"La Administración española necesita más que una reforma una pequeña revolución. Y se nos está acabando el tiempo"
Por Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado.- Hay Derecho Blog- Expansión- Nuestra Administración
Pública está en decadencia. En primer lugar porque tenemos una Administración
Pública muy envejecida: España es el tercer país de la OCDE con una plantilla
pública más envejecida, teniendo en cuenta Administración del Estado, CCAA y
Ayuntamientos. Y si miramos solo los datos de la Administración General del
Estado la situación aún es peor: el 65% de sus empleados públicos tiene más de
50 años. Esta situación basta por explicar por sí sola muchos de los problemas que tiene nuestra
Administración: falta de talento joven, espíritu innovador y excesivo peso de
inercias burocráticas junto con el predominio de una cultura anticuada,
corporativa y jerárquica.
Efectivamente, nuestras Administraciones Públicas se
configuran en los años 80 y 90 del siglo pasado, y ahí siguen estancadas. Desde
los sistemas de acceso a la función pública (que siguen basados en modelos
arcaicos de aprendizaje memorístico de contenidos) hasta el sistema de
retribuciones pasando por cualquier otro aspecto de la carrera profesional de
un empleado público todo sigue como estaba hace 30 o 40 años . Ninguna reforma
ha conseguido abrirse paso pese a que el diagnóstico es unánime: tenemos una
Administración anticuada y envejecida cuyos
profesionales demasiadas veces carecen de las competencias y habilidades necesarias para abordar los problemas de las
muy complejas sociedades del siglo XXI. Por poner un ejemplo, seguimos
reclutando auxiliares administrativos como si estuviéramos en 1980. En la
convocatoria de la oferta de empleo público de 2019 hay 1089 plazas para
administrativos del Estado y otras 872 plazas para auxiliares administrativos
del Estado. No está nada mal para una profesión a extinguir; es como si
estuviéramos reclutando profesionales de espaldas a la creciente digitalización
de nuestras sociedades en general y de nuestras Administraciones Públicas en
particular. Por supuesto, tampoco encontraremos en esta oferta de empleo plazas
de analistas de “big data” ni ningún otro perfil profesional que tenga
demasiado que ver con los retos del mundo que viene. No solo nuestros procesos
de selección son los mismos que hace 30 o 40 años; también seguimos reclutando
los mismos perfiles profesionales como si el tiempo se hubiera detenido.
El tiempo pasa
Pero el tiempo no se detiene. Y cada vez es más visible la
brecha entre los recursos humanos de que
disponen nuestras Administraciones y los enormes retos que se avecinan, desde
el invierno demográfico a la España vacía, por no mencionar la crisis climática,
la desigualdad o la precariedad. Por si
fuera poco nuestras Administraciones siguen estando enormemente politizadas,
con el déficit que supone el punto de vista del buen gobierno. Los jefes
políticos pueden condicionar la carrera
profesional de los funcionarios que deseen promocionar, que se ven abocados a
ganarse el favor del político de turno para aspirar a las vacantes más
codiciadas. La figura del directivo público profesional no se ha desarrollado
desde 1997 en que se aprobó en el Estatuto básico del empleado público.
Seguimos también arrastrando los pies en lo relativo a la cultura de
transparencia y a la rendición de
cuentas, de manera que siguen las resistencias a facilitar información pública
comprometida y a la asunción de responsabilidades. La evaluación de las
políticas públicas brilla por su ausencia, por lo que es fácil despilfarrar
miles de millones de euros. Ahí lo demuestra el reciente informe de la AIReF
(Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) denunciando que en España
se conceden más de 14.000 millones de subvenciones al año sin estrategia ni
control posterior, por lo que podemos tener la razonable certeza de que
derrochamos una gran cantidad de dinero público.
En cuanto a las retribuciones, un incentivo fundamental para
cualquier trabajador, bien puede hablarse sencillamente de caos. En un estudio
realizado por la Fundación Hay Derecho hace un par de años ya se ponía de
relieve que no existía ninguna lógica conocida en las retribuciones de los
altos cargos, de forma que un Ministro gana menos que su subalterno, el
Secretario de Estado y el Presidente del Gobierno menos que el presidente de
una empresa pública. Pues bien, algo parecido sucede con el resto de los
empleados públicos. Hay que repensar el sistema de raíz porque produce todo
tipo de incentivos perversos. Funcionarios con grandes responsabilidades
perciben retribuciones claramente insuficientes, en términos de mercado, mientras que un gran número de empleados
públicos sin grandes tareas o responsabilidades perciben retribuciones mucho
más elevadas que las que les corresponderían por trabajos equivalentes en el
sector privado. La conclusión es fácil; abandonan el sector público los
funcionarios muy cualificados pero nunca lo hacen los poco cualificados.
De hecho, las retribuciones públicas en España son, de
media, muy superiores a las privadas; eliminando los sesgos introducidos por la
cualificación profesional y los años de servicio llegan a ser hasta un 20%
superiores, según un informe reciente de la Comisión Europea. Las explicaciones
del desbarajuste retributivo son muchas, pudiendo mencionarse desde las
inercias, las razones históricas hasta la falta de una estrategia retributiva o
el gran peso de los sindicatos en los escalones inferiores de la función
pública. Si a esto se le une la discrecionalidad -cuando no directamente la
arbitrariedad- en la provisión de algunos puestos de trabajo muy bien retribuidos (típicamente lo son los
puestos de trabajo fuera de España) y la frecuente falta de criterios objetivos
en el reparto de las retribuciones variables (la denominada productividad)
tenemos servido el clientelismo que tantos estragos hace en nuestras
Administraciones. La lógica del sistema
es fomentar no la lealtad institucional sino la lealtad al jefe político o al
partido que puede favorecer la carrera profesional lo que, en definitiva,
supone la sumisión del funcionariado al poder político.
En definitiva, la Administración española necesita más que
una reforma una pequeña revolución. Y se nos está acabando el tiempo.
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