martes, 10 de julio de 2018

Se retrasa a Septiembre el abono en la AGE de la subida salarial y atrasos de 2018 aprobados en los presupuestos

El Gobierno de Sánchez también tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros del próximo 27 de julio la oferta de empleo público de la Administración General del Estado (AGE) correspondiente a 2018.

GP.- Sin embargo, alegando problemas técnicos por las vacaciones estivales, la Administración central  empezará a aplicar la subida salarial a los 2,5 Millones de empleados públicos  contemplada en los Presupuestos de 2018 (1,75%)  en la nómina del mes  septiembre, incluyendo los atrasos correspondientes desde el 1 de enero de este año. Ese criterio no afecta a las restantes administraciones que deberán valorar si tienen capacidad para abonar los atrasos en las nóminas de agosto.

Por otro lado, el sindicato CSIF se  reunió el lunes 9 de julio con el nuevo secretario de Estado de Función Pública, Javier Rueda, para preparar el orden del día que se  abordará con  los sindicatos de la función Pública la reunión prevista para el próximo  lunes 16 de julio con  la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet.

Sin descuentos de la IT
Según ese sindicato, el Gobierno ofrecerá en ese encuentro una propuesta  para eliminar los descuentos en la nómina de los empleados públicos por Incapacidad Temporal (IT) implantado por el anterior gobierno del PP para rebajar el déficit.

CSIF ha valorado favorablemente este primer encuentro y ha expresado su voluntad de diálogo para alcanzar acuerdos que permitan "pasar página" a los recortes de la crisis, avanzar hacia la recuperación y trasladar las reformas que necesita las administraciones públicas.

Según el sindicato, la oferta de empleo público para la AGE que el Gobierno aprobará incluye las plazas para estabilizar personal interino. CSIF reclama que la OPE resuelva las necesidades de personal de los distintos departamentos y se incluyan al menos seis mil plazas  a la promoción interna.

El sindicato también ha trasladado al Gobierno la necesidad de derogar la instrucción de jornada y horarios que estableció una jornada mínima de 37,5 horas para que se pueda aplicar la jornada laboral de 35 horas.

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