Por Borja Colón de Carvajal.- EsPúblico blog.- Cuando falta apenas un año para que entre en vigor
totalmente la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, muchos de los que nos dedicamos a este
negocio de la Administración electrónica pensamos que ya ha habido tiempo más
que suficiente para cumplirla de principio a fin, y que los que realmente no
han hecho nada, o más bien poco, pensarán para sus adentros que da igual el
tiempo que quede, que con ellos no va la cosa, que el papel lo aguanta todo,
que todo eso de la transformación digital es un cuento chino.
Y me explico, cuando la práctica totalidad de las Entidades
Locales españolas cuentan con herramientas de Administración electrónica que
cumplen con las disposiciones más exigentes de la citada Ley, ¿por qué nos
empecinamos en favorecer a los que miran hacia otro lado concediéndoles
prórrogas generosas?, ¿por qué no ponemos el foco en los que sí han trabajado
duro?, ¿por qué no empezamos a darnos cuenta que el mundo local, en esta y
otras materias, como estabilidad financiera, son unas auténticas campeonas?
Remar todos en la misma dirección
Pero tampoco nos engañemos, todos sabemos que esto no es una
carrera de a ver quien llega primero, sino más bien todo lo contrario, ganamos
todos cuanto más juntos lleguemos a la meta. Y ese es verdaderamente el
problema de fondo, el principal. Desde mi humilde punto de vista y con algunos
años ya de trincheras tecnológicas a mis espaldas, puedo deciros que he echado
en falta una estrategia nacional que aglutinara todos los intereses en juego en
un proyecto tan de calado y tan transversal como era el del despliegue masivo
de las siamesas. Pero no ha sido así, al menos como a mi me hubiera
gustado, con la participación de todos los niveles de Gobierno, el sector
privado y una parte de los agentes sociales interesados en que la
Administración electrónica vaya como un tiro.
Sin embargo, seamos positivos, faltaría más, y aprovechemos
ese tiempo de gracia que nos ha ofrecido la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas para resolver los problemas estructurales que están detrás de un
despliegue tan complejo, tratemos de alinear los intereses y las políticas de
todos los interesados y, sobre todo y fundamentalmente, hagámoslo rápido en
beneficio de toda la sociedad que espera desde hace ya mucho tiempo un cambio
de rumbo en la prestación de servicios públicos hacia un horizonte marcado por
la eficacia y la simplificación administrativa que en muchos casos dará la tan
codiciada Administración electrónica.
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