"La recaudación récord nos aleja, afortunadamente, de una crisis fiscal como la que tuvimos a partir de 2008, pero no ha resuelto, desgraciadamente, todos los problemas de la Hacienda Pública"
Revista de prensa. Francisco de la Torre. El Economista.com. Los españoles pagamos, el pasado 2021, 470.937 millones de euros en impuestos y cotizaciones sociales según la Agencia Estadística Europea Eurostat. Esto supone el 39% del PIB y es el récord no sólo absoluto de recaudación de impuestos y cotizaciones, sino también de presión fiscal, índice que mide este total recaudatorio dividido entre el producto interior bruto. El anterior récord de presión fiscal lo tuvimos en 2020, aunque en el año de la Pandemia recaudamos mucho menos que en 2019 o en 2007, pero la caída de la economía española, que es lo que mide el PIB, fue superior a la caída recaudatoria.
La primera cuestión que uno se plantea cuando ve una recaudación fiscal récord es si han subido los impuestos. La realidad es que, aunque, por ejemplo, se crearon dos nuevos impuestos, las denominadas tasas Google y Tobin, su recaudación fue de 166 y 296 millones de euros respectivamente, mientras que el aumento recaudatorio de impuestos y cotizaciones en 2021 fue de 49.500 millones de euros. Aumento que tampoco se explica por la subida a los tramos más elevados del IRPF, cuyo impacto estimado fue de 131 millones de euros, según la Agencia Tributaria. En términos generales, hubo ligeros aumentos de impuestos, como los que hemos visto, y también reducciones, como en el IVA y en otros impuestos que gravan el consumo y la producción eléctrica. El resultado fue más o menos neutro y no explica el enorme incremento de la presión fiscal.
Un factor más relevante es la recuperación económica. El aumento del PIB, respecto a un ejercicio tan catastrófico como 2020, se tradujo, también en una mejora recaudatoria. De todas formas, el índice de presión fiscal pasó del 37,3% del PIB al 39%, por lo que la recaudación aumentó más que la actividad económica. Quizás el PIB no haya captado toda la recuperación económica que se ha producido, y, de hecho, este indicador, que no deja de ser una estimación, se sigue ajustando años después, incluso en situaciones mucho menos complejas y dramáticas que las que hemos vivido en estos últimos años.
No hace falta ser inspector de Hacienda para ser consciente de que los cobros controlados se declaran más y mejor que los opacos, aunque yo lo he podido comprobar en alguna inspección que he realizado. Hay varias razones que explican que se pague mucho más con tarjeta, como las medidas sanitarias de la Pandemia, la reducción del coste tecnológico y de las comisiones bancarias, o también la limitación de los pagos en efectivo realizado por las dos leyes anti-fraude de 2012 y 2021. En cualquier caso, los efectos de este cambio social, y de otros complementarios, como las ayudas públicas como los ERTEs, para las que era necesario estar dado de alta, han sido probablemente muy relevantes para reducir la economía sumergida.
No sólo eso, sino que empresarios dados de alta, muy probablemente, hayan declarado más ventas que antes. Por otra parte, en 2020 y 2021 se realizaron muchas más ventas a través de Internet, que casi por definición se pagan con tarjeta, y que, en consecuencia, también están mucho más controladas. No todo esto es completamente positivo, porque también ha habido destrucción de economía sumergida y su sustitución por economía oficial. Por otra parte, probablemente se han sustituido ventas de autónomos, que a veces tributaban en módulos, es decir que vendiesen lo que vendiesen declaraban lo mismo, por ventas de empresas grandes. Esto puede acabar dando problemas en cuestiones de competencia, pero aumenta la recaudación tributaria, y también, incluso, las cotizaciones sociales, ya que se sustituye empleo autónomo, que en un 90% cotiza por la cuota mínima, por empleo asalariado.
La recaudación de impuestos y cotizaciones sociales continúa creciendo en lo que llevamos de 2022 lo que nos debería llevar a otro récord de presión fiscal. Sin embargo, como señalaba el reciente premio José Echegaray de elEconomista, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, habría que ser extraordinariamente prudente con la política fiscal, entre otras cuestiones para que no interfiera con la política monetaria anti-inflacionista, obligando a subir aún más los tipos de interés.
Por otra parte, en 2007 tuvimos una presión fiscal parecida, pero entonces teníamos superávit de cerca del 2%, y este año pasado tuvimos un déficit del 6,87% del PIB. Además, aunque parte del incremento de los ingresos públicos sea estructural, habrá partidas de gasto que, inevitablemente irán creciendo. Por ejemplo, el gasto en pensiones irá creciendo tanto porque las pensiones de los que se incorporan al sistema son, de media, superiores a las de los fallecidos. Además, afortunadamente, aumenta la esperanza de vida, y con ella el tiempo que los pensionistas disfrutan de su pensión. También el gasto en sanidad, el segundo en importancia tras las pensiones se irá inevitablemente incrementando a medida que la población envejece. Otra partida de gasto que se irá incrementando son los intereses de la deuda, a medida que se normaliza la política monetaria del BCE para luchar contra la inflación, pero de esas cuestiones hablaremos otro día. La recaudación récord nos aleja, afortunadamente, de una crisis fiscal como la que tuvimos a partir de 2008, pero no ha resuelto, desgraciadamente, todos los problemas de la Hacienda Pública.
