martes, 27 de febrero de 2018

Hacienda y los sindicatos de la función pública retrasan el acuerdo sobre empleo y salarios 2018-2020

Además de la OEP y salarios, se negocia la recuperación de las 35 horas y del cobro íntegro del salario por  incapacidad temporal (IT)

Revista de prensa. Expansión.- El Gobierno y los sindicatos de funcionarios amplían el plazo de negociación hasta las primeras semanas de marzo, al menos hasta el día 12 de este mes.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública y las principales organizaciones sindicales representantes de los funcionarios (CC.OO., UGT y CSIF) seguirán negociando, al menos hasta el próximo 12 de marzo, para intentar alcanzar un acuerdo sobre sueldos, empleo público y condiciones laborales de los funcionarios, informa Europa Press. Ambas partes se habían fijado como fecha límite para el acuerdo el 1 de marzo, pero después del encuentro que han celebrado hoy, han decidido ampliar este plazo y programar nuevas reuniones para los próximos 5, 9 y 12 de marzo.

El coordinador del Área Pública de CC.OO., Pepe Fernández, ha precisado que el próximo 5 de marzo se hablará sobre retribuciones, mientras que el 9 y el 12 de marzo se abordarán el resto de materias y los temas que aún quedan pendientes.

"Se ha avanzado"
En su opinión, en la reunión de hoy se ha avanzado en temas como jornada, incapacidad temporal y planes de igualdad. "Se ha dado un paso más por parte del Gobierno, que crea condiciones para seguir trabajando por un buen acuerdo para los empleados públicos", ha apuntado.

Desde UGT, su Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP-UGT) ha señalado que en la reunión de hoy no se han producido "avances significativos" y que la negociación continúa abierta.

Por su parte, fuentes de CSIF han indicado a Europa Press que Hacienda quiere un acuerdo "a toda costa", pero el sindicato de Miguel Borra ha advertido de que esto dependerá de la oferta final. 

Lo que hay por ahora sobre la mesa "no es suficiente" para llegar a un acuerdo, según este sindicato, que considera que "falta definición" en algunas cuestiones relevantes, como la recuperación de la jornada de 35 horas y del cobro íntegro del salario cuando los trabajadores públicos se encuentran en una situación de incapacidad temporal (IT).

Además, señalan desde CSIF, la negociación aún no ha entrado de lleno en la cuestión salarial. La Administración propuso en su día una subida de entre un mínimo del 5,25% y un máximo del 8% para los tres próximos años. En detalle, el incremento que ofreció Hacienda contempla una subida fija del 1,5% para 2018, del 1,75% para 2019 y del 2% para 2020, a la que se sumaría otra parte variable ligada a la evolución de la economía española.


Esta parte variable podría aportar, si se cumple la previsión de crecimiento del Gobierno, un alza adicional del 0,25% en 2018, del 0,5% en 2019 y otro 0,5% en 2020. En el caso de que se superase en cuatro décimas la previsión del PIB, la subida adicional sería del 0,5% en 2018 y otro 0,75% en 2019 y en 2020. En la práctica, el salario de los funcionarios podría subir un máximo del 2% este año, un 2,5% en 2019 y un 2,75% en 2019.

"Casi" cerrado
El pasado jueves las partes prácticamente dejaron cerrado un acuerdo en materia de empleo que supone reforzar el suscrito en marzo del año pasado, con lo que se universalizará el proceso de estabilización y permitirá rebajar la temporalidad en el ámbito de las administraciones públicas al 8% en el periodo 2018-2020, así como la creación de nuevo empleo público.

Según los sindicatos, este acuerdo en materia de empleo va a permitir empezar a recuperar el empleo perdido, no sólo en los servicios prioritarios, sino en el conjunto de las administraciones y sectores públicos, con la creación de nuevo empleo público.

El acuerdo previsiblemente supondrá aumentar las tasas de reposición en los sectores prioritarios y no prioritarios -- consensuadas en un 100% y en un 75%, respectivamente, hasta septiembre, cuando las negociaciones sufrieron un parón por la situación en Cataluña--, hasta poder superar el 100% en sectores prioritarios, y en algunos de ellos incluso llegar al 115%, como en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

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