A pesar de que la ley obliga a la transparencia, los municipios de menos de 5.000 habitantes que incluyen en sus portales datos abiertos son todavía una excepción debido a la falta de recursos económicos y de voluntad política
Por Carla Pina García.- Newtral.es.- Concretar cómo se gestionan los contratos públicos, dar a conocer el sueldo del alcalde o informaciones tan básicas como el organigrama municipal o los presupuestos anuales son solo algunos de los datos que todos los ayuntamientos, incluidos los de menos de 5.000 habitantes, están obligados a publicar en su página web desde que entró en vigor la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en todas la Comunidades españolas en el año 2015.
Sin embargo, este tipo de información pública, que es un indicador fundamental para la transparencia del municipio, no siempre aparece en sus portales por diferentes razones. Entre ellas, los consistorios más pequeños se escudan en la falta de recursos.
Pero, este hecho obedece también a otras cuestiones. Al final, la transparencia es el primer paso para la rendición de cuentas, no puede haber control sin información. “Publicar lo que haces puede indicar que no eres un buen gestor o que no cumples con los objetivos prometidos”, puntualiza Joaquín Meseguer, director general de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla y León.
6.820 municipios obligados a cumplir con la ley de transparencia
Según los últimos datos oficiales que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE) revisados a fecha 1 de enero de 2021, en España hay 6.820 municipios que tienen menos de 5.000 habitantes. Todos ellos están obligados a cumplir la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno desde el 10 de diciembre de 2015, dos años después de la aprobación de la norma y un año después de que la Administración central tuviera que aplicarla.
A juicio de Access Info, una organización que promueve la transparencia en las instituciones, el nivel de cumplimiento es bastante bajo.
Meseguer también aclara que “es cierto que en la norma no se especifica en ningún punto que los municipios tengan que desarrollar un portal de transparencia como tal, pero sí que deben publicar la información relevante que haga posible el control de la gestión pública”.
No obstante, hay algunos que con más o menos datos, sí tienen un portal de transparencia propio, pero su información no siempre está actualizada o completa, y a veces los campos a rellenar están vacíos, como es el caso de Valdelosa (Castilla y León). Otros han optado por alojar el portal en la página web de las diputaciones. Por ejemplo, Setenil de las Bodegas (Cádiz). La mayoría no tienen un portal de transparencia como tal, pero publican los datos en la página web. Así lo tiene el ayuntamiento de Aínsa (Huesca).
Los menos, como Bordón (Teruel), no cuentan con web, el lugar donde debería publicarse no solo la información a cuya publicidad obliga la ley sino toda aquella que sea importante para la opinión pública o que haya sido solicitada de forma reiterada.
Mucho ruido y pocos datos
Detrás de este elenco de posibilidades está la realidad rural, que es muy desigual. En general, la mayoría de estas entidades locales disponen de pocos recursos personales, económicos y tecnológicos (ordenadores, banda ancha…).
“Las funciones de transparencia suelen recaer en la secretaría del ayuntamiento, y en municipios muy pequeños ni siquiera tienen un secretario en exclusiva, sino que puede trabajar en dos o tres pueblos, con poco tiempo para cada uno y una carga de trabajo considerable”, dice Rafael Camacho, editor del canal de Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Por eso, aunque a priori se piense que no quieren ser transparentes, es posible que, simplemente, no puedan. “También es cierto que, si bien las obligaciones son las mismas, la carga de trabajo no lo es. No es lo mismo la cantidad de información que hay que publicar en el portal de transparencia de un pueblo pequeño que de una capital de provincia”, matiza Camacho.
Así, la información que debe aparecer se clasifica en dos grandes ejes: institucional (funciones, normativa aplicable y estructura organizativa) y presupuestaria y estadística (contratos, convenios, subvenciones y ayudas públicas, presupuestos, cuentas anuales y retribuciones).
Otro aspecto que dificulta la transparencia administrativa es que no existe un registro único al que los ciudadanos puedan acudir para encontrar los datos abiertos de todos los municipios ni un ranking con el número de visitas a los portales de transparencia por municipio.
Tampoco hay un mapa donde se evalúe la transparencia de cada localidad, aunque en los últimos meses la Universidad Autónoma de Barcelona lo empieza a vislumbrar y ha desarrollado una herramienta para ello. Este y otros proyectos similares son muy necesarios, ya que animan y presionan a las corporaciones a que compartan sus datos.
Las diputaciones, al rescate
Cuando los municipios no cuentan con medios propios, las diputaciones pueden prestar a estas entidades asistencia tanto técnica como económica en forma de subvenciones o de manera gratuita. La Diputación de Cádiz es uno de los organismos que ofrece este servicio a los pequeños municipios. Isabel Gallardo, responsable de la delegación de Innovación, Municipios inteligentes y Transformación digital, recorre los pueblos de la provincia para ofrecerles la posibilidad de que alojen el portal de transparencia en el espacio que la diputación ha habilitado para ello.
“Nosotros les damos una formación de cómo gestionar el portal para que puedan trabajar de forma autónoma y después les tutelamos y resolvemos las dudas”, explica. Al igual que en Cádiz, la Diputación de Barcelona también ofrece este servicio. Esta última es artífice del portal de Vilanova de Sau, un pueblo de 312 vecinos. Allí, Jordi Gros trabaja como secretario interventor. Entre sus funciones está la de mantener el portal de transparencia del municipio.
Como un reloj, cada tres meses actualiza los datos. “Es un tema de organización y de voluntad de servicio público”, opina Gros. También un principio de igualdad. “Sin estos portales, el nivel de transparencia de las localidades pequeñas sería muy inferior a las grandes, y eso se traduce en el desequilibrio del derecho a la información”, dice Gallardo.
Castilla y León, líder en transparencia local
En una comunidad autónoma donde el 97% de los municipios tiene menos de 5.000 habitantes, como sucede en Castilla y León, la presencia de estas administraciones es muy fuerte. Por eso, incluir a las entidades locales en la Ley de Transparencia es fundamental. Como la norma de 2015 no incluía el papel de estas entidades, se han puesto manos a la obra para confeccionar una nueva que se ajuste a la realidad del territorio.
Entre las novedades de esta futura ley, que actualmente se encuentra a punto de enviarse al Parlamento autonómico, destaca que los municipios más pequeños podrán decidir cada legislatura qué información van a publicar, además de la que ya se viene publicando y de la que marca la ley estatal, tras una consulta popular, una decisión que puede tomarse en algo tan simple como una reunión de vecinos. Serán, por tanto, los ciudadanos los que tendrán la última palabra.
“También contempla una actualización semestral en vez de trimestral y una formación al personal que lo gestiona”, señala Meseguer.
Este proyecto incluye otros cambios más culturales que normativos, están trabajando en mejorar la comunicación con el ciudadano. “No podemos limitarnos a volcar en una web expedientes incomprensibles y no debemos olvidar que los formatos deben ser reutilizables. Tenemos que traducir la información administrativa a un lenguaje que todo el mundo entienda: frases cortas, estructuras sencillas y palabras menos técnicas”, dice este experto.
A pesar de que la aprobación de esta normativa fue un auténtico hito, los ciudadanos todavía no son conscientes de ese derecho. Lo ilustra el porcentaje de visitas del portal de Vilanova de Sau, “menos del 10% de los vecinos”, concreta Gros. Tampoco las entidades locales han asumido todavía que es un derecho y que, por tanto, hay que cumplir la obligación de satisfacerlo, aunque tenga, en ocasiones, un coste en descrédito por la información que se desvela.
“Convertir una reivindicación social en ley es un paso fundamental, ahora queda que los responsables políticos y los ciudadanos se lo acaben creyendo”, explica el catedrático de Derecho Administrativo Emilio Guichot.
Pero, tal y como evidencian los testimonios, queda camino por recorrer. “La ley tiene fallas fácilmente corregibles”, denuncian desde Access Info, empezando por dar a conocer la propia ley tanto entre los funcionarios como entre los vecinos. Desde esta asociación también se muestran escépticos con las sanciones.
Guichot también añade que “la Ley estatal solo incorporó sanciones a empleados públicos por incumplimientos reiterados de la obligación de publicar en portales, pero el listado de conductas sancionables debería ser más amplio como también el de posibles infractores. Las leyes autonómicas han ido, muchas de ellas, por ese camino, siguiendo la estela que marcara la andaluza.
Pero tanto a nivel estatal como autonómico y local, las sanciones permanecen inéditas, porque es ilusorio pensar que el obligado por la ley va a autosancionarse por su incumplimiento”, señala.
No obstante, los expertos son optimistas. “Con el tiempo la presión social aumentará, lo que obligará a las entidades a ser más transparentes”, confía Isabel Gallardo, de la Diputación de Cádiz.
Fuentes:
-Datos INE sobre el número de municipios de menos de 5.000 habitantes en España
-Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
-Diputación de Cádiz
-Ayuntamiento de Valdelosa
-Ayuntamiento de Vilanova de Sau
-Ayuntamiento de Aínsa
-Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas
-Access Info Europe
-Rafael Camacho, editor del canal la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
-Emilio Guichot Reina, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla. Director del Instituto Universitario de Investigación García Oviedo
-Joaquín Meseguer, director general de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla y León
-Isabel Gallardo, responsable de la delegación de Innovación, Municipios inteligentes y Transformación digital de la Diputación de Cádiz
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