El Ayuntamiento de Barcelona promueve la inclusión de criterios sociales y ambientales en la contratación pública

Colau debatirá estos criterios con el sector empresarial, entidades y asociaciones ciudadanas para después aprobar un decreto municipal de contratación social y medioambiental

Revista de prensa. EP. Tras detallar que el Ayuntamiento destina anualmente unos 590 millones de euros a empresas para proveer servicios y bienes, Pisarello ha apostado  por "hacer de la contratación pública una herramienta esencial para lograr un pacto social y ambiental" que favorezca a las pymes, a los autónomos y a la economía cooperativa, social y solidaria, y que pueda ser un referente en Catalunya, España y Europa, ha dicho.

Ha resaltado que los procesos de pública concurrencia a menudo favorecen a unas pocas grandes corporaciones, y ha avisado de que su objetivo con estas guías de contratación pública social y ambiental pasa por "romper con estos oligopolios" y que la capacidad de contratación del Ayuntamiento llegue también a pymes, autónomos y la economía social y solidaria, por lo que se plantean subdividir contratos en lotes para favorecerlo.

Sueldos dignos

Badía ha explicado que las guías prevén potenciar estas economías incorporando la obligatoriedad, según la tipología del contrato, de subcontratar alguna parte a una empresa de la economía cooperativa, social y solidaria, tras lo que ha dicho que las guías también abogan por reducir la valoración del precio en los concursos para evitar "bajadas temerarias que afectan negativamente los sueldos de los trabajadores".

También se incorporará como criterio de adjudicación que la empresa ofrezca una La impresionante retribución salarial superior a la establecida en el convenio colectivo a los trabajadores que ejecutan el contrato para fomentar la contratación con sueldos dignos, y se valorará como criterio la estabilidad laboral del personal de la plantilla de la empresa que ejecute el contrato.

El Gobierno de Colau prevé hacer un incremento de hasta 8,5 millones de reserva del presupuesto para este año destinada a la contratación de centros de inserción laboral de personas con discapacidad, empresas de inserción sociolaboral y entidades sin ánimo de lucro que trabajen por la incorporación de personas en riesgo de exclusión social en el mercado laboral.

Badía ha explicado que las guías de contratación proponen como obligación contractual pactada entre las partes que, si el contratista del Ayuntamiento no paga a tiempo a subcontratistas y se dan casos de morosidad, el consistorio pueda pagar al subcontratista para proteger a pymes, autónomos y entidades de economía cooperativa, social y solidaria.

El Ayuntamiento también prevé crear una etiqueta municipal como reconocimiento público para las empresas que demuestren que cumplen con estos requisitos dentro de un modelo de negocio con responsabilidad social, y estas pasarán a formar parte de un registro municipal de empresas y podrían tener ventajas en la contratación y una reducción en los trámites, ha explicado el gerente de Presidencia y Economía, Jordi Ayala.

Compra ética

Además, propone avanzar hacia la compra pública ética, con cláusulas obligatorias por las que los bienes y servicios del contrato deberán ser producida  respetando las normas sociolaborales vigentes en España y en la UE y aprobadas por la Organización Mundial del 

Trabajo (OIT), y pudiendo establecer como criterio de adjudicación o condición de ejecución 
que el origen de los productos y de sus elementos provengan del comercio justo.

Preguntado por los periodistas sobre contratos que vencerán pronto y se deberán convocar, Pisarello ha explicado que, en materia de telefonía, cuentan con un nuevo contrato en el que ya se aplican diversas cláusulas sociales, a lo que Badía ha añadido que el próximo año se deberá renovar también el contrato del Bicing.

Pisarello ha destacado que apuestan por garantizar la máxima transparencia y concurrencia en la contratación pública, algo que ha resaltado que también han hecho prohibiendo que ningún contratista del Ayuntamiento tenga relación económica o financiera ilegal con paraísos fiscales, elaborando la memoria de contratación social y limitando la contratación directa sin publicidad.

El Gobierno de Colau debatirá estos criterios con el sector empresarial, entidades y asociaciones ciudadanas para después aprobar un decreto municipal de contratación social y medioambiental que sustituirá el actual -vigente desde noviembre de 2013-, ante lo que Badía ha resaltado que confían en cerrar los criterios entre junio y julio.

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