Por Francisco Pleite. Hay Derecho blog-Expansión.- La situación creada por la pandemia que asola España y gran
parte de los países de nuestro entorno, va a afectar a todos los ámbitos de la
sociedad, entre ellos la justicia. Esta situación va a suponer un hito en
nuestras vidas no solo a nivel personal, sino en la forma de relacionarnos con
los otros y de organizarnos. Nos tenemos que anticipar al futuro y estar
preparados. Es preciso adaptar el sistema judicial a las nuevas necesidades.
Los tribunales, ya de por si sobrecargados, se verán
afectados por el retraso acumulado por la paralización derivada del Estado de
alarma y por el, mas que previsible, aumento de la litigiosidad en todas las
jurisdicciones. Ya ocurrió con la crisis de 2008, aunque no es comparable, pues
esta parece mas profunda, igual que una ola el incremento de litigios se fue
expandiendo inicialmente desde los juzgados de lo mercantil a los otros órdenes
jurisdiccionales.
Pero, además de esto, la pandemia requerirá una modificación
de nuestros procedimientos y la forma de celebración de los juicios. En efecto,
según las previsiones durante al menos un año tendremos que “convivir” con la
amenaza del virus, hasta que se encuentre una vacuna y un tratamiento eficaz,
quien sabe si vendrán otras pandemias. En nuestro sistema judicial predominan
los procedimientos verbales, en las sedes judiciales se acumulan gran cantidad
de personas, abogados, procuradores, las partes, testigos, peritos, las
salas de vistas y las antesalas pequeñas, a veces abarrotadas, en estrechos
pasillos que no permiten el distanciamiento adecuado. Esto exige un
replanteamiento del sistema judicial, tanto a nivel organizativo como
procedimental. En vez de abatirnos esta crisis tiene que ser vista como una
oportunidad para reorganizar la justicia en la que todos debemos contribuir con
nuestro esfuerzo.
La Justicia europea
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea adoptó medidas
para continuar trabajando en esta situación de confinamiento. Se dictaron
disposiciones para que prosigan las actividades de los órganos jurisdiccionales
y de los servicios, con el fin de garantizar la continuidad del servicio
europeo de justicia en condiciones lo más aproximadas posible a las aplicables
en tiempo normal y necesariamente adaptadas a las circunstancias excepcionales.
Para ello se proporcionó equipamiento del personal en material informático que
permitiese el trabajo a distancia. Se otorgo prioridad a la tramitación de los
asuntos que presentan especial urgencia, la tramitación de los demás asuntos
sigue asimismo su curso. Se adoptaron diversas medidas, respetando las normas
de procedimiento aplicables, a fin de no interrumpir la tramitación de los
asuntos: resoluciones adoptadas mediante procedimiento escrito, preguntas
escritas dirigidas a las partes, organización específica de vistas de
pronunciamiento de sentencias y de lectura de conclusiones.
En España el CGPJ anunció la elaboración de un plan de
choque de cara a la reanudación de la actividad judicial tras el levantamiento
del estado de alarma, que tenía como principales objetivos evitar el colapso de
la Administración de Justicia y agilizar al máximo la resolución de todos
aquellos asuntos cuya demora pueda incidir más negativamente en la recuperación
económica y en la atención a los colectivos más vulnerables. Aun se desconoce
las medidas y cuando se podrán llevar a la práctica. El Gobierno aprobó un Real
Decreto Ley destinado a paliar el mas que previsible colapso en la justica,
cuya medida mas significativa consiste en abrir los juzgados en agosto y
celebrar juicios por las tardes, que ha sido recibido con la oposición de los
colegios de abogados, procuradores y graduados sociales, así como la mayoría de
las asociaciones judiciales.
La crisis puede suponer un impulso y obliga a acelerar los
cambios aplazados para avanzar en la reforma de la justicia. Para ello hay que
reflexionar sobre aquello que dificulta una justicia ágil y eficaz, además, de
adaptarse a las nuevas necesidades derivadas de la pandemia, tratando de
garantizar la seguridad de todo el personal de la administración de justicia y
de aquellos que acceden a las sedes judiciales.
En estos momentos se vuelve transcendental disponer de
material informático adecuado para trabajar a distancia, reducir la actividad
presencial en las sedes judiciales a lo imprescindible, potenciar el uso de
medios telemáticos y la digitalización de los expedientes. Establecer un plan de
prioridad en la tramitación de los asuntos que presentan especial urgencia por
afectar a los mas vulnerables y que tengan mayor repercusión económica, así
como continuar la tramitación de los demás asuntos según su curso. Desde el
punto de vista procedimental retornar, en la medida de lo posible, a los
procedimientos escritos, simplificando los trámites. Los señalamientos deberían
ser escalonados y espaciados en el tiempo, que no supongan acumulación de
personas en las salas de espera. Elaborar un plan de refuerzo de los órganos
judiciales sobrecargados para que no se genere un cuello de botella en la
resolución de los asuntos pendientes. Otro tema para reflexionar sería abordar
la coordinación y la uniformidad en todo el territorio en los medios personales
y materiales en la prestación de servicios para que no se produzcan
desigualdades, según se ha puesto de manifiesto con los diferentes criterios de
las Comunidades Autónomas de la aplicación del Estado de Alarma. En definitiva,
aunque parezca un tópico, hay que invertir en justicia para evitar que la
avalancha de asuntos que amenaza siga a la pandemia colapse nuestro sistema
judicial.
Es momento que todos los operadores implicados en la
administración de justicia escuchen, colaboren, aporten ideas constructivamente,
sin miedo al cambio, con el esfuerzo y entrega de todos se podrá salir de esta
situación con una justicia fortalecida y mas eficaz, que de respuesta adecuada
y en tiempo a la tutela judicial requerida por los ciudadanos en estos momentos
de cambio tan complicados y duros que estamos viviendo.
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