El Gobierno y los partidos políticos tendrán que retratarse
al tener sobre la mesa una proyecto legislativo ya redactado para poner límites
al acceso y cese en la cúpula del Estado
Revista de prensa. El Independiente.- La élite de los funcionarios planea poner en un aprieto a la
clase política. La Federación Española de
Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil (Fedeca) trabaja
desde hace un año y medio en la idea de elaborar un proyecto normativo para
regular el acceso, el cese, la evaluación o las retribuciones en determinados
puestos de responsabilidad de la Administración, fundamentalmente en torno a
las direcciones generales de ministerios y organismos públicos. El
objetivo, reducir a los casos estrictamente necesarios los nombramientos ‘a
dedo’ y purgar la actual politización de lo público.
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| El ministro Cristobal Montoro y el presidente de Fedeca, Jordi Solé |
Es un objetivo ambicioso, no se ha dado este paso desde la
creación del Estatuto Básico del Empleado Público en 2007, aunque la
organización, que representa a un colectivo de entre 15.000 y 16.000 altos
funcionarios, ya cuenta desde hace unos años con un texto que nunca llegó a
ver la luz y que ahora se está actualizando y retocando.
Fedeca quiere tener un documento redactado para septiembre
Queda por definir, por ejemplo, si se el texto afecta a los
secretarios de Estado también o si se les deja fuera, o si se aplica también a
los subdirectores generales. Todo depende de qué se quiera considerar como alto
cargo dentro de la administración y de cuáles están sujetos o no actualmente a
sistemas de libre designación de acuerdo con la normativa desarrollada desde
1984.
Una vez aclaradas estas cuestiones, habrá que consensuarlas
entre las 47 asociaciones que conforman Fedeca. Ya en verano, si la
organización cumple los plazos que se ha marcado, distribuirá el documento
según lo previsto. A partir de ahí, es fácil votar en sede parlamentaria a
favor de una subida salarial para los empleados públicos, pero no lo es, en
cambio, hacerlo para limitar los nombramientos ‘personalizados’ en las altas
esferas de la Administración.
Por el momento, UPyD llevó durante años una iniciativa
semejante en sus programas electorales, mientras que Ciudadanos también ha
planteado desde hace años la necesidad, por ejemplo, de sustituir a los
asesores y cargos de confianza por funcionarios de carrera. El problema lo
tendrán, según Fedeca, partidos como PSOE y PP, que “tienen un pasado”.
“Todos nos dan la razón salvo el Gobierno de turno, que
cuando está en la oposición también nos escucha, dice que para adelante y luego
acaba todo en el cajón. Así que vamos a cambiar la estrategia, en lugar de
denunciarlo, vamos a tomar la iniciativa. Vamos a sacar un proyecto legislativo
para ponerlo encima de la mesa de los grupos parlamentarios y del ministro,
para decirles ‘tenéis la ley, sino os gusta cambiarla, asumid ese riesgo
político de cambiarla o de mandarla al cajón, y si hacéis esto último lo
denunciaremos'”.
La bisagra entre la política y la Administración
La atalaya desde la que se dirigirán los altos funcionarios
a la clase política les ofrece una visión privilegiada del problema. Son, en
palabras de su presidente, Jordi Solé, “una bisagra” entre el poder político y
la Administración. Abogados del Estado, inspectores de Hacienda…miembros de la
élite de lo público que pelean por seguir siendo ese engarce, pero desde la
profesionalización y la independencia.
El problema, dice Jordi Solé, no es la existencia de puestos
de libre designación para funcionarios de carrera (no confundir con los
asesores), ni que en ellos entren a trabajar personas con cierta vinculación
política, sino que esa vinculación sea el único criterio y que esta posibilidad
se de en cada vez más ámbitos de la Administración, no solo allí donde realmente
es necesario el nombramiento de personas de confianza.
La libre designación está bien pensada, pero necesita
ajustes
“La libre designación está bien pensada, pero en puestos en
los que de verdad haga falta un cargo de confianza personal, que no necesariamente
política”, añade Solé, para quien “no es tanto una cuestión de normas, porque
las grandes leyes están bien hechas, como de ir cerrando grietas”, como la que
también se ha abierto con la proliferación del pago por productividad, pero no
en función de una evaluación de desempeño, sino de la decisión del jefe. “Hay
que intentar hacer ajustes, crear una buena evaluación del desempeño”, pone
como ejemplo.
Un problema a todos los niveles
Los altos funcionarios lamentan que en los años de la crisis
se haya extendido la politización de las altas esferas de la Administración.
Hablan de “reguladores capturados”, de “pérdida de independencia de los órganos
de control”. Pero Fedeca también cree que se trata de un problema que alcanza a
estratos cada vez más bajos de la Administración, de ahí su extensión.
Pone ejemplos en todas las escalas, algunos anónimos y otros
con nombre y apellido.”Eres inspector de Hacienda en Soria cobrando un sueldo
bajo y te ofrecen un puesto en Madrid con un sueldazo. Tienes la opción de ir,
en lugar promocionar durante 20 años. Pero cuando llegas ahí ¿quién es el
valiente que contradice al jefe para que te cesen de mala manera y te tengas
que volver a Soria?”, comenta Solé.
Casos más concretos tuvieron lugar recientemente en
la Dirección General de Tráfico (DGT) o en la Seguridad Social. Hace
exactamente un año, Fedeca denunciaba que varios cargos de dirección en el
Estado habían sido ocupados por personal no funcionario en ámbitos en los que
existía un cuerpo de altos funcionarios.
Se referían al nombramiento de Miguel Ángel García como
director general de Ordenación de la Seguridad Social, o, aún más sonado, el de
Gregorio Serrano, como director general de la DGT. Estos casos, a ojos de Solé,
muestran que “en España aún se mantiene la cultura del cortijo, de que cada
Gobierno que llega pone a los suyos”.
Fedeca se fija en el esquema de nombramientos portugués
Otro caso paradigmático, según el presidente de Fedeca, es
el de aquellos altos cargos que, una vez cesados sin que se encuentre para
ellos un puesto nuevo, se mantiene el sueldo durante más de una década,
excediendo el tiempo previsto por la ley durante el que se mantiene esta
retribución a modo de ‘paracaídas’.
A la pregunta de cómo lo hará la organización para promover
cambios legales que van en contra de una parte del colectivo que se estaría
beneficiando de estas prácticas, Fedeca confía en que estas personas no serán
capaces de defenderlas en público.
El ejemplo de Portugal
Por el momento, la representación de los altos cargos no se
decanta por un modelo de nombramiento de los directivos públicos. Sin embargo,
en Fedeca gusta mucho el modelo portugués, en el que existe una comisión
independiente que valora a posibles candidatos para un puesto directivo en la
Administración. Supervisa y pondera sus méritos y después eleva al ministro del
ramo o a quien corresponda la decisión una propuesta con varios nombres.
Lo que se consigue así, según Solé, hacer una criba previa y
evitar, por ejemplo, que “opte a un puesto de director general el penúltimo de
la promoción”.
La decisión de pasar de la denuncia a la acción, de dar ese
paso a la presentación de una iniciativa legislativa, se debe, en parte, a que
los altos funcionarios no
tienen representación en las mesas de negociación con el Gobierno. Solo los
sindicatos que cuentan con una representación de al menos el 10% de los trabajadores del
sector público pueden hacerlo, y ese es a día de hoy un espacio
reservado a las grandes centrales. Fedeca se queda fuera con un 7%.
Por eso, Solé asegura que el colectivo “negocia en los
despachos de las personas que tienen responsabilidades” y, cuando no hay más
remedio, pasa a la acción de esta forma. Y es que, aunque los cuerpos
superiores del Estado comparten con mayor o menor intensidad las mismas
reivindicaciones de los sindicatos de la función pública, echan en falta que en
su ideario esté la reivindicación de, por ejemplo, un estatuto del directivo
público que garantice su independencia.
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