El Congreso no da ejemplo de transparencia ¡Vaya tropa!

"No hay lugar en el Estado de Derecho para privilegios ni tampoco para parlamentarios que ensucien tan noble condición"

José Ramón Chaves.- DelaJusticia.com.-Arranca la nueva legislatura y todo son aplausos y preocupaciones por el reparto de cargos y cambalaches de poder. Espero que el nuevo Congreso arranque sin descuidar su obligado ejemplo de transparencia que está bajo mínimos.

Y es que hace dos días, me quedé perplejo cuando el Diario El Mundo divulgó que solicitó formalmente del Congreso que le facilitase algo tan elemental como es “la identificación de los parlamentarios parlamentarios que dispusieron de tarjeta taxi, teléfono móvil, tableta electrónica, línea de datos y ADSL en su hogar a cargo del Parlamento español durante la pasada legislatura”, así como “facilitar las retribuciones de los asistentes o asesores nombrados por los diputados o los grupos parlamentarios”.

La respuesta de la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso ha sido utilizar el argumento de que prevalece “la protección del dato personal frente al derecho de acceso a la información”, ¡Y se quedan tan anchos!.

Burlas

Me parece una burla intolerable. O dos burlas pues son dos los bloques de datos que se ocultan.

No hacen falta leyes de transparencia para que las autoridades públicas faciliten qué uso hacen de su cargo y como se benefician de los fondos públicos. Debería facilitarse con naturalidad como consecuencia del deber de dar cuenta del uso de los fondos públicos con ejemplaridad por parte de quien se supone es el guardián de lo público.

No hace falta que se pida formalmente por los medios de comunicación que se digan los sueldos de los asesores parlamentarios o si se cuenta con beneficios tecnológicos a costa de las arcas públicas. Debería facilitarse de oficio por el Congreso o por propia iniciativa de los parlamentarios afectados.

No hace falta que un órgano parlamentario busque argumentos jurídicos para denegarlo sino que si hay escollos legales, deberá impulsar propuestas para la transparencia pues es el propio parlamento de quien hablamos. Y si una normativa interna parlamentaria lo impide, pues debería cambiarse.

No hace falta invocar la protección de datos personales para eludir tal información, pues supone pervertir el derecho de intimidad al utilizarlo de forma impúdica. Si un ciudadano tiene derecho a conocer el uso de las arcas y medios públicos por un Alcalde, concejal o alto cargo público, también de los parlamentarios.

Y si los parlamentarios prontamente facilitaron su identidad cuando hacían su petición de móvil, tableta o línea, y que gustosamente volverían a facilitarla para renovarla si se extravía o avería, a través de procedimientos administrativos ante el Parlamento, pues me parece una vergüenza que tengan un ataque de dignidad y se nieguen a facilitar tan importante “dato personal”. Es cierto que mucho antes se facilitó la información (no personalizada, por grupos parlamentarios) de que 261 diputados renuncian a que el Congreso pague su ADSL y 51, a la tarjeta de taxis, pero bien estará conocer la identidad de unos y otros, para lo bueno y para lo malo. Aquí se detiene la transparencia, o mas bien, aquí arranca la oscuridad.

Moralidad

No es cuestión de legalidad. Es cuestión de moralidad. Me sorprende y preocupa que voluntariamente los diputados que se benefician así, de medios técnicos o de asesores, no faciliten su identificación, dando un paso adelante y confesando si utilizan tales beneficios parlamentarios.

Si existen esos beneficios es que son lícitos y por ello no debe ser vergonzoso identificar a los beneficiarios, salvo que existan intereses inconfesables. Salvo que tengan algo que ocultar. Salvo que hagan su uso para fines particulares. Salvo que hagan un uso abusivo. Salvo que se demuestre que son beneficios que no se precisan para la función parlamentaria.

Cuando la opacidad parlamentaria entra por la puerta, su credibilidad salta por la ventana. Y si la mayoría de los diputados han renunciado a esos beneficios… ¿por qué este “bloque de justos” no impulsan y se ponen de acuerdo para impedir que la minoría se escude en la protección de datos o para imponer que se condicione el disfrute de los mismos a facilitar la identidad?

Y es que, como me enseñaron en la facultad, una cosa es la prerrogativa, o facultad inherente al ejercicio de un cargo y otras un privilegio, una condición exclusiva vinculada a la persona y que es propia de tiempos feudales felizmente superados.

No hay lugar en el Estado de Derecho para privilegios ni tampoco para parlamentarios que ensucien tan noble condición.

Desde luego, personalmente no me considero representado por quien me oculta tan elementales datos, pues coincido con aquello que decía Tierno Galván con lucidez que “los políticos tenían que tener los bolsillos de cristal”.

No sé si la culpa la tienen los partidos políticos que no controlan a sus parlamentarios o si la tiene la Mesa del Congreso o si son nuestras leyes que atan perros con longaniza. Lo cierto es que como decía Hamlet, “algo huele mal en Dinamarca”.