Por Bruno Pérez. Lainformacion.com.- Solo en 2019 el Gobierno de Pedro Sánchez recurrió ante
los tribunales económico-administrativos dos veces más resoluciones
desfavorables del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que los
gobiernos de Mariano Rajoy en los cuatro ejercicios anteriores. No es una
casualidad estadística. En 2018, el Consejo emitió 351 resoluciones que de modo
parcial o total instaban al Gobierno Central o a los organismos autónomos o
entidades dependientes del mismo a proporcionar alguna información que éstos
entendieron que no debía ser pública y Transparencia estimó que los
solicitantes tenían derecho a conocer.
De esa cifra total, se cumplieron 288
(el 82%) y se recurrieron ante los tribunales 18 (5% del total). En 2019, la
cifra de resoluciones desfavorables aumentó un 17%, el porcentaje de que el
Gobierno cumplió de forma automática cayó al 70% y la
cifra de las que se recurrieron ante los tribunales se duplicó hasta las 43.
Por ejemplo, la Administración Sánchez ha preferido
acudir a los tribunales a proporcionar información que el Consejo de
Transparencia - el organismo público que vela por la correcta aplicación de la
legislación nacional sobre el asunto- consideraba que debía ser pública sobre
las conversaciones
de su Gobierno con la Santa Sede a propósito de la exhumación de los restos de
Franco, sobre los medios de transporte utilizados por el presidente del
Gobierno en sus desplazamientos, sobre los fallecimientos de internos en los
Centros de Internamiento de Extranjeros, sobre
su política de contratación de asesores o sobre los detalles de las
actuaciones de organismos públicos como la CNMV o el ICAC en el proceso de
intervención del Popular.
No es una tendencia exclusiva del Gobierno de Pedro Sánchez.
Entes y organismos
públicos como Renfe, ADIF o RTVE han cogido por costumbre recurrir las
resoluciones más incómodas del Consejo de Transparencia - singularmente
aquellos que les obligan a detallar la identidad o las condiciones
salariales de sus cuadros directivos, sus asesores nombrados a dedo o los
presentadores estrella de su parrilla- a los tribunales
contencioso-administrativos para ahorrarse el mal trago de revelar una
información que hasta la fecha ha permanecido oculta y dilatar a golpe de
recurso judicial cuanto más mejor el cumplimiento de los nuevos estándares de
transparencia establecidos por ley en 2015, pero que en muchos lugares de las
Administraciones Públicas aún se niegan a aplicar.
Funcionarios de la Administración no ocultan sus sospechas
de que, en muchos casos, el recurso a los tribunales se ha convertido en
una estrategia para esquivar el cumplimiento de las resoluciones del
Consejo de Transparencia ante la galopante falta de recursos que arrastra el
organismo y que le obliga a seleccionar las causas en las que implicarse
judicialmente. Entre 2015 y 2018, Transparencia
ha tenido que invertir 200.000 euros de un presupuesto exiguo en la
contratación de abogados para litigar con el Estado, ya que el convenio para la
representación legal del organismo público suscrito con la Abogacía del Estado
no cubre en buena lógica los litigios de Transparencia con el Estado, en los
que la Abogacía ejerce la defensa de la Administración.
En los últimos dos o tres años, y al calor del incremento de
la litigiosidad con el Estado, a Transparencia no le ha quedado más remedio que
sacar a concurso su representación legal en estas causas y este mismo año 2020
se han visto obligados a mejorar en un 50% la dotación económica de este
contrato ante la evidencia de que la carga de trabajo asociada al mismo es
cada vez más elevada.
La presión financiera a la que la creciente litigiosidad con
las Administraciones Públicas somete al Consejo de Transparencia se agrava
porque desde hace tres años opera con el presupuesto cercenado de 2,2
millones de euros que le dejó la agitada negociación parlamentaria para
sacar adelante los Presupuestos de 2018, que en su caso se saldó con un recorte
presupuestario del 22% para el organismo. Cerca del 95% del mismo se lo llevan
los costes de mantenimiento de una plantilla de apenas 22 personas, muy
alejada de las necesidades reales de un organismo llamado a velar por la
correcta aplicación de la regulación de transparencia en el amplio abanico de
sujetos obligados por la norma: administraciones públicas, organismos
autónomos, consorcios, partidos políticos, sindicatos, organizaciones
empresariales, perceptores de subvenciones públicas...
Sin presidente desde 2017
El cuadro se completa con una situación de abandono
institucional, que consiente, por ejemplo, que el organismo lleve sin presidente
desde el año 2017, tras el triste fallecimiento de la que hasta la fecha ha
sido la primera y única presidenta del organismo, Esther Arizmendi.
Los últimos datos proporcionados por el Consejo de Buen
Gobierno y Transparencia no permiten albergar esperanzas respecto a un cambio
de perspectiva del Gobierno respecto al tema de la transparencia tras el
acuerdo de coalición de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. En lo que va de
año, el porcentaje de resoluciones desfavorables cumplidas por la Administración
del Estado ha caído del 70% del año pasado al 66% y ya se han recurrido al
contencioso-administrativo cuatro resoluciones, entre ellas una que pedía
aclarar el sistema de contratación y pago de medicamentos y otra que pedía
acceder a los criterios de la Abogacía del Estado para interponer recursos.
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