preparatorio
esencial en el periodismo y es una parte inherente y protegida de la libertad
de prensa.
Los obstáculos generados para dificultar el acceso a la información de interés
público pueden disuadir a los que trabajan en los medios de comunicación o en
ámbitos que reivindican estos asuntos. Como consecuencia, es posible que ya no puedan
desempeñar su papel fundamental como “guardianes públicos”, y su capacidad para
facilitar información precisa y fiable puede verse afectada negativamente (…) El papel de “guardián” de los medios de comunicación adquiere
especial importancia en tales contextos, ya que su presencia es una garantía de
que las autoridades pueden rendir cuentas por sus conductas (…) el Tribunal está convencido de que el informe que el demandante
pretendía preparar se refería a una cuestión de interés público, donde había
poco margen para las restricciones a la libertad de expresión en virtud del artículo 10, apartado 2, del Convenio Europeo
de Derechos Humanos (…)”.
El 28/4/2020, veintisiete organizaciones, miembros de la Coalición Pro Acceso, pidieron al
Gobierno de España que garantice el ejercicio del derecho de acceso a la
información, después de que se hayan suspendido los plazos administrativos por
el estado de alarma, declarado el pasado 14 de marzo con motivo de la crisis
del coronavirus.
Obstáculos al acceso a la información
Entre esas veintisiete organizaciones, figuran colectivos que aglutinan a
muchos periodistas y medios de comunicación, los cuales han denunciado los
obstáculos que están padeciendo para dificultar el acceso a la información de
interés público: la Asociación de Prensa de Madrid, la Asociación de
Periodistas de Investigación, la Federación de Sindicatos de Periodistas, la
Plataforma en Defensa de la Libertad de Información y Reporteros Sin Fronteras.
En aras de garantizar que los ciudadanos ejerzan su derecho de acceso a la
información, desde la Coalición Pro Acceso solicitaron al Gobierno la necesidad
de adoptar, entre otras, las siguientes medidas, ninguna de las cuales ha sido
llevada a efecto:
-Modificar el
Real Decreto 463/2020, incluyendo el derecho de acceso a la información entre
las excepciones de suspensión de plazos administrativos;
-Instar a las
unidades de información de la Administración General del Estado, y mientras
dure el estado de alarma, a responder de forma prioritaria a todas aquellas
solicitudes relacionadas con la Covid-19. En base a lo establecido en el
apartado cuarto de la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto, que
permite la continuación de procedimientos administrativos relacionados con la
pandemia;
-Continuar, en
la medida de lo posible, con la tramitación de las solicitudes recibidas antes
o durante el estado de alarma no relacionadas con la pandemia, evitando que la
resolución se prolongue en el tiempo.
En definitiva, durante el estado de alarma declarado por la crisis del
Covid-19, los profesionales de los medios de comunicación, a pesar de haber
sido declarados como servicios esenciales por el Gobierno, no han podido
acceder con normalidad a la información pública para desempeñar su papel como
“guardianes públicos”, de manera que la libertad de prensa se ha visto
seriamente afectada al no poder realizar informes críticos y en profundidad al
servicio de la democracia.
Y, por último, es importante destacar que las dificultades para ejercer la
libertad de prensa, no solamente existen respecto a la Administración General
del Estado, sino también con la mayoría de las restantes entidades integrantes
del sector público (Comunidades Autónomas, Entidades Locales, etc.), las cuales
están dirigidas por partidos políticos de distintos colores e ideologías.
No hay comentarios:
Publicar un comentario