Revista de prensa.- lainformación.com.- Cientos de funcionarios del denominado Régimen de
Clases Pasivas están aprovechando la posibilidad que les da el singular
marco regulatorio de éste para jubilarse a los 60 años con el 100% de su
pensión y evitar así el presumible impacto negativo sobre sus prestaciones
que tendrá la entrada en vigor el próximo 1 de enero de 2019 del Factor de
Sostenibilidad de las pensiones.
Hay que recordar que, al contrario de lo que sucede en el Régimen General, las pensiones de los funcionarios encuadrados en el Régimen de Clases Pasivas no dependen de su base de cotización sino del haber regulador, vinculado de forma directa a sus salarios, por lo que una rebaja en éstos tiene incidencia directa sobre su futura pensión. En aquel momento los cambios regulatorios hicieron que se triplicara el número de jubilaciones anticipadas en el ámbito de la Administración del Estado, que en apenas dos años pasaron de
En 2016, último año sobre el que existen datos oficiales,
decidieron adelantar su jubilación nada menos que 15.470 funcionarios.
"Por la información que manejamos el año pasado esa cifra pudo ser igual o
incluso algo superior y en lo que llevamos de año lo que percibimos es que el
fenómeno se puede estar agravando", advierte Carlos Álvarez,
secretario general para la Administración General del Estado de la Federación
de Empleados y Empleadas de Servicios Públicos de UGT (FeS-UGT).
Los sindicatos no han tardado en poner sobre aviso a las autoridades de los
diferentes ministerios e incluso han remitido una carta a la ministra de
Empleo, Fátima Báñez, para instarla a adoptar de forma urgente las medidas
oportunas para evitar que la 'fuga' anticipada y no prevista de un número
cada vez mayor de empleados públicos acabe generando serios problemas en las
áreas de la Administración más perjudicadas por la política de reposición de
vacantes del Gobierno: los organismos de la Seguridad Social y el Servicios
Público de Empleo. "En algunos organismos de la Seguridad Social ya se ha
comenzado a desviar expedientes que debían tramitarse en Madrid a otras
direcciones provinciales cercanas ante la falta de efectivos reales para asumir
la carga de trabajo", denuncia Álvarez.
Existe además un riesgo elevado de que la situación se
agrave. De los 181.000 funcionarios civiles de la Administración General del
Estado, nada menos que 28.000 tienen más de 60 años y en la mayoría de los
casos podrán decidir jubilarse en el momento que lo estimen más oportuno. La
única restricción que pone el Régimen de Clases Pasivas para jubilarse de forma
anticipada a partir de los 60 años con el 100% de las pensión es que se
acrediten 35 años de carrera funcionarial, un requisito que la mayoría cumple.
"Sí hemos percibido un cierto 'efecto pánico'
entre los empleados públicos por el impacto que la reforma de las pensiones
puede tener sobre sus prestaciones y esa incertidumbre está llevando a muchos a
adelantar su jubilación", admite otra fuente sindical. ¿Un miedo
infundado? Tal vez. Algunas de las medidas más agresivas de las últimas dos
reformas del sistema de pensiones, como son el retraso de la edad legal de
jubilación de los 65 a
los 67 años o el endurecimiento de las condiciones para jubilarse
anticipadamente no aplicaron sobre el régimen de clases pasivas de los
funcionarios. Es más, este régimen especial para funcionarios mantuvo casi
intactos sus privilegios como explica Alain Cuenca en este artículo
en lainformacion.com.
En el punto de mira del Gobierno
Y sin embargo la inquietud de los funcionarios respecto a su
jubilación tiene base. El Gobierno pidió en su día al Pacto de
Toledo que, entre las materias a tratar para generar su nuevo catálogo de
recomendaciones, se replanteara la validez del actual sistema de
jubilación anticipada voluntaria del Régimen de Clases Pasivas de los
funcionarios, no solo por el coste público que acarrea en un marco de
restricciones presupuestarias sino por la diferencia de trato que generaba con
los empleados públicos adscritos al Régimen General, que tienen restringida su
jubilación hasta más allá de los 65 años.
La Información ha chequeado con representantes de diferentes
partidos políticos en el Pacto de Toledo si éste es uno de los temas que está
sobre la mesa en la fase final de las negociaciones de la Comisión de cara a
emitir un nuevo catálogo de recomendaciones y la respuesta ha sido negativa.
"No, no está sobre la mesa. Ni siquiera lo hemos tratado".
El otro foco de incertidumbre reside en la aplicación
del Factor de Sostenibilidad de las pensiones, que vinculará a partir del
próximo 1 de enero la cuantía inicial de éstas a la esperanza de vida real de
sus beneficiarios, de modo que un incremento en la esperanza de vida
significará un ajuste automático a la baja de la pensión ya que se disfrutará
durante más tiempo. Los estudios realizados al efecto estiman un impacto del
0,5% en la cuantía inicial de las pensiones por este nuevo elemento de cálculo
en el sistema público de pensiones.
En principio la activación del Factor de Sostenibilidad de
las pensiones no tiene por qué afectar a los funcionarios del Régimen de Clases
Pasivas ya que se enmarca en la Ley de Seguridad Social y ésta no le afecta.
Pero entre los sindicatos existe el convencimiento general de que el
Gobierno extenderá la aplicación de ese elemento al Régimen de Clases Pasivas y
ello sí podría traducirse en un ajuste incluso superior a ese 0,5% en las
retribuciones de los empleados públicos jubilados a los 60, ya que el ajuste
por esperanza de vida sería mucho más importante. Hacerlo le resultaría
muy sencillo al Gobierno. "Bastaría con que se incluyese una disposición
en ese sentido una ley cualquier o en la Ley de Presupuestos para que se
activara esa posibilidad", asegura una fuente conocedora de los mecanismos
de funcionamiento regulatorio de la Administración. Los empleados públicos ya
han comenzado a protegerse ante esa posibilidad.
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