Hacienda frena la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Cliente Financiero por falta de presupuesto

Se estima que precisaría reclutar a 200-250 técnicos, en su mayor parte de alta cualificación y con conocimientos legales

Revista de prensa. Expansión.- El ministerio de Hacienda ha frenado la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Cliente Financiero que el departamento de Nadia Calviño incluyó entre sus proyectos estrella para 2019 por dificultades presupuestarias, según confirmaron fuentes gubernamentales.

Nadia Calvió -vicepresidente y ministra de Economía- con María Jesús Montero
ministra de Hacienda y portavoz del gobierno. Fotos Expansión

El proyecto viene de lejos, ya que el Gobierno del PSOE lo heredó como inacabado del Ejecutivo del PP y Nadia Calviño asumió su puesta en marcha como empeño personal para desjudicializar los conflictos por productos y servicios financieros. Su intención declarada era lanzarlo antes de concluir 2019 como hizo con la nueva autoridad macroprudencial.

Sin embargo, su deseo se ha tropezado con la cuadratura de las cuentas dada la alta factura que la fundación desde cero comprometería un organismo así. Se estima que precisaría reclutar a 200-250 técnicos, en su mayor parte de alta cualificación y con conocimientos legales, además de montar la necesaria estructura física y dotación de recursos técnicos.

Dicha estimación podría quedarse además pequeña. Y es que se espera que sólo por echar a andar se dispare el número de quejas de clientes que llegan a la ventanilla porque será una suerte de árbitro para cualquier conflicto financiero entre entidades y ahorradores o inversores, siendo vinculantes sus decisiones.

Se trata de un compromiso clave ya que los actuales servicios de reclamaciones que asumirá el nuevo organismo (del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la dirección General de Seguros y Planes de Pensiones) no pueden imponer sus dictámenes, con lo que resulta más habitual de lo deseable que las empresas desoigan sus resoluciones y el conflicto llegue a los tribunales.

Precisamente el propósito último es acabar con el embotellamiento judicial que las reclamaciones financieras han venido provocando en los últimos años por casos como las cláusulas suelo, las participaciones preferentes o los swaps hipotecarios; con elevado coste para ahorradores e inversores y desgaste reputacional para la banca.

'Ombusman' 

Su puesta en marcha era un compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy que, con una ley de 2017, se comprometía a tener su proyecto listo antes de julio 2018 y lo incumplió. La idea se inspiraba en una suerte de 'Ombusman' británico, con poder para mediar, imponer e inspirar cómo resolver las disputas sin que lleguen a su ventanilla, que Calviño pretendía reforzar con mayor autoridad.

En el Ministerio de Hacienda niegan haber parado su constitución. Las fuentes oficiales consultadas explican que en febrero de 2019 hubo una reunión de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en la que está presente también el Ministerio de Economía, para analizarlo, pero sostienen que la llegada de las elecciones generales de abril, quedando el Ejecutivo en funciones, han imposibilitado avanzar.

Otras fuentes involucran al ministerio de Política Territorial y Función Pública en la ecuación de su futura constitución y sugieren una potencial creación sobre los activos ya existentes en los organismos supervisores como fórmula para aliviar la factura. Sin embargo, el traspaso de personal reviste gran dificultad y podría ser más complicado que montarlo desde cero.

De los tres departamentos de reclamaciones existentes, el mayor es el del Banco de España, ya que recibe casi siete de cada 10 reclamaciones vinculadas a productos y servicios financieros. En el punto álgido de la avalancha de quejas por las cláusulas suelo hipotecarias durante el año 2014 este organismo tuvo, incluso, que buscar soporte y contratar a una firma externa que le ayudase a resolver los expedientes.

La necesidad se originó de la imposibilidad para el departamento de Reclamaciones de tramitarlas en los cuatro meses tope permitidos en la Orden Ministerial 2502/2012 del Gobierno. Y es que, con los topes hipotecarios, las reclamaciones se duplicaron y alcanzaron un máximo histórico en 40.176, que en el año 2018 -últimos datos publicados- descendió a 19.695.

El departamento análogo de la CNMV tramitó y resolvió 697 reclamaciones y quejas durante el mismo ejercicio 2018, cifra un 5,1% superior al año previo; y la dirección General de Seguros y Planes de Pensiones inició 10.383 expedientes, de los que 3.280 fueron inadmitidos por distintas razones y los más de 6.000 restantes gestionados.