Por Mercedes Fuertes.- EsPúblico blog.-Un brote de conflicto se acaba de añadir a la gran
preocupación que tenemos por la extensión de brotes de contagio de la pandemia:
el que quiere enfrentar a los Ayuntamientos entre sí y a éstos con el Gobierno.
Un enfrentamiento que, como lamentablemente padece la política española, está
invadido por un virus más terrible que todos los covids juntos: el del
sectarismo.
Los medios de comunicación nos han resumido, por un lado, la
fractura partidaria en una votación en la Federación española de municipios y
provincias (FEMP) y, por otro, los movimientos para aunar la voluntad de
Ayuntamientos según su color político. Y ello a raíz de un problema nada etéreo
que se lleva arrastrando como pesadas cadenas durante varios años y que sigue
restringiendo la actuación de Corporaciones, a saber, la posible utilización de
aquellas cantidades que flotan, tras superar el naufragio muchas economías
locales, como muestra de una gestión financiera sensata y razonable. Es cierto
que ello ha sido posible, entre otras consideraciones, por los límites
establecidos en la ley de estabilidad presupuestaria con el fin de sanear las
cuentas públicas, tratar de reducir la enorme cuantía de la deuda pública y
controlar el desbocado déficit público. Tales previsiones, que han conseguido
mejorar de manera apreciable la situación financiera de muchos Ayuntamientos,
sin embargo, no han llevado a similares resultados a las economías de las
haciendas regionales o de la Administración general del Estado. Y ello a pesar
de beneficiarse el Gobierno con la distribución del déficit.
Ocho años sin respuestas
Este problema lleva enquistado casi ocho años durante los
cuales sólo se ha ofrecido un liviano parche temporal: la autorización para
financiar nuevas actuaciones locales, que se pudieran costear y mantener en el
tiempo sin desequilibrar la buena salud económica, caducaba cada año y ha sido
objeto de sucesivas prórrogas.
Hace unos días se ha publicado un decreto-ley (¿se aprueba
ahora algo sin este excepcional instrumento?) que vuelve a incluir otra
prórroga facilitando el uso de ese superávit con el que cuentan muchas
entidades locales. Con anterioridad otros dos decretos-leyes (los números 8 y
11 de este año) habían permitido la utilización de una minúscula parte de esas
cantidades para servicios sociales, además de la posible adquisición de
vehículos eléctricos o con etiquetas ecológicas. El reciente decreto-ley (tiene
el número 27) acoge otras precisiones sobre los remanentes de tesorería, el
apoyo al transporte público, relaciones financieras entre Corporaciones
locales… y, además, un mecanismo de financiación que es el que ha levantado más
contestación: anuncia una transferencia extraordinaria cuando se aprueben los
presupuestos generales para aquellos Ayuntamientos que hayan cedido de manera
firme e irrevocable su superávit a la Administración del Estado.
Como personalmente me hallo en un territorio que se aloja en
las antípodas dominadas por la polémica partidista apunto algunas
consideraciones.
El nuevo mecanismo, esto es, la promesa de una transferencia
amparada en el presupuesto a aquellos Ayuntamientos que cedan su superávit es,
a primera vista, de una complejidad innecesaria. ¿Por qué no se resta ya la
parte que se les quiere permitir utilizar sin necesidad de esperar al tortuoso
camino del nuevo presupuesto? Sorprende, además, que se introduzca en la
confección del presupuesto una manifiesta discriminación entre Corporaciones locales.
Tal partida presupuestaria sólo beneficiará a determinados Ayuntamientos, a
aquellos que hayan entregado previamente sus ahorros y ante la profunda crisis
económica y social, no parece adecuado que unos presupuestos generales del
Estado discriminen entre unas Administraciones tan necesitadas como son las
Corporaciones locales. Los nuevos tiempos tienen que estar presididos por la
solidaridad y la asistencia mutua.
De otro lado, resulta desmesurado que se atribuya en
exclusiva la responsabilidad de suscribir dicha cesión al Alcalde modificando
las previsiones de contención de sus competencias financieras recogidas en la
legislación de régimen local. El decreto ley apunta que informará al Pleno en
la siguiente sesión que celebre. ¿No resulta más conforme con la distribución
de competencias locales, además de más sensato para trenzar y aunar voluntades
políticas, que se delibere de manera previa cuando hay tantos dineros en juego?
¿No evitaría la existencia de un acuerdo plenario futuras incertidumbres y
conflictos si el Alcalde pierde el apoyo de la Corporación?
Préstamo a largo plazo
Llama mucho la atención el dilatado plazo de ese préstamo
“local” a la Administración general del Estado: un mínimo de diez años que
puede extenderse a quince. Mucho tiempo de privación de unas cantidades que,
aunque se bautizan como superávit, no constituyen en términos reales ningún
sobrante en la economía municipal. Siempre hay necesidades que atender por las
Administraciones públicas, más en los Ayuntamientos que advierten de manera
directa las urgencias existentes en sus calles y plazas, y mucho más en una
época de pandemia que está acentuando una grave crisis social y económica.
Hay que saber, además, que tras este complejo diseño se
mantiene el corsé a las Corporaciones pues la financiación que reciban sólo
facilitará inversiones hacia determinadas competencias locales, esto es,
aquellas que giran sobre tres ejes: agenda urbana, determinados servicios
sociales y actividades de promoción cultural. Es cierto que estos tres sectores
constituyen ámbitos relevantes de la actuación local. Sin embargo, no
deberíamos olvidar que son los Ayuntamientos las Administraciones que tienen un
mejor conocimiento de las necesidades de sus vecinos, que las perspectivas de
los próximos tiempos son muy preocupantes, que la discrecionalidad para atender
otros servicios y actividades está ahora en la legislación local sometida a
rigurosas pautas para acreditar su adecuación y sensatez; en fin, que la
mayoría de los Ayuntamientos cuentan con menos de diez mil habitantes y
planificar, por ejemplo, la instalación de recarga de automóviles eléctricos
les resultará algo extraño cuando tienen otras carencias más esenciales.
Temo que presenciemos un tenso debate absolutamente tiznado
de sectarismo y queden postergados problemas locales, a mi juicio, más
urgentes: por un lado, ayudar a todas las Corporaciones locales a afrontar las
graves consecuencias sociales de la pandemia; por otro, modificar sin parches
temporales la ley de estabilidad presupuestaria para que quienes ejercen sus
responsabilidades locales administrando bien sus dineros puedan disponer de los
remanentes con sensatez.
Para esos dos objetivos deberían ponerse todos los
Ayuntamientos en pie.
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