El País publicó
un artículo, el 1 de enero de 2015, para celebrar el nuevo año, en el que
decía: «Por alguna razón, las cifras redondas que empiezan por 4 suelen ser
inexactas: 40.000 coches oficiales en España; 400.000 prostitutas; 400.000
desahucios; 40.000 inmigrantes esperando a saltar la valla de Melilla; 445.000
políticos. Es un misterio por qué el cuatro sale tantas veces en datos falsos.
Quizá porque es un número ni demasiado bajo, ni demasiado alto. O quizá por las
propiedades de solidez y rigor que le atribuye tradicionalmente la numerología.
En cualquier caso, si se quiere colar un bulo estadístico en Internet,
colóquese un 4 y una buena ristra de ceros detrás». Todos estos datos son
totalmente incorrectos salvo en el caso de los desahucios en que la realidad
parece que va alcanzando la ficción de las cifras mágicas. Si existe en nuestro
país este baile de cifras ¿cómo no va a ser problemático intentar medir con
cierta solvencia el impacto económico de la corrupción en España cuando la
metodología solo puede ser de percepción o estimativa en base a otros datos más
directos?
Amiguismo
El fenómeno de la corrupción en España ya ha saltado sus
fronteras y en abril de 2015 The Economist se hizo eco del mismo
haciendo referencia a que el “amiguismo” de los políticos era ni más ni menos
que el culpable de la crisis económica. Hay datos inquietantes que lo abalan:
una investigación reciente de la Universidad Libre de Bruselas constató que de 1995 a 2007 (los años de la
mágica bonanza económica) la economía española crecía a un ritmo del 3,5%
anual, pero la productividad bajaba a un ritmo del 0,7%, elemento que se puede
entender como multicausal (desde baja productividad, a la inflación, la
política monetaria, etc.). Sin embargo, el elemento crítico y sorprendente es
que esta investigación detectó que las empresas menos productivas crecían más
que las productivas. Las empresas que crecían y eran cada vez menos productivas
eran precisamente las que trabajaban para las administraciones públicas que,
además, eran las que recibían más préstamos de las entidades financieras.
Este debate sobre el impacto económico de la corrupción es
relevante, ya que es un tema crítico que amenaza a nuestro precario modelo de
Estado del bienestar en la misma línea de flotación. En este sentido, la
Universidad de Las Palmas llevó a cabo en el año 2013 un estudio cuantitativo y
cualitativo que concluyó que el impacto económico de la corrupción es de 39.500
millones de euros. Los resultados de este estudio no han estado tampoco exentos
de críticas.
Para obtener cifras más completas lo más conveniente es
analizar los dos grandes focos de la corrupción: los contratos públicos «sobre
precios» injustificados y la evasión fiscal. De esta forma, se
pueden medir los dos focos más relevantes de las finanzas públicas: uno sobre
los outputs o el gasto y otro sobre los inputs o los
ingresos (o la falta de los mismos). El dato más espectacular de los que he
consultado lo aporta la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC), que en un informe de principios de 2015 considera que la factura de la
corrupción en la contratación pública es de 48.000 millones de euros anuales.
Esta cantidad sideral de millones de euros equivale al 4,5 del PIB. En
todo caso, decir que esta enorme cantidad está vinculada directamente con la
corrupción es una licencia del lenguaje, ya que es la cantidad que se pierde
por unos deficientes mecanismos de contratación pública y por la falta de
competencia en determinados mercados de servicios públicos.
Falta de competencia
Claro que el
estudio también afirma que «la falta clamorosa de competencia es una de las
condiciones necesarias que conduce a la corrupción», o a la inversa: «cuando
hay corrupción siempre existe falta de competencia». El mapa que elabora
este informe es que la contratación pública alcanza el 18,5% del PIB (194.000
millones anuales) y que se paga un sobrecoste injustificado en estos contratos
del 25%, lo que da como resultado los 48.000 millones que representan tres
décimas más del déficit público comprometido con la Unión Europea para el
presente ejercicio presupuestario (4,2%). Eso significa, ni más ni menos, que
si las administraciones públicas hubieran contratado bien a nivel técnico
y sin derivas corruptas, España no tendría que haber acometido apenas ningún
recorte en los servicios públicos por culpa de la crisis económica. Otra cosa
distinta es la evasión fiscal de empresas y profesionales. Los técnicos del
Ministerio de Hacienda (Gestha) estimaron en 2013 que España dejaba de ingresar
79.000 millones de euros al año en impuestos en comparación con la media
ponderada de los países de la UE-27, especialmente por lo que no se recauda,
debido al fraude, la evasión fiscal, la recaudación en el Impuesto del IVA y en
el de IRPF. En un comunicado, Gestha explica que la recaudación por IVA aportó
18.653 millones anuales menos a las arcas públicas españolas que en el resto de
Europa, un fenómeno que se entiende por el escaso rendimiento de este impuesto
sobre el consumo, que solo logra recaudar 9,7 euros por cada 100 que se gastan,
frente a los 12,3 euros de media del conjunto de países europeos. Estas cifras
sitúan a España en el último lugar del ranking recaudatorio del IVA, pese a que
las dos subidas aprobadas en 2010 y 2012 acercan al país a la media europea de
tipos nominales.
Si sumamos la cantidad derivada de la evasión fiscal con el
sobrecoste de los contratos públicos llegamos a la cifra de un déficit para las
arcas públicas de 127.000 millones de euros, que equivale al 12% del PIB actual
de España. Los datos son mareantes y, desgraciadamente, es incontestable que en
España la corrupción social y política es el principal lastre para su
desarrollo económico, sostenibilidad del sistema público y mantenimiento de una
Estado del bienestar. De esta manera se puede decir que la corrupción es la
lacra que está fulminando a la clase media española asalariada, que percibe
como paga unos impuestos de los más elevados de Europa (con un marginal que
superaba el 50% hasta mediados de 2015) y que recibe unos servicios públicos
cada vez más limitados y de peor calidad que la obliga a sobrecostes de mutuas
sanitarias privadas, planes de pensiones, etc.
Este déficit fiscal guarda mucha relación, en cuanto a las
arcas públicas, con el gran tamaño de la economía sumergida y la economía
delictiva en España.
Economía sumergida vs delictiva
Definir la economía sumergida y la economía delictiva es
difícil y hay una disparidad de datos que, en todo caso, reflejan la intensidad
de este fenómeno en España en comparación con la media europea. Guillermo de la
Dehesa (El País, 21 de septiembre de 2014) hace el siguiente acopio de datos:
los estudios recientes sobre el tamaño de la economía sumergida, en 2012,
muestran porcentajes bastante dispares: según Schneider (2013), alcanzaba el
19% del PIB; según la Fundación de Estudios Financieros (FEF, 2013), el 19,2%
del PIB; según el Gestha (2013) el 25,6% del PIB y según Santos Ruesga y
Domingo Carbajo (2013) el 28% del PIB.
Estos porcentajes son todos superiores a
la media de la UE, (18,9% del PIB) y muy superiores a los de otros grandes
miembros del área Euro como Francia (11%) y Alemania (13,7%), salvo en Italia,
donde alcanza el 24,3% del PIB. Esto explica parcialmente que, en 2012, la
recaudación por IVA en España alcanzase menos del 5% del PIB frente al 7% de
media en la UE y la recaudación de los impuestos indirectos alcanzase el 10,1%
del PIB frente al 13,6% de la UE. La reciente encuesta europea de Eurobarómetro
(2014) estima que el trabajo en negro en España podría alcanzar al
33% de todos los trabajadores. Finalmente, otor inicador de corrupción y
economía sumergida es que2007, en plena burbuja inmobiliaria y de la
construcción, circulaban en España el 36% de todos los billetes de 200 y de 500
euros del área del euro, cuando el PIB de España era sólo el 11,9% del total
del área.
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