La Institución
recomienda a las entidades locales que establezcan como una prioridad resolver
los problemas medioambientales y responder al problema del cambio climático de
forma coordinada con los agentes sociales y las administraciones implicadas, y
que asignen mayores recursos a las políticas medioambientales.
Nota TC- Esta fiscalización, aprobada por el Pleno del Tribunal de
Cuentas es de carácter horizontal, en tanto que ha tenido como objetivos:
verificar la aprobación por los ayuntamientos de normas en materia
medioambiental y a analizar de
forma global las actuaciones llevadas
a cabo en dicha materia y, de forma específica, en relación con las contaminaciones atmosférica, lumínica y acústica y a
la recogida selectiva de residuos urbanos.
También constituye una fiscalización operativa en la medida que se han realizado análisis de las medidas
adoptadas y examinado la ejecución de
los programas presupuestarios destinados
a la protección y mejora del medio ambiente y de aquellos otros con posibles
efectos en el mismo.
El ámbito
subjetivo de la fiscalización está constituido por los 96 ayuntamientos de
municipios de población superior a 10.000 habitantes de las comunidades
autónomas sin OCEX propio, esto es, los de las Comunidades Autónomas de Cantabria, Castilla- La Mancha, Extremadura, la
Rioja y la Región de Murcia.
Respecto del
ámbito temporal, comprende el ejercicio 2017 y hasta mayo de 2018 inclusive.
Por su parte, los ingresos y gastos se han analizado respecto del último
ejercicio cuyas cuentas se habían rendido a la finalización de los trabajos,
esto es, 2017. Todo ello, sin perjuicio comprobaciones y análisis referidos a
ejercicios anteriores con el fin de cumplir adecuadamente con los objetivos
previstos.
A partir de los
principales resultados de la fiscalización, el informe recoge una serie
de conclusiones relativas a:
La actividad
global de los ayuntamientos en materia medioambiental
En este punto,
los resultados obtenidos en la fiscalización han puesto de manifiesto que la
protección del medioambiente es un tema sensible, por el que se interesan tanto
las administraciones públicas como los distintos agentes sociales; pero que,
sin embargo, las actuaciones llevadas a cabo por las entidades locales no son
suficientes para responder a esta preocupación.
En este sentido,
la planificación de políticas
medioambientales, la fiscalización concluye que la adhesión a protocolos
internacionales por parte de las entidades locales han sido, en términos
generales, declaraciones de buenas intenciones; ya que, si bien los
ayuntamientos suscribieron tales protocolos, no llegaron a desarrollar ni
siquiera las primeras fases de los mismos. Asimismo, la fiscalización señala
que el número de técnicos especializados en
esta materia son insuficientes, como también lo es el desarrollo normativo
realizado, en cuanto a los procedimientos de actuación, inspección y control,
así como las sanciones en relación con estos supuestos.
Las actuaciones
en relación con las contaminaciones acústica, atmosférica, lumínica y con la
recogida selectiva de residuos sólidos urbanos
En este punto, la
principal conclusión de la fiscalización es que las actuaciones acometidas han
sido muy heterogéneas, tanto por la naturaleza de los factores contaminantes
como por la diversidad de las actuaciones que cada entidad emprendía sobre
dichas causas.
Tras los resultados,
el Informe recoge una serie de recomendaciones dirigidas
a los responsables de las entidades locales, entre ellas:
-Diseñar una
planificación medioambiental que conlleve el diagnóstico de la situación
medioambiental de su territorio y la definición de planes específicos de acción
ambiental en los que se integren: líneas estratégicas de actuación,
establecimiento de programas y proyectos específicos de actuación y el
establecimiento de un plan de seguimiento de dichos planes de acción.
-Dotarse de
departamentos específicos en materia medioambiental integrados por personal
técnico especializados.
-Adoptar, en su
gestión, medidas para minimizar el impacto ambiental y la huella ecológica
derivados de su propia actividad y de los servicios que presta.
-Llevar a cabo
actuaciones para concienciar a sus ciudadanos con objeto de difundir hábitos
personales y sociales dirigidos a la defensa del medio ambiente y el equilibrio
ecológico.
-Potenciar las
actuaciones de inspección y control para detectar infracciones de la normativa
vigente en materia medioambiental.
-Establecer
objetivos e indicadores presupuestarios para el seguimiento de los resultados
de los gastos ejecutados en protección del medio ambiente.
En definitiva,
las propuestas formuladas por el Tribunal de Cuentas se orientan a
concienciar a las entidades locales para que establezcan como una prioridad
resolver los problemas medioambientales y responder al problema del cambio
climático de forma coordinada, con todos los agentes sociales y
administraciones implicadas, y asignando mayores recursos a las políticas
medioambientales.
El contenido del
presente Informe (nº 1.335) puede ser consultado en la página
web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es). Más información: Marisol Gálvez. marisol.galvez@tcu.es
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