El debate sobre la supresión o no de las diputaciones se abordará durante la próxima legislatura.
Revista de prensa. Diario El Mundo.- Las Diputaciones están
en la picota. Estas entidades locales son objeto de debate político después de
que Ciudadanos y PSOE apostaran
por su supresión en su acuerdo de Gobierno, Podemos también
promueva su supresión y sólo el PP defiende su
continuidad. En 2015 costaron un total de 6.358 millones de euros. Un informe
de la fundación '¿Hay Derecho?' radiografía estas
administraciones para abrir "un debate racional y sosegado sobre la
conveniencia de mantener o suprimir estas entidades". Este examen permite
concluir que las 38 diputaciones han creado un total de 116 entes para
descentralizar la gestión de sus servicios locales. Asimismo, participan en un
total de 282 consorcios.
La Base de datos General de Entidades Locales (BDGEL) del
Ministerio de Hacienda recoge un total de 116 entes, con personalidad jurídica
propia, creados por las diputaciones. Entre ellas, destacan la Diputación de Córdoba, con 10 entes dependientes; Granada, con siete, o Sevilla y Barcelona,
con seis. Según se desprende de la legislación, en materia de Régimen Local,
las Entidades Locales (las diputaciones entre ellas) pueden organizar con gran
libertad la gestión de los servicios que prestan, "bien creando dentro de
su administración general los órganos necesarios al efecto, o bien creando
Entes públicos que -teóricamente al menos- deben facilitar la mejor gestión y
especialización de los servicios prestados de acuerdo con el principio de
descentralización".
Pero ahí no termina el
entramado que gira en torno a las diputaciones. Éstas pueden constituir
consorcios con otras Administraciones públicas para fines de interés común o
con entidades privadas sin ánimo de lucro que persigan fines de interés
público, concurrentes con los de las Administraciones públicas, según plasma el
estudio de '¿Hay Derecho?' Pues
bien, las 38 diputaciones participan en un total de 282 consorcios (en algunos
casos, hay consorcios en los que participan más de una Diputación).
"De la lectura de
los datos anteriores se desprende que las diputaciones provinciales han creado
una amplia red de entes públicos en torno a los servicios que gestionan sin que
se aprecie claramente un criterio objetivo para su creación, dada la enorme
dispersión y diferencia entre unas diputaciones y otras. En los entes sujetos a
Derecho Privado se aprecia particularmente una huida del Derecho
Administrativo, tanto en lo que se refiere a la contratación del personal como
a la adjudicación de contratos", dictamina el estudio.
Coste
de 6.358 millones; ahorro de 600 millones
El debate sobre la
supresión o no de las diputaciones se abordará durante la próxima legislatura.
De momento, en 2015 tuvieron un presupuesto de 6.358 millones, de los que el
28% fue transferido directamente a otras entidades: 1.768 millones de euros aproximadamente.
Esta partida de más de
seis mil millones se distribuye de la siguiente manera: un 37,4% para
actuaciones de carácter general; un 16,5% para actuaciones de protección y
promoción social; un 16,2% en actuaciones de carácter económico; un 12,8% en
producción de bienes de carácter público; un 10,2% se destinó a servicios
públicos básicos; y el 7% fue para deuda pública.
¿Y si se suprimen
cuánto se ahorraría? Según los expertos de '¿Hay
Derecho?', en el corto plazo se ahorraría 587.490.374 euros. Lo calculan
en base a dos partidas: Órganos de Gobierno (140.560.866 euros) y Transferencia
a otras Administraciones sin una finalidad concreta (446.929.508 euros). En el
medio plazo, pese a la complejidad, hace una estimación de 1.230 millones de
euros.
"Nuestra tesis es que la estructura y el
funcionamiento de las diputaciones favorecen la aparición de formas de
clientelismo y corrupción que, no siendo exclusivas de estas entidades,
proliferan en ellas dando lugar a casos que alcanzan gran repercusión mediática
por su aparatosidad", concluyen los expertos
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