Revista de prensa.- Por Joan Herrera*. La Vanguardia.- Los municipios y las ciudades no pueden estar de espaldas ni al reto del cambio climático, ni a la transición energética. Se dice, se repite y es cierto que hoy son el principal espacio en la generación de emisiones.
A su vez, hemos avanzado mucho para que la ciudad desarrolle
el autoconsumo con fuentes renovables. Los reales decretos 15/2018 y 244/2019
abrían la puerta no sólo al autoconsumo sino al autoconsumo compartido, y
permiten que este se produzca entre aquellos que comparten línea de baja
tensión (pudiendo por tanto hacer que la generación renovable sea compartida y
no esté en tu mismo edificio).
Pero lo cierto es que hoy, la obligada trasposición de
las diferentes directivas comunitarias en materia energética abre la
puerta al desarrollo de una agenda de transformación del ámbito urbano, no sólo
en autogeneración, sino a la hora de compartir consumos, generación de demanda
y estrategias de transformación de la ciudad.
El marco europeo favorece la participación directa en la
producción, consumo o reparto de energía
Si yo dijese que la energía comunitaria ofrece a todos
los consumidores un lugar incluyente de participación directa en la
producción, consumo o reparto de energía, o que las iniciativas de energía
comunitaria se centran principalmente en proporcionar a sus miembros o socios
energía asequible de un determinado tipo, como las energías renovables, en
vez de dar prioridad a la obtención de beneficios como una empresa eléctrica
tradicional, entenderían los lectores que ésta es la visión –una más- de
alguien comprometido con el debate energético de una forma crítica.
Pero lo dicho emana del marco normativo comunitario.
Comunidad Local de Energía
La directiva relativa al mercado interior de la electricidad
define la Comunidad Local de Energía (CLE) como “una asociación, cooperativa,
sociedad, organización sin afán de lucro u otra entidad jurídica que esté
controlada por accionistas o miembros locales, generalmente orientada al valor
más que a la rentabilidad, dedicada a la generación distribuida y a la
realización de actividades de un gestor de red de distribución, suministrador o
agregador a nivel local…”.
También se define la Comunidad Ciudadana de
Energía “como una entidad jurídica de participación voluntaria y abierta
que esté efectivamente controlada por los accionistas o miembros que sean
personas físicas, autoridades locales, incluidos los municipios, o pequeñas
empresas, que su objetivo principal sea ofrecer beneficios medioambientales,
económicos o sociales a sus miembros o en la localidad en la que se desarrolla
su actividad, más que generar una rentabilidad financiera”.
Así, la Comunidad Ciudadana de Energía (CCE), puede
participar en la generación, incluida la energía procedente de fuentes
renovables, la distribución, lo suministro, el consumo, la agregación, el
almacenamiento de energía, la prestación de servicios de eficiencia energética,
la prestación de servicios de recarga por vehículos eléctricos por los miembros
de esta comunidad (artículo 2.11).
Marco jurídico
El artículo 16 de la citada directiva establece que los
estados miembros ofrecerán un marco jurídico que garantice que “el gestor de
la red de distribución correspondiente coopere, a cambio de una
compensación justa evaluada por la autoridad reguladora, con las comunidades
ciudadanas de energía para facilitar transferencias de electricidad entre
estas”; garantizando por lo tanto la cooperación de la distribuidora.
También se abre la posibilidad que las CLE “tengan derecho a
poseer, establecer, adquirir o alquilar redes de distribución y gestionarles
autónomamente según las condiciones establecidas…”.
Se garantiza que estas “puedan acceder a todos
los mercados organizados o mediante agregación de forma no
discriminatoria” (arte.3.b) y “respecto al consumo de electricidad
autogenerada, serán tratados como clientes (arte 3 c).
Autoconsumo compartido
A ello se suma la necesidad y el mandato (de acuerdo con el
RD 244/2019) de establecer, en este caso mediante orden ministerial, un modelo
de reparto dinámico, que permita hacer el reparto del autoconsumo de forma que
se adapte a los diferentes momentos y curvas de consumo de los miembros que
compartan autoconsumo, haciendo crecer exponencialmente el autoconsumo
compartido.
Éstos son sólo algunos ejemplos de lo que hoy ya es norma
(la directiva citada está aprobada en junio de este año) y que debe ser
traspuesta antes de finalizar el año.
Dichos conceptos, que ya han sido trasladados a diversas
legislaciones europeas como la portuguesa, permiten crear el marco para que las
ciudades, y particularmente sus vecinas y vecinos y el tejido productivo local
se articulen en torno a la energía. Y no sólo en torno a la generación, sino
alrededor de un consumo más eficiente y menos “energívoro”.
El nuevo momento político crea las condiciones para entrar
en una nueva etapa para la transformación energética
El compromiso de nuevo Gobierno
El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez tiene sin lugar a dudas
muchos retos enfrente.
Pero la excelente noticia que una de las vicepresidencias
del nuevo Gobierno sea la transición ecológica sumada al reto demográfico, y lo
haga de la mano de alguien que suma competencia y compromiso como Teresa
Ribera, ofrece la posibilidad de abrir una nueva etapa para la transformación
energética de lo urbano.
Instrumento de transformación
Las Comunidades locales o ciudadanas de energía son un
instrumento para articular la ciudadanía en torno a la transformación
energética, permitiendo que la administración local lidere de la mano de la
implicación ciudadana. Y es aquí, donde la transposición de las directivas,
simplemente cumpliendo los plazos, y asumiendo a su vez las partes más
ambiciosas de este texto, son las que pueden permitir que la agenda de transición
energética del nuevo gobierno cuente con una agenda de transformación urbana
con implicación de actores locales y ciudadanía, que debe contar con el marco
normativo que permita su desarrollo.
Legislaturas por delante
Hoy, los tiempos de la legislatura estatal son casi los
tiempos de la legislatura municipal.
Tres años y medio de aquí a las próximas elecciones
municipales, cuatro años para las próximas elecciones generales. Tiempos
políticos que permiten alinear las políticas estatales con aquella agenda, la
local, que es la que tiene mayor capacidad de transformación de lo concreto.
Hacer realidad lo que plantea la directiva, para que los
municipios y la ciudadanía empiecen a hacer realidad la transición energética
en las ciudades, es un reto materializable
Todas y todos sabemos que lo más determinante está en lo que
se planifica el primer año, para que sea realidad en el segundo y el tercer año
de legislatura.
Pues bien, hacer realidad, en el marco normativo, aquello que
plantea la directiva, para que los municipios y la ciudadanía empiecen a hacer
realidad la transición energética en las ciudades, es de los retos más
inmediatos, materializables y concretos que podría tener la agenda energética
del nuevo gobierno.
*Joan Herrera fue Director General del IDAE. Actualmente es director de Acción Ambiental y Energía del
Ayuntamiento del Prat
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