En la Comunidad Foral de Navarra, los problemas entre el Gobierno autonómico y diferentes plataformas de interinos están a la orden del día
Revista de prensa. Luis Javier Sánchez.- Confilegal.- Desde el pasado miércoles 25 de agosto la «web» del Congreso ya recoge el Real Decreto-ley 14/2021 de medidas contra la temporalidad, ya conocido popularmente como el «icetazo» [#icetazo], que se va a tramitar como proyecto de ley, tras una votación con suspense en la que el Gobierno consiguió, por un voto, convalidarlo.
En dicha sesión, María José Montero, ministra de Hacienda y de Función Publica, anunciaba que se había alcanzado un acuerdo con distintas formaciones políticas para convalidación como proyecto de ley por la vía urgente, pese a las deficiencias señaladas por todos los participantes en dicho debate parlamentario.
En su intervención, Montero anuncio varios cambios de calado como que la fase de oposición de los estos procesos no convocados con plazas de estabilización pueda no ser eliminatoria.
Junto da ello se comentó que podría utilizarse por las Administraciones Públicas el sistema de concurso puro de méritos para plazas de funcionarios interinos de más de 10 años que no estén ya incluidas en procesos ya convocados.
Una medida polémica que no gusta a nadie pese a que el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) en su articulo 61.7 permite este concurso de méritos con carácter excepcional.
El siguiente paso de la tramitación de este Proyecto de Ley de modificación del Real Decreto-ley es el envío a la Comisión de Política Territorial y Función Pública y la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del texto de partida. Esa publicación se ha hecho este lunes. En principio, el plazo para presentar enmiendas acaba el 9 de septiembre.
Se puede consultar aquí: Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad
Según el Reglamento del Congreso, «a partir de la fecha de publicación, los grupos parlamentarios disponen de 15 días para presentar enmientas (tanto a la totalidad como parciales) al texto, salvo que la Mesa, a petición de algún Grupo, acuerde un aplazamiento».
La premura por aprobar este Real Decreto-ley ha hecho que este mes de agosto todas las partes implicadas hayan estado trabajando en la tramitación de las enmiendas.
Así, lo ha hecho la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal, con un análisis detallado de dicho texto.
VUELVEN LAS MOVILIZACIONES
Cristina Grúas su presidenta, aclara que en septiembre vuelven las movilizaciones y las reuniones con los partidos políticos para recordarles lo que manifestaron en el debate de convalidación del «icetazo».
“El nuevo texto debe estar de acuerdo con las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea [TJUE] y la normativa comunitaria y definir las sanciones para las Administradoras que abusen de la temporalidad”, apunta.
En estas movilizaciones destacan una caravana de coches el próximo 16 de septiembre que llegará a Madrid y otra manifestación en la capital de España el 25 de septiembre, ahora más multitudinaria de la de mayo pasado por no haber restricciones COVID.
La posibilidad de una huelga general de este colectivo, que ya supera los 800.000 profesionales en fraude de ley, está siendo estudiada y señalan que cristalizará en función de los acontecimientos que se avecinen.
Grúas ve necesario que el colectivo de interinos esté presente en dicha Comisión de Función Pública que tramitará el «icetazo» y espera que Montero reciba a estos profesionales, cuestión que evitó Miquel Iceta en su mandato como ministro de la Función Pública.
“Este Real Decreto-ley afecta a miles de familias de España. Las consecuencias de su aprobación van a ser claves para muchos ciudadanos y ciudadanas, ahora preocupados por su futuro profesional”, aclara esta directiva.
Desde su punto de vista, “aunque el tema es complejo, la solución pasa por realizar un concurso de méritos para este colectivo. De esa forma entrarían como funcionarios. La situación se estabilizaría y no habría que pagar indemnizaciones de ningún tipo”.
INTERINOS PIDEN A JUAN ESPADAS QUE CUMPLA CON EL TJUE
Mientras tanto la actividad no ha cesado a nivel reivindicativo en la mayor parte de nuestras Comunidades Autónomas. La convocatoria de procesos selectivos en muchos lugares se mantiene y muchos interinos pierden su plaza por no aprobar esas convocatorias.
De esta forma, la Plataforma de Personal Interinos del Ayuntamiento de Sevilla contra el Fraude, iniciaba una nueva acción en Europa, de la mano del abogado y exmagistrado Fruitós Richarte, del despacho ORIGINLEX, contra el consistorio sevillano del que Juan Espadas, nuevo coordinador del PSOE en Andalucía, es alcalde.
Mediante un escrito presentado en el Registro de dicha entidad hace unos días, este colectivo pretende ejercer el ejercicio del derecho de petición, establecido en el artículo 29 de la Constitución Española conforme a la Ley Orgánica 4/2001 de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición.
En la petición tras una exposición de hechos, se solicita expresamente la aplicación del derecho de las sentencias europeas sobre el trabajo temporal.
Richarte explica a Confilegal que “con esta acción nos dirigimos a nuestra parte empleadora, para pedirle que cumpla con el Derecho de la Unión. El responsable de nuestros abusos es el Ayuntamiento de Sevilla. Ellos son los que están incumpliendo de forma dolosa el Derecho europeo y las sentencias del TJUE. Si no lo hacen les denunciaremos en Europa”.
Las quejas de los interinos han sido múltiples. Desde 2013 hay dos procedimientos de infracción abiertos a nuestro país por el incumplimiento de la normativa comunitaria en materia de interinos, tal y como el abogado Javier Arauz explicaba a Confilegal recientemente.
También este jurista aclara que “el derecho europeo tiene un efecto directo, establecido en las sentencias Van Gend en Loos o Francovich, por eso pedimos al Ayuntamiento de Sevilla que cumpla con el principio de primacía de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de las Directivas Europeas”. Fruitos Richarte, exmagistrado y abogado de interinos, autor de estas declaraciones.
Junto a ello “la doctrina Constanzo, donde se vincula a todas las administraciones públicas a la supremacía del derecho europeo, por encima de las disposiciones nacionales, incluidas las sentencias del más alto tribunal nacional, si éstas incumplen con lo preceptuado en las normas y sentencias europeas”.
“Nuestra petición se va a concretar en la paralización inmediata de cualquier acto tendente al fin de relaciones laborales o de empleo en que concurran empleados públicos temporales en situación de abuso”, señala este jurista.
El plazo de contestación es de 45 días. En el caso de que no hubiera respuesta el silencio se tomaría como negativo.
En dicha petición se indica que “las actuaciones realizadas hasta la fecha por el Ayuntamiento de Sevilla se enmarcan en un posible caso de malversación y de fraude de fondos europeos percibidos por quien incumple el derecho y sentencias europeas”.
Desde esta perspectiva, dicha plataforma considera “que la Comisión deberá además de actuar, poner en conocimiento de la Fiscalía Europea el caso, advirtiendo a la Comisión de inacción de sus funciones derivadas del tratado de la Unión en caso de no ejercitar acciones contra el Ayuntamiento de Sevilla, entre otras la de que no perciba fondos europeos de ningún tipo mientras no cumpla con el derecho”.
En otro Ayuntamiento como el de Zaragoza se hizo la misma iniciativa de derecho de petición. “Nos dijeron que no lo aplicaban porque los jueces tampoco lo aplicaban. Lo pusimos en conocimiento en su día en la propia Comisión Europea”, aclara Richarte.
4.000 DOCENTES PODRÍAN PERDER SU EMPLEO EN NAVARRA
En la Comunidad Foral de Navarra, los problemas entre el Gobierno autonómico y diferentes plataformas de interinos están a la orden del día. Los paros se han sucedido en el sector educativo donde cerca del 30 % del personal docente es interino.
El Comité de Huelga de la Asamblea de Trabajadores Públicos Temporales de Navarra ha denunciado públicamente que LA adjudicación de puestos docentes vulnera la Directiva contra el abuso de temporalidad. Sus intentos de reunirse con el Gobierno autonómico han sido, de momento, infructuosos.
De hecho, Pedro Nicolás Herrero, asesor de este Comité señala a Confilegal que las vacantes anunciadas, correspondientes a las adjudicaciones de plazas para el próximo curso docente, no están justificadas porque una gran parte de los puestos ya están ocupados por personal docente con contrato administrativo en vigor.
También revela que el Comité de Huelga ha exigido, reiteradamente, al Departamento de Educación y a Función Pública el cumplimiento de la Directiva 99/70, así como de la jurisprudencia comunitaria y del Tribunal Supremo, de forma que los contratos administrativos vigentes se modificaran sin fecha de fin, según estaba previsto en un proyecto de Decreto Foral desde el año 2018.
En este sentido, este Comité acaba de recibir una comunicación del Defensor del Pueblo de Navarra que recibió una queja de este colectivo, en la que le informa que continúa la investigación de la queja formulada sobre la duración de los contratos docentes y el abuso de temporalidad.
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