domingo, 24 de julio de 2016

José R. Chaves: Tiempo de auditorías públicas

"Al amparo de la crisis económica el foco del control ha cambiado de objetivo y ganado en intensidad. La luz del control comienza a proyectarse y a dejar ver las miserias de la administración y dejando a los políticos al desnudo de sus corrupciones, corruptelas y despilfarros"

J.R. Chaves. Blog delaJusticia.com.- Corren tiempos en que parece que el derecho público represivo se está despertando. No hace mucho, en tiempos de vacas gordas y bonanza económica, las administraciones públicas vivían plácidamente el sueño de los frívolos, pues solía confundirse el “interés general” con el “interés particular” del gobernante de turno; éste normalmente coincidía con aquél pero a veces no era así cuando algún desaprensivo descubría la posibilidad de aprovechar las holguras del sistema administrativo para lucrarse, traficar con influencias o practicar nepotismo, o incluso para actuar arbitrariamente, porque el político consideraba que tenía una especie de “derecho al error impune”. 

Lo triste era que contaban con la coartada de que los controles no funcionaban realmente de forma rápida ni eficaz e incluso algunos nos preguntábamos si el Estado de Derecho sería capaz de atajar la corrupción.

Pero veamos de donde venimos y hacia dónde parece que vamos.

No funcionaba la vía penal por múltiples causas: un legislador lento frente a delitos tecnológicamente avanzados; el laberíntico tinglado de garantías procesales: prescripciones, pruebas válidas, cadena de recursos infinita hasta el Constitucional, lentitud exasperante, instrucciones complejas, etc; un régimen de ejecución de condenas que bien por remisiones condicionales o indultos propiciaba la impunidad práctica; o unos delitos de prevaricación o malversación cuyo perfil restrictivo convertía las escasas instrucciones penales en “puertas giratorias” con mucho ruido y pocas nueces. Una situación que paradójicamente no reinaba en otros ordenamientos penales.

Tampoco funcionaba la vía contencioso-administrativa por otras causas: una visión del control en tránsito hacia la jurisdicción protectora pero con anclaje en la vieja jurisdicción revisora (temerosa de sustituir a la administración); un sistema de legitimación restrictiva, salvo los escasos supuestos de acción pública, que dejaba impunes infinidad de actos ilegales en materia de función pública, contratación o subvenciones porque los únicos con interés supuestamente “legítimo” para impugnarlo eran los beneficiados de la felonía; una alicorta concepción de las relaciones impugnatorias entre administraciones como acto hostil a evitar; un sistema de ejecución de sentencias estimatorias aquejado de incidentes de inejecución interminables cuando no burlados por el ejecutivo, e incluso con la complicidad del legislativo para forzar la imposibilidad legal de ejecución, etc.

Y el entramado legal era deficiente: un dinamismo legislativo atroz que dejaba sumido en la incertidumbre a autoridades, funcionarios, abogados y ciudadanos; un legislador pésimo, que como el juego de naipes de las siete y media, o no llegaba o se pasaba, y venía el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Justicia europeo censurándole cuando ya la ley había sembrado de actos la vida pública; y un legislador con mala puntería por su dificultad para deslindar la concurrencia de jurisdicciones, especialmente en materia de contratación, personal o económico-financiera, siendo especialmente sangrante el reparto de competencia cuando se tropezaban con un delito contable, o el caso paradigmático del alcance, en que la jurisdicción penal, la contenciosa, la contable y la propia administración han tirado del cobertor para su lado hasta dejarlo deshilachado y mal remendado.

La crisis
Sin embargo, al amparo de la crisis económica el foco del control ha cambiado de objetivo y ganado en intensidad. La luz del control comienza a proyectarse y a dejar ver las miserias de la administración y dejando a los políticos al desnudo de sus corrupciones, corruptelas y despilfarros.

Junto a ello, se sitúa el desencanto ciudadano ante los políticos en general (siendo buena prueba la insólita dificultad para formar gobierno actualmente, que justificaría expulsar del templo del congreso a los fariseos de la política profesional).

En esas condiciones, reverdecen los controles de legalidad y particularmente los controles económicos, bajo el telón del fondo de esa valiosa palanca de control que es la Ley 19/2013, de Transparencia y Buen gobierno.

Los controles de legalidad han ganado protagonismo, y la jurisdicción penal no sólo sigue cabreada por lo que la Sala Penal del Supremo calificó de “inoperancia de la disciplina administrativa” (Sentencia de 27 de noviembre de 2009, Caso Andratx), sino que tiene el gatillo fácil frente a autoridades corruptas y las condenas por prevaricación, malversación y otros delitos contra la administración están prodigándose.

La jurisdicción contencioso-administrativa, pese a la zancadilla procesal del ominoso régimen de vencimiento en las costas procesales (que provoca incertidumbre y entierra la tutela judicial efectiva) avanza con rapidez y pone orden con creciente número de sentencias invalidantes que ponen en su sitio las malas prácticas administrativas y a las autoridades sin escrúpulos.

En paralelo, el papel de secretarios e interventores en administraciones locales, y el papel de sus homólogos – secretarios técnicos, interventores, letrados públicos, etc – en el ámbito autonómico, institucional y estatal, ha crecido en respeto y protagonismo, de manera que el manual de la autoridad prudente del siglo XXI le lleva a apoyarse en ellos y no dar pasos en falso sin su conformidad y visado.

Congreso de Auditoría de Toledo
En esta línea, me complace recordar que el Congreso Nacional de Auditoría del Sector Público que organiza la fundación FIASEP tendrá lugar en su séptima edición del 16 al 19 de noviembre de 2016 en el campus de Toledo de la Universidad de Castilla – La Mancha (UCLM), corresponsable de la organización junto a la Intervención General de la Comunidad Autónoma anfitriona, evento en que han tenido la amabilidad de invitarme para verter ideas y debatir sobre las carencias y fuerzas del control público. El programa es ambicioso pero si resulta tan fructífero como en las ediciones anteriores, creo que será un evento de los que hacen época… en época de necesario control.

Del evento ya se hizo eco Antonio Arias en este post, y dejo constancia del mismo por si resulta de interés la participación abierta en el mismo de letrados, interventores, auditores y altos funcionarios interesados en mejorar la cosa pública (e incluso profesionales privados y autoridades públicas… ¿por qué no?), que no es la “cosa nostra” como algunos desaprensivos pensaban, sino la “casa de todos”. Y por eso, todo debate claro, vivo y riguroso sobre el control de la decisión y gasto público y el papel emergente de las auditorías, ha de ser bienvenido. Aquí está la web del evento con su programa, metodología e inscripciones.

De interés: Ver Sumario: El Consultor de los Ayuntamientos nº 13/2016, de 15 de julio

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