Los Ministerios de Sanidad y de Educación y Formación
Profesional prepararon una guía de recomendaciones
con medidas de prevención, higiene y promoción de la salud para el curso
2020-21 con las aportaciones efectuadas desde las Consejerías de
Educación de las Comunidades Autónomas. Se trata de un documento que sirve como
marco común para que sea adaptado en cada Comunidad Autónoma e implementado
según la realidad de cada centro educativo y de su contexto local.
Entre esas recomendaciones, destaca la relativa a la
comunicación a las familias. El equipo directivo debe asegurar que la
información sobre los protocolos de actuación y las medidas de prevención,
higiene y promoción de la salud implantadas en los centros educativos llegan y
son comprendidas por toda la comunidad educativa.
No se trata solo de aprobar reglas y normas de conducta,
sino, sobre todo, que sean fácilmente comprensibles por todo el mundo. También
se recomienda que se envíe la información a todas las familias, con antelación
suficiente, manteniendo un canal disponible para la solución de dudas que
puedan surgir.
La transparencia del sistema educativo es clave para superar
con éxito la crisis generada por la Covid-19.
En la Conferencia Sectorial de Educación celebrada el pasado
11 de junio, se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos (Orden
EFP/561/2020, de 20 de junio, por la que se publican Acuerdos de la Conferencia
Sectorial de Educación, para el inicio y el desarrollo del curso 2020-2021):
a) Los centros educativos dispondrán de un “plan de inicio
de curso” que establezca la organización del centro que mejor se adapte a las
condiciones de la nueva normalidad.
Cada centro adoptará las previsiones acerca del uso de sus
espacios disponibles, horarios, protocolos de movilidad, agrupamientos de
alumnos, que le permitan adaptarse del mejor modo posible a las condiciones de
la nueva normalidad.
Lógicamente, estos planes de inicio deben publicarse en la
página web de la Administración y de cada centro educativo con anterioridad
suficiente al inicio del curso escolar para que las familias puedan conocerlo
con detalle y organizarse.
Los padres desean conocer, por ejemplo, la ratio de alumnos
por aula que se aplicará en su centro; cómo se distribuirán los espacios de uso
compartido; si se realizarán pruebas PCR a los alumnos y profesores y se
utilizarán termómetros para tomar la temperatura de forma diaria; si habrá
personal sanitario en los centros; la actuación ante posibles rebrotes, etc.
b) Las Administraciones educativas prepararán los
“planes de contingencia” necesarios para que los centros docentes puedan hacer
frente a las eventualidades que se produzcan en el curso 2020-2021.
Para facilitar la elaboración de dichos planes de
contingencia, cada Administración educativa definirá un marco general y
proporcionará a los centros las orientaciones y el apoyo que necesiten.
En estos planes de contingencia deberían estar perfectamente
distribuidos, por cada centro escolar, los educadores, maestros y profesores
contratados especialmente para hacer frente a la crisis provocada por la
Covid-19.
Las Administraciones autonómicas han anunciado la
contratación extraordinaria de miles de profesionales, pero se desconoce su
concreta distribución por cada centro y los criterios seguidos para la misma.
Tampoco se conoce si se han previsto procedimientos rápidos
para sustituir de inmediato las posibles bajas del profesorado que se pudieran
producir durante el curso escolar.
c) Las Administraciones educativas adoptarán medidas
orientadas a la “reducción de la brecha tecnológica” y la limitación de sus
consecuencias.
También se ha anunciado la compra masiva de miles
ordenadores para docentes, centros y alumnos, así como dispositivos, redes
inalámbricas y acceso a plataformas digitales, ignorándose cómo se han
distribuido los mismos en cada centro y sus criterios de reparto.
En la página
web del Ministerio de Educación y Formación Profesional se informa que
“para afrontar la situación provocada por la pandemia, el Gobierno ha destinado
más de 3.000 millones de euros adicionales para educación en diferentes
partidas presupuestarias”.
Sin embargo, no se facilita información sobre cuáles son
esas partidas y su reparto entre las distintas Comunidades Autónomas, de tal
forma que resulte imposible saber si el dinero va a llegar realmente a los
centros educativos más necesitados y a las familias más desfavorecidas.
Es muy importante destacar que el artículo 10 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, impone a las Administraciones
educativas dos obligaciones muy claras en materia de difusión de la
información.
Por un lado, facilitar el intercambio de información y la
difusión de buenas prácticas educativas o de gestión de los centros docentes,
entre las propias Administraciones educativas, a fin de contribuir a la mejora
de la calidad de la educación.
Por otro lado, se dice literalmente que “las Administraciones
educativas harán públicos los datos e indicadores que contribuyan a facilitar
la transparencia, la buena gestión de la educación y la investigación
educativa”, y esta información, debe publicarse en sus respectivas páginas web
o portales de transparencia.
Como nos recuerda el Preámbulo de la Ley 8/1985, de 3 de
julio, del Derecho a la Educación, “ese control social y esa exigencia de
transparencia han sido encomendados, más directamente que a los poderes
públicos, a padres, profesores y alumnos”.
La responsabilidad del éxito de una vuelta al cole segura
frente al coronavirus recae sobre las Administraciones educativas, en primer
lugar, pero también sobre los centros docentes, el profesorado, las familias,
el alumnado y, en definitiva, sobre la sociedad en su conjunto.
Ahora bien, la importancia de los desafíos que afronta la
vuelta al cole segura con el coronavirus muy activo, hace más necesaria que
nunca una información pública a la ciudadanía que sea clara, comprensible y
transparente, acerca del uso que se hace de los medios y los recursos puestos a
su disposición, así como una valoración de los resultados que con ellos se
alcanzan para hacer posible la rendición de cuentas en materia educativa.
En la reunión mantenida el 27 de agosto entre los Ministerios
de Sanidad y Educación y los representantes de las Comunidades Autónomas, se
han despejado algunas dudas gracias a la “Declaración de actuaciones coordinadas en Salud Pública frente
al COVID-19 para los centros educativos durante el curso 2020-2021“, en la
que se recogen un total de 23 medidas y 5 recomendaciones.
No obstante, siguen sin aclararse algunas cuestiones muy
importantes ya mencionadas anteriormente que preocupan a la comunidad
educativa, por ejemplo, entre otras:
-la ratio de alumnos por aula que se aplicará en cada centro
escolar;
-cómo se distribuirán los espacios de uso compartido;
-si se realizarán pruebas PCR a los alumnos y profesores y
quién tomará la temperatura diariamente a los escolares;
-si habrá personal sanitario en los centros;
-la actuación ante posibles rebrotes;
-cuántos profesionales contratados de más o “extra” irán a
cada centro;
-si se ha previsto su inmediata sustitución ante posibles
bajas del profesorado;
-cuál ha sido el destino en cada centro de los miles de
ordenadores y dispositivos comprados;
-cuáles han sido las concretas partidas presupuestarias en
las que se recoge el aumento en 3.000 millones de euros adicionales para
afrontar la situación provocada en Educación por la pandemia de la Covid-19;
-si los padres disfrutarán o no de un permiso retribuido
cuando tengan que quedarse en casa cuidando a su hijo y no puedan acudir al
trabajo.
Esperemos que toda esta información se haga pública en los
próximos días.
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