Por José R. Chaves.- delaJusticia.com- Con esa mala costumbre que tengo de consultar diariamente el BOE, pongo a prueba mi temple. Ahora que el Boletín Oficial del Estado es electrónico ya no importa que se publique lo divino y lo humano en avalancha, porque da igual: lo electrónico no tiene límite de capacidad ni almacenamiento (por cierto, alguien me dijo, pero no sé si es cierto, que se imprime oficialmente cada día un solo ejemplar en papel del BOE para su archivo y custodia, como testimonio tangible futuro)
Pues bien, ayer me enteré de que se publicaba la Ley 4/2025, de 11 de julio, de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa de Castilla-La Mancha, que no dudo será una buena ley, pero de entrada comienza con un plúmbeo Preámbulo y sigue hasta la página 11 en que arranca el articulado, momento en que la «economía personal» y una extraña somnolencia me llevó a no seguir leyendo. Antes de desplomarme, me vinieron a la mente algunas reflexiones, quizá tan lapidarias como superficiales, pero no dejan de ser cavilaciones actuales y quise compartirlas:
1º ¿Habrá tantas leyes de «simplificación administrativa» como Comunidades Autónomas?
2º ¿Cuántos ayuntamientos y Organismos públicos adoptarán sus propios reglamentos de simplificación?
3º Llevo tanta décadas en esto de lo administrativo que ya he vivido la «modernización» y varias «simplificaciones», pero lo de «Agilización» tiene canto. ¿No sería mejor para «agilizar» realmente los procedimientos el «desmantelar» de trámites inútiles la aprobación de reglamentos, planes, licencias, subvenciones y etcétera?,
4º ¿Ayuda a simplificar y agilizar, el imponer en los procedimientos mas típicos eso de los informes transversales, colaterales y fantasmales? Me refiero a que, por ejemplo, si se trata de aprobar una Ordenanza local sobre cementerios debe incorporarse un informe de impacto de género, uno de impacto medioambiental, otro sobre familias numerosas, otro sobre las zonas inundables próximas, otro sobre impacto energético, otro sobre su impacto visual desde la carretera, otro sobre la contaminación por las incineraciones, y además debería acompañarse una memoria económica que es distinta del informe de sostenibilidad, y como no, varios informes jurídicos…. Se trata de ver si entre todos logramos que no se apruebe o no sea recognoscible. Me recordó aquello del Conde de Romanones cuando le presentaron un borrador de reglamento y lo devolvió airado exclamando:» No vale, que todavía se entiende». Por cierto, el mismo Romanones decía, «Hagan ustedes las leyes y yo los reglamentos»; me temo que hoy diría: «Hagan muchas leyes que yo ni intento hacer los reglamentos».
5º¿No sería mejor para «agilizar» y «simplificar», el reducir la duración de los plazos de tramitar y resolver, que se cuentan por meses o quincenas, los mismos lapsos que usaba la vieja Ley de Procedimiento de 1958, pese a que lo electrónico facilita la rapidez?, ¿o es que los plazos breves solo juegan contra el ciudadano bajo la sombra de la caducidad o prescripción, pero para la administración solamente bajo ese cachetito de la sombra del silencio administrativo positivo -excepcionalísimo, por cierto?
6º¿ Se simplifican los trámites imponiendo el trámite de la «cita previa» que además supone una lucha de un sector de la población para hablar con alguien con rostro y oído?
En definitiva, creo que la mejor simplificación de trámites es «suprimir» realmente trámites; la mejor manera de «agilizar» es que la Administración no sea una desconfiada, deje de ser el doctor «no», o el gran recaudador; y la mejor manera de «digitalizar» es hacerlo con intensidad pero sin que los tropezones y adaptación los pague el pobre ciudadano.
En suma, por aplicar la «simplificación», en vez de inundarnos de los miles de palabras que usan las leyes de simplificación, bastaría con tomarse en serio eso de la «Buena Administración» que todos sabemos lo que es, menos la propia concernida, la Administración.
Añoro la claridad de la Constitución de 1812 cuyo artículo 6 disponía como obligación de los españoles ser «justos y benéficos», y que debería extender dicho mandato a la Administración siendo «justa y benéfica», pero me temo que entre leyes, decretos y reglamentos, y jurisprudencia (entre picos, palas y azadones) desaguisados… montones.
Se ve que hoy no estoy muy optimista. Lo siento. Y eso que mañana viernes 26 de octubre, a las 11:00 tengo que hablar a la juventud y curiosos en la Sala de Vistas de la Universidad de Granada sobre «Lo que la Facultad de Derecho no enseña»… Me temo que será difícil encerrar en una hora lo que se aprende con «sangre, sudor y lágrimas» en una vida al servicio del Derecho.
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