Revista de prensa. Por Pablo G. Bejerano.-Retina.- A su paso por Mondoñedo, la autovía A8 queda envuelta en una
niebla densa cuando hace mal tiempo. La niebla se resiste a abandonar
ese largo camino artificial esculpido por maquinaria de obra. Cuando esto
ocurre son frecuentes los accidentes de circulación y las autoridades se ven
obligadas a cerrar el tramo afectado. La solución está en camino y se ha
buscado por cauces poco tradicionales.
El proyecto que pretende poner fin a estos cortes de
carretera y garantizar la seguridad vial se ha seleccionado a través de un
proceso de compra pública innovadora. Una fórmula que se caracteriza por
plantear el problema abiertamente, para escuchar diferentes propuestas, en
lugar de pedir una solución concreta de antemano. En el caso de la A8 se va a
optar por una iniciativa de la que aún no se ha revelado información, aunque se
sabe que está orientada a modificar las condiciones ambientales para reducir la
niebla.
No es una solución convencional, reconoce Teresa Riesgo,
directora general de Investigación, Desarrollo e Innovación en el Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades: “Todo lo que tiene que ver con un proceso
de innovación implica un cierto riesgo. Pero el beneficio potencial es muy
grande. La Administración Pública puede conseguir una solución mucho mejor que
lo que hay en el mercado, mientras que por otro lado se moviliza a un
determinado sector, para incentivar la innovación entre las empresas”.
La compra pública innovadora es una punta de lanza en la
transformación digital de la Administración. “Se ha puesto mucha atención en la
transparencia de los procesos de compra. Antes eran muy largos y no siempre se
obtenía el mejor servicio. Ahora hay software para ayudar a que sea más
sencillo y transparente”, explica Brian Chidester, jefe del área de sector
público en la compañía OpenText, especializada en transformación digital.
A la zaga, pero no fuera
“Ya no necesitas llevar a los
inspectores a la fábrica. Con un algoritmo puedes detectar que ciertos
contratos, seguramente, son irregulares”.
“Tradicionalmente los gobiernos han tenido un retraso grave
respecto a las empresas”, apunta Chidester. “Pero en los últimos años esta
brecha ha disminuido. Siempre van a estar a la zaga. Pero ya no están fuera de
juego”. El Ayuntamiento de Madrid utiliza el software de su empresa para la
gestión de documentos internos y de servicio al ciudadano, como pagar
impuestos, multas o realizar consultas desde diferentes dispositivos.
Teresa Riesgo resalta otro ejemplo de transformación: “La
inteligencia artificial ofrece muchas posibilidades, especialmente para leer
documentos ricos en texto y extraer la información”, comenta en referencia a
algoritmos que pueden interpretar textos de carácter técnico y científico.
“Muchos procesos de la Administración tienen posibilidades de mejora haciendo
inversiones adecuadas y esto está en la agenda”, asegura.
“El sector privado empuja gran parte de la innovación. Este
impulso deja a los gobiernos en un lugar donde no pueden quedarse parados”,
señala Chidester. Las empresas han fabricado smartphones y han acostumbrado a
los ciudadanos a tener todo al alcance de su mano. Son hábitos ante los que la
Administración Pública tiene que responder.
Las gestiones telemáticas suponen un ahorro de cargas
administrativas. Aumentan la eficiencia, con lo que se ahorra tiempo. Así los
empleados públicos tienen más disponibilidad para realizar funciones con mayor
valor añadido o que antes se aplazaban. Los costes también disminuyen y se
necesita menos personal. Pero la automatización de funciones tiene un efecto en
el empleo que se debate con fuerza en el sector privado y aún con cautela en la
esfera pública.
Impacto en el empleo público
Las administraciones públicas no son ajenas a la sustitución
de personas por máquinas. “En el impuesto sobre la renta antes había 2.000
grabadores introduciendo datos a mano. Todos esos puestos han desaparecido”,
apunta Fernando de Pablo, secretario general de Administración Digital, del
Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
Aquellos grabadores de datos dejaron esa tarea para ocuparse
de otros quehaceres. Muchos de ellos pasaron a encargarse de comprobar la
calidad de la información que se introduce en los sistemas. “Manejar
información no es manejar datos que no tienen calidad. Si no hay calidad no se
puede gestionar”, incide De Pablo, quien añade que ahora hace falta mucha más
gente con formación digital en la Administración.
Ha ocurrido igual con los operadores de voz y las citas
previas por internet para, por ejemplo, renovar el DNI o pedir hora con el
médico. “Antes los expedientes venían en papel. Alguien tenía que recibirlos
y ordenarlos. Ahora entran por internet y se clasifican automáticamente”,
señala De Pablo.
Empleos más cualificados
“Muchos trabajos cambiarán pero no desaparecerán”, comenta
Sarah Doyle, directora de investigación en el Brookfield Institute, un think
tank económico canadiense centrado en innovación. “Lo interesante es mirar
al nivel de tarea, más que al de empleo. Gran parte de las funciones que se
hacen ahora pueden ser teóricamente automatizadas, pero estas tareas están
distribuidas a lo largo de diferentes tipos de trabajos y hay otras partes de
estos trabajos que no pueden ser automatizadas”.
Doyle reconoce que hay pocas estimaciones sobre el impacto
directo en el sector público. Pese a todo, los datos del estudio de Frey and
Osborne (The Future of Employment) aventura que en Reino Unido se reemplazarán
250.000 trabajadores públicos para 2030. En referencia a España, Luz Rodríguez,
profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha y
directora de un proyecto de investigación sobre tecnología y trabajo, afirma
que no existen prospecciones al respecto. Pero tiene claro en qué áreas tendrán
mayor incidencia las tecnologías de automatización.
“La función puramente administrativa tiene un riesgo de
automatización muy alto. Por ejemplo, cotejo de requisitos para que te den una
subvención, responder el teléfono, hacer escritos”, enumera. Se trata del
trabajo administrativo más clásico, aunque no en exclusiva. Rodríguez explica
que para los jueces revisar las sentencias dictadas sobre un tema era un
trabajo de búsqueda tedioso, mientras que ahora un algoritmo es capaz de
mostrar toda la jurisprudencia al instante.
“Estamos viendo un cambio desde el trabajo de valor bajo al
de valor alto. Nuestras herramientas pueden automatizar procesos que se
consideran de bajo valor, como la introducción de información en los sistemas o
el envío de documentos”, expone Chidester. “Esto permite que los trabajadores
se centren en tareas de alto valor. Hace cinco años, la inteligencia artificial
se veía como algo malo porque llegaba para quitar puestos de trabajo. Creo que
ahora los empleados públicos quieren inteligencia artificial, porque facilita
el trabajo y los libera de tareas pesadas”.
La inteligencia artificial se emplea ya en España para
agilizar algunos procesos dentro de la Administración. El organismo de
Inspección de Trabajo y Seguridad Social cuenta con algoritmos para detectar
contratos temporales irregulares. “Ya no necesitas llevar a los inspectores de
trabajo a la fábrica para comprobar allí cuántos trabajadores temporales
tienen. Con un algoritmo puedes detectar que ciertos contratos seguramente son
irregulares, porque sobrepasan el tiempo estipulado”, remarca Rodríguez.
La función social
Estos avances comportan mayor eficiencia en los resultados y
también menor necesidad de personal. Pero el debate del empleo en el sector
público no se reduce únicamente a la eficiencia económica, como ocurre
generalmente en el privado. “El contexto de la Administración es distinto,
porque nuestro retorno de la inversión no es meramente económico, también es
social. La administración pública no se puede plantear cerrar una oficina solo
por una cuestión económica”, subraya De Pablo.
El secretario general de Administración Digital recalca que
en el sector público no se han eliminado puestos de trabajo. Los empleados
liberados se reconvierten con programas de formación a otras funciones,
especialmente las que implican capacidades digitales.
La transformación digital y la automatización de servicios
en España han prosperado con el aliento de un aliado imprevisto. Descontando
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Defensa, la plantilla de la
Administración General del Estado ascendía a 242.000 personas en 2010. Ahora el
número de funcionarios es de 197.000. La crisis económica congeló muchas
oposiciones y parte de los empleados públicos se ha jubilado sin que hubiera un
reemplazo. “Para nosotros la automatización no ha supuesto un riesgo para los
puestos de trabajo”, reflexiona De Pablo. “Todo lo contrario. Nos ha permitido
mantener los servicios públicos e incluso mejorarlos con menos personal pero
más especializado”. Y hay puestos que no son automatizables, como un médico o
un inspector.
Redefinir la función pública
Ahora se avecina una oleada de nuevas jubilaciones —la edad
media de un empleado público es de 52 años, en comparación con los 42 años del
sector privado— y la automatización jugará un papel importante. “La entrada de
la tecnología en los procesos administrativos coincide con un reto
demográfico”, indica la profesora Rodríguez. “Toda la función pública que se
generó a partir de la creación del Estado democrático está a punto de entrar en
jubilación”. Según De Pablo, dentro de diez años podría jubilarse la mitad del
funcionariado. Y esto abre la puerta a actuar como se hizo durante la crisis:
incrementando la automatización. Las ofertas de empleo público priorizan los
puestos que no pueden realizar máquinas.
Ante la coyuntura, Rodríguez opina que antes de nada hay que
definir el modelo de función pública que se busca: “A partir de ahí tenemos una
ventana de oportunidad para actuar. Habrá que ver en qué casos se necesita
atención directa y qué tareas las puede desempeñar la IA”. El objetivo en el
horizonte es transformar a mejor la forma de prestar servicios. Pero sobre todo
evitar que se queden funciones públicas sin cumplir.
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