La precariedad de los empleados de la Administración muestra cuán frágil es la recuperación
Editorial El País. 22.8.2019.- La precariedad del empleo ha quedado también instalada en el
sector público. Más del 28% de los empleados públicos no dispone de estabilidad
laboral, frente al 10% a comienzos de 2013. En el sector privado es actualmente
del 25,9%.
En los trabajadores con menos de 40 años esa tasa de temporalidad
asciende al 55%, ampliándose a medida que se reduce la edad media, pero superan
el 93% si no tienen más de 20 años. Son datos demoledores los que aporta la
última encuesta de población activa del INE, que nublan cualquier valoración
favorable que intente hacerse del comportamiento de la economía española, de su
recuperación tras la crisis de 2008. Es cuando menos inquietante que servicios
como la sanidad o la educación en un país moderno estén amparados en ese tipo de
interinidad permanente.
De las consecuencias adversas de esa
manifiesta dualidad del mercado laboral español ya tenemos evidencias
suficientes. Es difícil que una sociedad avanzada pueda garantizar la mínima
cohesión social con una inseguridad en las condiciones de vida como la que
mantienen una proporción tan elevada de trabajadores. También es difícil
hacerlo con la eficiencia necesaria en el desempeño de las tareas propias de
esos empleados. Esos niveles de precariedad no se concilian con las necesidades
de las propias organizaciones que los emplean, no facilitan la formación
permanente de los trabajadores ni, en última instancia, la calidad de los
servicios que desempeñan.
Esas consideraciones deberían ser suficientes para asumir
como prioridad esencial para cualquier Gobierno la mejora de las condiciones de
empleo, pero se entiende menos que sean las Administraciones públicas las que
lideren ese empobrecimiento. En mayor medida cuando se verifica que esa
precariedad ha sido paralela a la reducción del número de funcionarios
estatales, hasta registrar el mínimo de la democracia.
Austeridad fiscal
Esta situación no ha sido tanto el resultado de reducciones
de las tareas públicas o de mejoras en su racionalización o automatización,
como las derivadas de la mal entendida austeridad fiscal que presidió la
gestión de la crisis, recortando partidas de gasto público de forma
indiscriminada. Las denominadas tasas de reposición, la sustitución de
funcionarios que se iban jubilando, cayeron a cero, en posiciones laborales que
seguían siendo necesarias, por eso se recurría al empleo de trabajadores con
contratos temporales. Una situación difícil de sostener, no solo por las
personas que asumen esa precariedad, suscribiendo contratos de forma continua,
sino por la propia estabilidad y calidad de la función pública. En áreas
particularmente sensibles, como la sanidad pública, dependiente de las
comunidades autónomas, la situación es inquietante, con un 37% de temporalidad,
pero también en la educación, donde se supera el 26%
Que no haya tenido apenas efectos el Pacto por la
consolidación del empleo público firmado por el Gobierno de Mariano Rajoy
y los sindicatos en 2017 no significa que deban desestimarse iniciativas
tendentes a reducir la temporalidad. En mayor medida si se tiene en cuenta la
edad relativamente elevada de los empleados públicos, determinantes de un ritmo
elevado de jubilaciones en los próximos años. Además de revisar el ritmo de
aplicación de ese acuerdo es necesaria su revisión y alcance. Tiene que ser una
de las principales prioridades cuando se disponga de nuevos Presupuestos.
