¿Y qué puedo hacer yo por Cataluña?

Slavenka Drakulić : “la gente solo entiende el precio real que se paga cuando ven las consecuencias con sus propios ojos, cuando ven esa sangre y esa destrucción. Y cuando ese momento llega es demasiado tarde porque la sangre lo cambia todo.”  

 Por Diego Álvarez Escudero . Hay Derecho blog.- Ante las noticias de violencia, las manifestaciones de odio y todo el ruido que acompaña la situación de Cataluña ¿Qué puede hacer un estudiante universitario de 20 años que, además de estudiar querría también cumplir con sus obligaciones de ciudadano?

Nada, a primera vista. La cuestión catalana es demasiado compleja, recurrente y está demasiado politizada como para que cualquiera de nosotros pueda influir en algo, y menos un joven alejado de la vida política. Sin embargo, quizás haya algo que  hacer , que solo depende de mí y que sin embargo puede tener efectos en lo que me rodea: evitar el odio y todo lo que me acerque a él.

Sí, el odio que trasluce el racismo y xenofobia de muchos independentistas, pero que en realidad no está tan lejos de ninguno de nosotros. Esa rabia que de repente surge en las conversaciones entre amigos, en los grupos de WhatsApp, en las cenas de familia, en resumen, en cada ocasión que tenemos oportunidad de hablar de política. Ese sentimiento que nos parece tan incomprensible en los que han atacado a la policía en Cataluña no está tan lejos del resto de españoles, señal de que la estrategia usada por los separatistas está funcionando. Como decía la escritura croata Slavenka Drakulic  en esta reciente entrevista, lo primero que necesita el nacionalismo es definir al enemigo. Para los separatistas el enemigo es España y su estrategia es que para el resto de los españoles los enemigos sean “los catalanes”.

Lenguaje nacionalista

Caer en ese lenguaje y sobre todo en ese sentimiento es una señal muy peligrosa: indica que no reconocemos en el catalán a una persona que pertenece a nuestra misma cultura, que comparte una serie de valores y que tiene unas señas de identidad comunes. Le vemos  como un extraño, como alguien en el que no se puede confiar, diferente a “nosotros”. Los políticos catalanes han conseguido no solo manipular la identidad de los catalanes antagonizándola a la española, sino enemistar también la identidad española y la catalana creando una fractura más profunda e infinitamente más peligrosa y compleja que una separación territorial. De hecho, este antagonismo por ambas partes y la escisión de identidades es el argumento ideal para conseguir la independencia: si los independentistas consiguen que el resto de los españoles sientan que Cataluña no es España el paso hacia la independencia está servido, y todo ello en perjuicio de todos los españoles, catalanes incluidos, pero muy especialmente de todos los catalanes que sí se sienten españoles. Caeríamos al mismo tiempo en el odio y la traición.

El movimiento secesionista ya está trayendo consecuencias nefastas a la economía española y a la catalana muy especialmente. La inestabilidad política daña las inversiones extranjeras, el comercio y el turismo. Esta situación, unida a la desaceleración económica que amenaza la economía mundial puede llevar al aumento de paro y nuevos recortes sociales. Es decir, a otra crisis económica que servirá sin duda a los que quieren fracturar el Estado al crear un círculo vicioso de resentimiento, violencia y pobreza. Por último, España pierde peso a nivel internacional, ya que el resto de los países ven la situación como un elemento de debilidad, de mala gestión e incluso a veces puede aparecer en el exterior como una violación de los derechos humanos, para lo que los secesionistas, por supuesto, no escatiman recursos, como tampoco lo hacen las potencias extranjeras interesadas en debilitar Europa.

Pero eso no es todo ni lo más grave. Drakulic nos advierte también que nunca estas fracturas no se producen sin violencia: “El principal obstáculo a una guerra es el psicológico. No puedes salir y empezar a matar a tus vecinos, españoles o catalanes, porque serías considerado un loco. Necesitas una justificación para empezar a matar, necesitas ser convencido de que estás haciendo lo correcto, de que estás defendiéndote de un enemigo diabólico que quiere hacerte daño.” Pero llegar a eso una vez definido el enemigo no es tan difícil: basta un loco, un error, un mal paso, y una vez que eso sucede, no hay vuelta atrás. La escritora nos advierte de que eso no parece real hasta que sucede: “la gente solo entiende el precio real que se paga cuando ven las consecuencias con sus propios ojos, cuando ven esa sangre y esa destrucción. Y cuando ese momento llega es demasiado tarde porque la sangre lo cambia todo.”  Estas últimas palabras (la sangre lo cambia todo) resuenan como una terrible amenaza. Como en clave de humor –muy- negro ha escrito Pérez-Reverte: “Sean del color que sean, todos los nacionalismos tienen muchas fosas en común”.

Idealmente la gestión de esta situación le corresponde al gobierno, que para eso elegimos democráticamente, pero está claro que hace tiempo que los gobiernos y partidos políticos dejaron de buscar el bien común de España para centrarse en el poder. Incluso después de las dramáticas situaciones que se están viviendo en Cataluña, el que podría ser el próximo ejecutivo sigue con la idea de pactar con unos partidos separatistas que no han cambiado su discurso contrario a la Ley.

Por eso quizás debamos empezar por una disciplina personal, que es la de evitar en nosotros las identidades exclusivas. Los ciudadanos, que no tenemos que ganar votos, formar Gobierno ni garantizar cargos a nuestros amigos, debemos ver a los catalanes -también a los secesionistas- como ciudadanos españoles que comparten los mismos problemas , cientos de años de historia y un gran abanico de tradiciones y valores. Todos nos necesitamos para mantener nuestra posición en una escena política, económica y social cada vez menos estable. Hay que privar al separatismo catalán de su baza más preciada, el odio. Hay que ayudar a Cataluña a salir de la espiral de emotividad y violencia y eso no solo pasa por aplicar las leyes y hacer respetar el orden, sino por nuestra actitud personal. Aunque parezca sencillo, el primer reto es seguir sintiendo que tanto Cataluña como los catalanes son parte de España. Solo la colaboración de todos en las cuestiones claves económicas y sociales nos permitirá seguir viviendo en una situación como la actual, la mejor de nuestra historia a pesar de sus dificultades.

Nacionalismo, federalismo y autonomía. Una aproximación taxonómica al concepto constitucional de nación (PARTE III)

   Por Marcos Peña. EsPúblico blog -                                   Vistos en las   partes  primera y segunda de este artículo los conceptos de nación y pueblo, procede, ahora, en esta tercera y última parte, abordar el paso de la nación cultural a la nación política y la fórmula del federalismo

III.- DE LA NACIÓN CULTURAL A LA NACIÓN POLÍTICA. UN CONCEPTO CONSTITUCIONAL EXCLUSIVO Y EXCLUYENTE. LA FEDERACIÓN COMO FORMA DE ORGANIZACIÓN DEL PODER PÚBLICO O COMO FÓRMULA DEL EJERCICIO DEL PODER PÚBLICO.

Fue la Revolución Francesa quien nos trajo la realidad de la nación política, a través de Enmanuel-Joseph Sieyés quien, en su celebérrima obra «Qu ‘estoce que le Tiers état?, tras interrogarse sobre qué es una nación, respondía: “«Un corps d’associés vivant sous une loi commune et représentés par la meme législature («Un cuerpo de asociados que viven bajo una ley común y representados por la misma legislatura”).

Algunos historiadores creen poder precisar cuándo fue la primera vez que el concepto de nación fue utilizado con esta idea-fuerza, en sentido político; y así, parece que tuvo lugar el 20 de septiembre de 1872, cuando los soldados de Kellermann, en lugar de gritar: “Viva el Rey”, gritaron: “Viva la nación”1.

La nación así entendida es un todo político que encuentra su sujeto jurídico en el Estado. De hecho, la unidad que se le exige a nuestro orden constitucional, lo toma de la única fuerza constituyente, la proveniente de la nación política española.

Si se ha de subrayar algún momento a partir del cual la nación española consciente de su unicidad y capacidad política, se constituye como sujeto constituyente sin fisuras, ese es en la Constitución de 1812, donde vino a reconocer que la Nación española era la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios y  la única residente de la soberanía (arts. 1 y 3).

No cabían y no caben dos sujetos constituyentes con la misma potencia en un mismo territorio. La titularidad de un poder político exclusivo, excluyente y único expulsa cualquier centro de poder que le haga competencia. La soberanía es única, la autonomía no.

Esta diferenciación entre soberanía y autonomía que goza de efectos jurídicos y políticos pero no filosóficos, fue ya puesto de manifiesto por el Tribunal Constitucional español el 2 de febrero de 1981, al considerar que: “Ante todo, resulta claro que la autonomía hace referencia a un poder limitado. En efecto, autonomía no es soberanía -y aún este poder tiene sus límites-, y dado que cada organización territorial dotada de autonomía es una parte del todo, en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de éste donde alcanza su verdadero sentido, como expresa el art. 2 de la Constitución.”.

Desde entonces, la unidad y unicidad de la nación política española ha encontrado una garantía institucional en el Tribunal Constitucional. Posiblemente, la sentencia que mayores efectos constitucionales provocó y que inició un claro movimiento secesionista de ruptura estatal, fue la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña de 2006, publicada en el BOE el 28 de junio de 2010.

En esta extensa sentencia, el Alto Tribunal de garantías constitucionales centrándose en la expresión “realidad nacional catalana” admitía «la defensa de concepciones ideológicas que, basadas en un determinado entendimiento de la realidad social, cultural y política, pretendan para una determinada colectividad la condición de comunidad nacional, incluso como principio desde el que procurar la conformación de una voluntad constitucionalmente legitimada para, mediando la oportuna e inexcusable reforma de la Constitución, traducir ese entendimiento en una realidad jurídica”. Así pues, «esa mención, por lo demás, en cuanto tiene de expresión de una circunstancia histórica, es en sí misma jurídicamente intrascendente, sin perjuicio de que, en cualquier contexto que no sea jurídico-constitucional, la autorrepresentación de una colectividad como una realidad nacional en el sentido ideológico, histórico o cultural, tenga plena cabida en el ordenamiento democrático como expresión de una idea perfectamente legítima».

En el Fundamento Jurídico número doce el Tribunal Constitucional concluía: «la nación que aquí importa es única y exclusivamente la nación en sentido jurídico-constitucional. Y en ese específico sentido la Constitución no conoce otra que la Nación española, con cuya mención arranca su preámbulo, en la que la Constitución se fundamenta (art. 2 CE) y con la que se cualifica expresamente la soberanía que, ejercida por el pueblo español como su único titular reconocido (art. 1.2), se ha manifestado como voluntad constituyente en los preceptos positivos de la Constitución Español”.

Lo que el juzgador constitucional vino a decir es que solo la nación española, como nación política y sujeto constituyente, es la relevante a efectos del orden constitucional. Sin embargo, el Alto Tribunal permitió la posibilidad de reconocer la nación política catalana mediante la oportuna reforma constitucional. No obstante y atendiendo a que la Constitución española se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, (art. 2 de CE) como única poseedora del derecho público a la soberanía, la alteración radical de ese basamento constitucional fundamental, exigiría un proceso agravado de revisión constitucional potenciado por nueva fuerza constituyente, de la que resultaría otro orden constitucional.

El orden constitucional, único y univoco, deriva de un solo sujeto constituyente. La unidad constitucional deviene de la unidad de la potestad constituyente; y ese poder único lo es porque deriva de un solo sujeto reconocido como soberano: la nación. Unidad social-Unidad política-Unidad Constituyente (pueblo, nación, Estado). El acto constituyente decide la forma y modo de la vida política cuya existencia es la unidad política del pueblo2. Por ello, si se reconociera otro sujeto político dentro del Estado, éste estaría fuera del orden constitucional pues, por una parte, la nación política es siempre sujeto constituyente y no objeto constituido, y por otra, al no partir de ella la acción positiva constituyente, el orden constitucional constituido le sería ajeno. Ninguna nación política está sometida a Constitución ajena.

Leon Duguit, padre del Derecho Público y creador de la doctrina privatista sobre “la función social de la propiedad”, vino a decir que: “siendo la soberanía una e indivisible, como la persona de la nación que de ella es titular, los mismos hombres y el mismo territorio no pueden estar sometidos más que a un solo poder público. Siendo la nación una persona y siendo su voluntad el poder político soberano, concentra en sí todo el poder, y no puede haber en el territorio nacional otros grupos que tengan parte alguna de la soberanía3.

Este concepto de poder político soberano propio de Bodino y caracterizado por Rosseau fue incorporado al texto constitucional francés de 1791, como único, indivisible, inalienable, e imprescriptible. Consagrándose que pertenece a la nación y que ninguna parte del pueblo ni ningún individuo puede atribuirse su ejercicio.

Por ello, advertirá Duguit, que es importante subrayar que el federalismo es la negación misma de la soberanía política del Estado. Esta forma de organización territorial se haya constituida esencialmente por el hecho de que en un territorio determinado no existe más que una sola nación, y sin embargo, en ese mismo territorio existen muchos Estados investidos, como tales, del poder público político soberano: un Estado central o federal, que es la nación misma hecha Estado, y los Estados miembros de la federación constituidos por colectividades locales.

Para salvar esta antinomia, algunos autores como Laband o Jellinek utilizaron el argumentario de los Estados no soberanos, indicando que en una federación de Estados el único Estado realmente soberano es el Estado central4.

Otros autores, como Carl Schmitt intentaron resolver el problema recurriendo a lo que denominó pacto constitucional5 mediante el cual las naciones políticas convenían en sujetarse al Estado central. Sin embargo, desde esta perspectiva quedaba sin resolverse qué nación constituía el sustrato básico del Estado federal central.

Carl Schmitt contempló dicha posibilidad desde la categoría del Derecho Internacional Público, como si de acuerdos internacionales entre Estados se tratara.

Sin embargo habría que decir, que parecen olvidar quienes defienden esta organización territorial estatal para España, que esta forma de Estado se produce necesariamente por una asociación previa de varios Estados que ya existen, los cuales se sujetan, ahora, al Estado central o Federal. Es decir, sin previos Estados no puede haber Estado Federal.

El Estado federal requiere un pactum unionis por parte de los Estados federados  y unpactum subjetionis al nuevo Estado federal central.

En este sentido, es importante resaltar que los movimientos nacionalistas españoles no son federalistas sino estatalistas. Pelean por un Estado nuevo, autónomo, separado del Estado español. No quieren estar sujetos a un Estado central-federal español. Su voluntad es estatalista, es decir, de creación de un nuevo sujeto político-administrativo. Por ello, sería conveniente corregir la terminología que se utiliza, pues no es nacionalismo sino estatalismo.

La federación que se ha presentado como alternativa mediante una acción descentralizadora no da respuesta al problema  de lo político, en términos schmittianos, expuesto con anterioridad. Pues las Comunidades Autónomas españolas ya gozan de poder político autonormativo, esto es, de poder de autoorganización institucional y de potestad legislativa, y sin embargo, no satisfacen las aspiraciones de los nacionalismos periféricos españoles.

Ahora bien, nada impide implementar formulas federativas que permitan una mayor coordinación, cooperación y solidaridad entre las entidades territoriales que integran el Estado. Pero no debe olvidarse lo expuesto con anterioridad, es decir, el necesario pacto de sujeción al Estado soberano único, que no es sino el Estado español. En caso contrario, se estaría haciendo una revisión constitucional encubierta, si no formal desde luego sí material.

Es necesario indicar a este respecto, que esta forma de estructurar el federalismo fue ya explicitada por uno de los Padres Fundadores de la patria norteamericana. James Medison en su escrito fundamental de 1787: Vices of the political system of United State6 vino a dejar claro las diferencias que existían entre un régimen federal y otro confederal, subrayando los problemas que esta forma de organización estatal conllevaba por el efecto centripeto de los Estados miembros. Partidario de un “Estado de Estados” expondría sus ideas frente a Hamilton dibujando un régimen federal equilibrado donde el gobierno central sería el competente no solo en aquellas materias al él atribuidas exclusivamente sino también a tenor de los principio de preferencia y supletoridad, en los casos de conflicto entre los Estados federales y el Estado central. Tales Principios han sido incorporados, más tarde, a textos constitucionales como el nuestro (Art. 149.3 de la CE).

El debate público en torno a si España es una nación de naciones, podría concluir si se preguntase, a qué clase de nación se refiere la pregunta, de acuerdo con la taxonomía indicada. Como se ha puesto de manifiesto, nada impide que distintas naciones étnicas, culturales e históricas convivan en un mismo territorio estatal. Este es el sentido material del término “nacionalidades” del artículo 2 de la Constitución de 19787, aunque el legislador constituyente lo utilizara junto al concepto de “región”, que como se sabe, es un término geográfico-administrativo.

Si a lo que se refiere la pregunta es a la nación política, ésta solo puede ser una, titular exclusivo y excluyente del derecho público soberano; sujeto constituyente, poseedor de la voluntad política colectiva cuya fuerza y autoridad es capaz de adoptar la concreta decisión del conjunto sobre el modo y forma de la existencia política del Estado, es decir, de la unidad política como un todo indivisible.

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Notas: 

1.- Cfr: WEILL, G. La Europa del siglo XIX y las ideas de Nacionalidad.. Traducción española de José López Pérez. Ed. UTEA, Mexico. 1961. Pag:2

2 .- Vid: SCHMITT, C. Ob. Cit. Pag 42.

3 .- Cfr : DUGUIT, L. Ob, cit. pag. 13.

4 .-Cfr: LABAND, P. Droit public de l´empire allemand”, Ed. fr. 1900, Tomo I, pag 5  y ss, puede leerse aquí https://archive.org/details/ledroitpublicdel02laba/page/12; y  JELLINEK, G: Allgemeine Staalslehere. 2ª Ed. 1905.pags 470 y ss. Puede leerse aquí: https://archive.org/details/allgemeinestaats00jelliala/page/470

5 .- Cfr: SCHMITT, C. Ob. Cit. Pag 78

6 .-Vid: ALEXANDERE HAMILTON, JAMES MEDISON, JHON JAY, El Federalista. Edición de Ramón Máiz. Akal/Básica de Bolsillo. 2015. pag 9.

7 .- La doctrina constitucional española (por ejemplo, JAVIER PÉREZ ROYO) lo ha utilizado como sinónimo de autonomía.

Democratización y exhibición de la identidad nacional española

"El proceso de sustitución del nacionalismo español tradicional por otro democrático ha sido más exitoso y consensual de lo que podría parecer a primera vista"

Por Ignacio Molina. Blog Agenda Pública.- Aún no sabemos si estas semanas convulsas serán consideradas en el futuro como parteaguas de nuestra historia reciente. El relato independentista desea subrayar el 1 de octubre como hito en la ruptura entre una gran parte de la sociedad catalana y la idea de España.

Sin embargo, los acontecimientos recientes han sido más complejos y en muchos casos nada favorecedores de la narrativa soberanista. No sólo la huida empresarial o el rechazo europeo e internacional a la secesión unilateral forman también parte de este otoño caliente, sino otros desarrollos políticos visibles en la masiva manifestación del 8 de octubre en Barcelona, la profusión de rojigualdas en los balcones, la audiencia televisiva del discurso del Rey, o la celebración este jueves del Día Nacional.

La bandera nacional

Al margen del impacto de todo esto sobre el procés, surge ahora otra pregunta de fondo interesante: ¿Hasta qué punto estamos asistiendo a un punto crítico que cambie la relación, hasta ahora más bien complicada, que tienen los españoles con su identidad nacional y sus símbolos?

Una investigación del politólogo Jordi Muñoz mostró hace pocos años que el proceso de sustitución del nacionalismo español tradicional por otro democrático ha sido más exitoso y consensual de lo que podría parecer a primera vista. Al margen de las diferencias lógicas entre el modo en que las distintas sensibilidades ideológicas interpretan la nación, la mayor parte de las élites y en torno al 80% de los ciudadanos han ido convergiendo en un patriotismo de adhesión a la Constitución de 1978 y los principios allí consagrados (lo que incluye el reconocimiento de la pluralidad territorial interna aun sin cuestionar el carácter unitario de España).

Al menos hasta 2012, la normalización de los símbolos españoles en determinados ámbitos había avanzado mucho. Piénsese en cómo la inmensa mayoría de los ciudadanos los acepta en las celebraciones deportivas o en las instituciones. No obstante, si bien solo sectores marginales rechazan la bandera en un ayuntamiento o en un éxito de la selección de fútbol, lo cierto es que su exposición en actos políticos y sociales ha seguido siendo muy limitada. El motivo es doble.

El primero está conectado con residuos de connotación negativa que la misma idea de España sigue despertando entre sectores de la izquierda e incluso liberales. No es algo excepcional pues otros países con pasado dictatorial -como Alemania, Italia o Japón- también han experimentado esa incomodidad y, por consiguiente, un uso público comedido de cualquier alarde patriótico. La segunda limitación tiene que ver con la existencia de fuertes identidades alternativas en varias comunidades autónomas que han estado además gobernadas casi ininterrumpidamente por partidos nacionalistas. Tampoco es una particularidad exclusiva de España pues otras democracias –como Bélgica, Canadá o Reino Unido- experimentan una contestación similar a sus símbolos en partes de su territorio.

Pero lo que sí es característico de España es que la debilidad sea doble (ideológica y periférica) y, sobre todo, que en los últimos años ambas se hayan intensificado por la aparición casi simultánea de dos fenómenos políticos que cuestionan radicalmente el lento proceso de reconciliación con la bandera, el himno o el Día Nacional. Por un lado, la aparición de Podemos y su renuncia a la transición democrática como mito fundante de una identidad nacional democrática. Por el otro, y en contraste con lo que últimamente pasa en el País Vasco, la pretensión del nacionalismo catalán de rechazar e incluso expulsar del espacio público cualquier elemento que represente España.

Desafío 

La intensificación del desafío soberanista ha provocado en las últimas semanas una evidente reacción en toda España. Para un gran segmento de la ciudadanía (incluyendo, desde luego, los núcleos urbanos de Cataluña) la situación les anima a dejar de reprimir públicamente un orgullo en el que se combina la reivindicación constitucional con elementos más culturales como el idioma español o la historia común. En la medida que el conflicto siga siendo intenso, esta tendencia puede aumentar y consolidarse en sectores de la sociedad (jóvenes y progresistas) que, tras 40 años de democracia, no entienden la estigmatización de los símbolos de España. Si ese fuera el caso, no deja de ser paradójico que el independentismo haya contribuido a culminar el proceso de hacer atractiva la identidad nacional española hasta el punto de animar a exhibirla como nunca antes se había hecho.