Por Rafael Jiménez Asensio. Blog La Mirada Institucional.- Título breve. Contenido, también. El próximo mes de abril
se cumplirán diez años de la publicación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público. Enunciado de la Ley, que en su día no
objetamos (todo hay que decirlo), dictado con escaso acierto. La institución de
función pública se diluía, así, en un empleo público preñado de contrataciones
laborales poco ortodoxas. Bastardear es un verbo muy duro, pero lo cierto es
que la función pública tampoco estaba alejada de prácticas clientelares o de
nepotismo, al menos en determinados niveles.
Lo cierto es que en 2007, con el EBEP, se aprobó una
herramienta normativa potente. Por emplear un adjetivo que, con frecuencia,
utiliza Mikel Gorriti. También es verdad que con poco consenso político y con
muchas concesiones (que se hicieron) a los sindicatos del sector público (por
cierto, a cambio de nada). Un sindicalismo del sector público que, en sus
peores versiones, adopta la figura de ave rapaz. Duro juicio, pero basado en
práctica extensa. En sus peores versiones, que no son todas, sigue sin entender
cuál es el papel de la función pública en un Estado democrático.
Preocupante
Pero más triste aún es, sin embargo, que las leyes se
publican, pero rara vez se aplican. Nadie se creyó realmente el EBEP. Los
funcionarios porque de crédulos no tienen nada: han visto pasar tantos cambios
propios de Lampedusa, que perdieron la fe y algunos, incluso, las ganas de
trabajar (que no de cobrar). Los políticos, al menos aquellos que lo aprobaron,
rápidamente comenzaron a ignorarlo. A los pocos meses, el ministro promotor del
EBEP (Jordi Sevilla), cayó en desgracia. Quien fuera presidente del Gobierno en
aquel momento tal vez debiera explicar algún día por qué lo cesó: nunca lo
dijo. Los ceses a la sombra siempre nos conducen a lugares recónditos: mejor no
seguir indagando. Tras ese cese, la nueva responsable del ramo hizo de la
tierra quemada su política más evidente. No dejó títere con cabeza en el propio
Ministerio, y eso que era del mismo partido. Con amistades así … En verdad, a
partir de entonces (finales de 2007), se acabó de un plumazo la política de
función pública; hasta hoy, 2017. Luego vino la crisis, para agudizarlo todo:
el EBEP mal entendido significaba gasto, lo que se impuso fue el recorte. Y la
función pública perdió músculo, talento y envejeció en pocos años una
barbaridad.
Cuatro palancas del cambio
El EBEP, como bien explicó en su día quien fuera su
promotor político, diseñaba cuatro palancas de cambio para adaptar la función
pública española a la existente en las democracias más avanzadas: evaluación
del desempeño, carrera profesional, dirección pública profesional y código
ético de los empleados públicos.
El balance de los resultados obtenido por esas cuatro
palancas de cambio en estos (casi) diez años es sencillamente demoledor. Todo
ha resultado ser una enorme mentira. Nadie se ha creído nada. Y, por lo común,
la política menos (los “temas de personal” son incómodos y poco lucidos), pues
para uan parte de la política la función pública (o el empleo público) es –mientras
no se demuestre lo contrario- un lugar institucional donde, tal como explicara
en su día el profesor Alejandro Nieto, deben pacer plácidamente las clientelas
de los respectivos partidos. La función pública como patrimonio de la política.
Ese es el gran mal, fácilmente diagnosticable, pero sin medidas efectivas para
ser erradicado. El funcionario “amigo del poder” tiene premio; quien no lo es,
castigo.
Las cuatro palancas no se han activado. Algo, muy poco
(o, mejor dicho, en muy pocos sitios, prácticamente testimoniales), se ha hecho
en lo que a evaluación del desempeño respecta. Pero en una función pública que
prima el igualitarismo falso, nada que “discrimine”, aunque sea objetivamente,
tiene recorrido. Lo más justo (se nos intenta convencer de lo imposible) es
tratar igual a todo el mundo, aunque su rendimiento y resultados (como así es
en la práctica) sea diametralmente distinto. La justicia entendida al revés.
Dicho de otro modo: una función pública que no discrimina es materialmente
injusta. Y que nadie se eche las manos a la cabeza por la desmotivación
imperante. La paradoja es que quien más desmotivado dice estar es quien menos
trabaja. El mundo al revés.
La carrera profesional allí donde se ha implantado, en
pocos sitios y mal, ha sufrido un proceso de chalaneo burdo y barato (más bien
muy caro para los agujereados bolsillos del contribuyente): carrera se
identifica solo y exclusivamente con cobrar más (no con trabajar mejor o con
mayores resultados). Sobre todo (y eso es lo importante) que cobren “todos” lo
mismo. Nadie puede quedar fuera del reparto: haga las cosas bien, regular o
mal. Eso es indiferente. Lo importante es “la igualdad” entendida como trato
uniforme, al margen de la actitud y resultados que tengan los funcionarios.
Bochornoso espectáculo del cual el contribuyente ni se entera. La transparencia
en estos casos es opaca. Los paños sucios se limpian en casa.
Pero si vamos a la tercera palanca, la dirección pública
profesional, el incumplimiento es todavía más grave, pues permanentiza sine die
el clientelismo en la zona alta de la Administración; puesto que los niveles de
responsabilidad directiva se siguen repartiendo entre “los amigos políticos”,
por traer a colación ese excelente libro de José Varela Ortega sobre el sistema
político de la Restauración. Cien años después de ese momento histórico,
seguimos haciendo las mismas cosas. Las competencias profesionales se orillan o
son preteridas. Algo muy preocupante. Así, nunca habrá Administración Pública
moderna e imparcial, por mucha retórica que se le eche al invento. Hay pueblos
que no aprenden ni a bofetadas (por no emplear una expresión más dura).
Y, en fin, lo del Código Ético o de conducta del empleo
público, la cuarta palanca del EBEP para cambiar la función pública, ha pasado
sin pena ni gloria. Peor aún, ignorado por completo. Nadie sabe realmente que
en 2007 se aprobó por Ley un Código de conducta de los empleados públicos.
Aprobarlo por Ley fue un error, pues un instrumento de autorregulación no debe
tener soporte jurídico-normativo. Pero aun así, España fue (relativamente)
pionera en la aprobación de un Código de conducta de empleados públicos. Si
bien, la verdad es que ni siquiera estos (los funcionarios) se han enterado.
Alguien (algún empleado probo y despistado) lo debió leer, pero pronto se le
olvidó. Tras unos duros años en los que la corrupción ha campado por sus anchas
en el sector público, a ninguna institución ni gobierno se le ha ocurrido
promover (aunque algunas iniciativas hay en marcha) una cultura de infraestructura
ética en la función pública y, particularmente, de sus empleados públicos. Todo
el mundo se lo toma a chirigota. Propio de un país subdesarrollado.
Así las cosas que nadie se extrañe del estado actual en
el que se encuentra esa institución que se conoce como función pública (empleo
público). Levantarla será tarea hercúlea. Los propios funcionarios (o empleados
públicos) no se creen nada, son “viejos” resabiados (por media de edad es un
cosa obvia) y hasta cierto punto (tras 20, 30 o 40 años de servicio) instalados,
en buena medida, en “zonas de confort”. Los sindicatos del sector público nada
han entendido realmente del momento actual y necesidades de una institución
cuya única razón existencial es servir a la ciudadanía y no a los propios
funcionarios. Y la política sacó de la agenda en 2007 este tema y nunca más lo
ha vuelto a incorporar.
"Corredor de la muerte"
En suma, bien se puede concluir que el EBEP está en “el
corredor de la muerte”. Lugar inhóspito y paralizante donde –como se sabe- se
puede permanecer muchos años, tal vez décadas. Pero nada es gratis. Esa
parálisis tiene consecuencias, también económicas y sociales. No cabe olvidar
la cita que abre este comentario. Y la podemos cerrar también con otra que
procede del mismo excelente documento elaborado por un país avanzado y
ejemplar. En efecto, el Código federal canadiense de Valores y de Ética Pública
lo deja muy claro: “un sector público no politizado es esencial para el sistema
democrático”. A ver si algún día terminamos por comprender qué es lo realmente
importante de la función pública como institución. La verdad es que nos cuesta
…
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