Lecturas. Novedad editorial. INAP. Nuevos tiempos para la Función Publica
Una enmienda transaccional pactada del proyecto del Ley de
Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobada este miércoles por el Congreso
de los Diputados da marcha atrás con una prohibición incluida en el borrador
del proyecto que impedía que los trabajadores afectados por procesos de
remunicipalización de los servicios públicos pudieran ser contratados por la
Administración Pública.
En virtud de la enmienda pactada por PP y PSOE de la que se
hace eco Europa Press, Hacienda finalmente incluye una disposición que elimina
el impedimento para que los empleados de una concesionaria cuyos servicios
vuelven a ser competencia de la Administración puedan reincorporarse a su
puesto como empleados públicos.
La supresión de organismos públicos autonómicos y locales
fruto de los recortes durante la crisis económica ha provocado que muchos de
estos trabajadores fijos que hubieran sido destinados en los mismos se
incorporaran a la administración matriz. La prohibición amenazaba estas
incorporaciones en sociedades que estuvieran amenazadas por el cierre o en
procesos de liquidación. La redacción original suponía de un lado, que los
entes locales tuvieran que afrontar despidos colectivos o dejar en la estacada
a estos empleados. De otro lado, que el servicio municipalizado tendría que ser
atendido con los efectivos públicos preexistentes y propios, mayoritariamente
funcionarios públicos, o sea, mayor trabajo para unas plantillas sobrecargadas
y presupuestos restrictivos.
El ministerio de Hacienda y Función Pública ha aceptado
flexibilizar esta prohibición, con lo que estos trabajadores de empresas
públicas, fundaciones y consorcios podrán integrarse en la Administración
cuando estos servicios sean nacionalizados o remunicipalizados, en el caso de
las entidades locales.
Lo que modifica Hacienda, concretamente, es la disposición
27 que contemplaba el borrador de los PGE, la cual impedía que los los
trabajadores de estas empresas concesionarias que prestaban estos servicios
públicos pudieran ser contratados por la administración.
Trabajadores de nuevo ingreso
Además, dicho texto contemplaba que los trabajadores que
forzosamente debieran incorporar a la administración en cumplimiento de
sentencias judiciales o "previa tramitación de un procedimiento que
garantice los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad"
-esto es, a través de un proceso de selección abierto-, se computasen
como "personal de nuevo ingreso en el cómputo de la tasa de reposición de
efectivos", con lo que la capacidad de los entes locales de incorporar
nuevos trabajadores se recortaba ante la herencia de estos colectivos por
fuerza de sentencias o procedimientos de consolidación.
La enmienda aprobada por el Congreso establece ahora que
este tipo de incorporaciones "no se contabilizarán como personal de nuevo
ingreso del cómputo de la tasa de reposición de efectivos".
La enmienda también incluye una nueva disposición para que
la prohibición de incorporar a personal laboral fijo de empresas públicas,
fundaciones y consorcios no se aplique al personal que se incorpore en procesos
de remunicipalización que ya hayan sido aprobados a través de normas con rango
de ley, siempre que éste personal haya sido seleccionado en un proceso de
contratación abierto y meritocrático.
En otra modificación a las restricciones para contratar
personal en las fundaciones del sector público "se excluye la aplicación
de las limitaciones para contratar personal, funcionario o laboral, cuando éste
cuente con un contrato fijo e indefinido, protegiendo los derechos
correspondientes por la antigüedad del mismo".
A las fundaciones y consorcios participados mayoritariamente
por las administraciones y organismos del sector público se les autoriza además
a poder contratar personal propio de carácter indefinido con un límite del 50%
de su tasa de reposición.
En definitiva, se pretende facilitar un balón de oxígeno a
los entes locales para que puedan incrementar sutilmente las plantillas ante
los vientos esperanzadores de recuperación de la crisis económica.
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