Santi Vila: El botín

"Muy lejos queda la vieja aspiración nacionalista o incluso de Ciudadanos cuando pregonaban, por ejemplo, que las diputaciones se tenían que suprimir. Debieron de querer decir que se tenían que eliminar si no las gobernaban ellos"

 Por Santi Vila. La Vanguardia.- La última disputa en el campo soberanista sobre el control de la Diputación de Barcelona ha puesto en evidencia uno de los problemas estructurales de nuestro sistema de organización del poder local, que, de hecho, también es extensible a las diversas cámaras y gobiernos autonómicos y del Estado. 

Me refiero al exceso de botín que repartir entre los ganadores en las elecciones que se convocan en España. Así, con tanto que recibir, parece inevitable que los partidos se destripen para intentar arañar el máximo de un pastel que, como pasa en Barcelona, puede suponer los 1.000 millones de euros entre cargos electos y de confianza. Muy lejos queda la vieja aspiración nacionalista o incluso de Ciudadanos cuando pregonaban, por ejemplo, que las diputaciones se tenían que suprimir. Debieron de querer decir que se tenían que eliminar si no las gobernaban ellos. Como queda muy lejos también la aspiración política del entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, cuando en el 2010 prometió una administración catalana más delgada, más ágil, más austera. 

La lotería del empleo público

En este sentido, recuerdo, por ejemplo, que cuando ERC se incorporó por primera vez al Govern, siendo ya presidente Carles Puigdemont, la primera medida que se aprobó fue ampliar en dos personas los cargos de confianza en cada conselleria, que entonces ya eran ocho por cada titular, dejando claro, además, que estos vendrían designados directamente por los partidos y no por los consellers que teóricamente teníamos que ser beneficiarios. Fieles a la mejor tradición latina, las convocatorias electorales son vividas por miles de familias como el gran momento/repartidor de nuevas oportunidades, que llueven del cielo, como la lotería de Navidad, de forma totalmente arbitraria: el uno coloca al hijo, el otro al yerno; todos, eso sí, en nombre de la defensa del interés general, el bien común, el advenimiento de la república o de otras perífrasis grandilocuentes.

Que nos pasen este tipo de cosas es francamente lamentable, en la medida en que lesionan la buena imagen de las instituciones y todavía más la honorabilidad de los partidos y de sus representantes. El mercado persa en que se han convertido las cámaras parlamentarias, también la catalana, tendría que constituir una espuela para la promoción de reformas. Los periodistas especializados que siguen las sesiones en el Parlament confiesan, conmovidos, la falta de preparación y de autoexigencia de unos diputados que, en general, en el mejor de los casos dominan el Twitter y leen el argumentario que les prepara la secta o el diario digital de su cuerda. Para poder/saber hacer eso, más de uno se pregunta si hace falta que sean 135. Sin más reformas, podríamos pasar con los poco más de un centenar que ya prevé el Estatut.

Ahora que parece que en Catalunya hay gente dispuesta a soñar un país nuevo, quizá de entrada nos podríamos conjurar para reanudar la agenda de adelgazamiento de la administración emprendida por Andreu Mas-Colell y dotarnos de pocos servidores públicos pero buenos; de hombres y mujeres bien retribuidos y con una carrera meritocrática en la enseñanza, como maestros y profesores; en la salud, como médicos, enfermeras o gestores; en la seguridad, como policías, bomberos y trabajadores sociales, y en la planificación ambiental, industrial, de comercio o de turismo o en el diseño y control de las infraestructuras básicas, como técnicos capacitados, reduciendo al mínimo la corte de servidores partidistas en torno a los consellers, grupos parlamentarios y otros verdaderos agujeros negros por donde se escurren a chorro los recursos públicos.

"Con tanto que recibir, parece inevitable que los partidos se destripen para intentar arañar el máximo del pastel"

Eso es compatible con reivindicar que los políticos tienen que estar bien retribuidos, que no parece razonable que consoliden su vocación de servidores públicos durante décadas o que ocupen responsabilidades directivas sin haber acreditado mínima experiencia o calificación para las tareas para las que son designados. Designar responsables portuarios que no han visto nunca el mar o directivos deportivos comodones y que sólo han jugado al dominó es un escarnio en toda regla a la bondad ciudadana, que raya el insulto a la democracia y que la acaba desacreditando, abonando el campo del populismo. 

Lo recordó Umberto Eco en su conferencia sobre el fascismo, dictada en la Universidad de Columbia, el 25 de abril de 1995, a pro­pósito de una reflexión de Roosevelt: “Si la democracia americana deja de progresar como fuerza viva, intentando mejorar cada día y noche con medios pacíficos las condiciones de nuestros ciudadanos, la fuerza del fascismo crecerá en nuestro país”. Es muy irresponsable enviar a nuestros conciu­dadanos la imagen de que su bienestar y ­progreso no interesan a nadie lo más mí­nimo, haciendo bueno aquel reproche que parece que a finales de los noventa se hizo en un mitin a Alfonso Guerra, cuando, después de ­haber afirmado rotundamente que las cosas habían mejorado... de entre el público salió una voz que dijo: ¡sí, seguro que sí, al menos en tu casa! O bien triste la recomendación de aquel dirigente republicano que tenía que cubrir una vacante de consellera: “¡Pon­gamos una rumana, y que sea bien pechu­gona!”.