lunes, 20 de abril de 2020

Sobre el control a los gobiernos durante la crisis del coronavirus (II): de las Comunidades Autónomas


Por Pedro Abellán Artacho. -Hay Derecho blog.-  Como planteaba en la entrada anterior (disponible aquí), el control a los gobiernos es una de las herramientas fundamentales que el pensamiento liberal pone a nuestra disposición para preservar nuestra libertad frente a la autoridad. En estas semanas excepcionales, no son pocas las protestas que podemos encontrar sobre el nivel de control que permite el Gobierno (de la Administración) Central (del Estado). Sin embargo, entonces ya concluimos que el control parlamentario, por vías distintas a las sesiones de control, no desapareció. Ciertamente, se tomaron algunas medidas desligadas de la situación que nos acucia inicialmente, pero esto no se ha repetido ni implican modificaciones legales de calado. Y, aunque el control mediático directo fue entorpecido, el contexto sometió al gobierno al máximo escrutinio. Además, la mayoría de estas limitaciones al control mediático y parlamentario del Gobierno ya han decaído.

Cosa bien distinta nos encontramos, sin embargo, en algunas Comunidades Autónomas. En primer lugar, debe recordarse que, aunque durante el estado de alarma el Gobierno pueda limitarlo en su labor de coordinación, no está suspendido el derecho a la autonomía de las regiones y nacionalidades que consagra el artículo segundo de nuestra Constitución. Recuérdese lo que dice el artículo 6 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19: “Cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma y sin perjuicio de lo establecido en los artículos 4 y 5”. En este sentido, no puede desde luego olvidarse que son las Comunidades Autónomas las principales depositarias de las competencias en materia de sanidad. Y que lo eran, por cierto, desde mucho antes de que esta crisis diera comienzo.

Sin embargo, un recorrido por sus páginas web y por los principales medios disponibles online deja un panorama preocupante, y poco vinculado con el color político que predomina en la cámara. Permítanme que entre en detalle, pues precisamente en su gran número se amparan demasiadas veces las autonomías para escapar al control público [1]. Así estaba la situación a viernes 10 de abril (con algunas actualizaciones posteriores que he podido introducir):

Seguimiento de la crisis
En primer lugar, algunas autonomías han encontrado las formas para ejercer el control a sus gobiernos. Entre los casos donde ha habido comparecencias, sea en diputación permanente, ante los portavoces de los grupos, ante un grupo de trabajo específico creado para el seguimiento del coronavirus o en comisiones , encontramos a Galicia,  País VascoAsturias, o Cataluña, respectivamente. El 25 de marzo, por ejemplo, el Presidente catalán compareció telemáticamente, y el día 6 se retomaron las comparecencias en comisiones de otros miembros del Gobierno. En Navarra, por su parte, el Parlamento ha reducido la actividad al mínimo necesario, pero se han celebrado plenos telemáticos y la Presidenta del Gobierno de Navarra ha comparecido en comisión. También en las Islas Baleares la Presidenta del Gobierno compareció a finales de marzo en la diputación permanente, donde además en abril se han debatido decretos leyes. Nótese que en este primer grupo de alumnos aventajados ya hemos nombrado a todas las Comunidades llamadas “históricas”, a falta de una, que merece punto y aparte: Andalucía.

Aunque no lo refleje su web, los medios informan de que el Vicepresidente de la Junta de Andalucía ha comparecido en el parlamento semanalmente, al contrario del Presidente Juan Manuel Moreno, quien habría declarado explícitamente que no piensa atender al parlamento hasta que acabe la emergencia. En una diputación permanente apoyada en no se sabe qué precepto de su reglamento, se ha aprobado un decreto ley que modifica de una vez 27 leyes autonómicas para “aligerar” trámites burocráticos. Ello, tras hora y media de debate. La decisión se recurrirá, generando una inseguridad jurídica importante. Allí, en todo caso, las sesiones de control están suspendidas, aunque la Presidenta ya ha propuesto ir recuperando poco a poco el ritmo habitual.

Efectivamente, la mayoría de las cámaras autonómicas van pensando en recuperar cierta normalidad y, con ella, los controles al gobierno, que en las primeras semanas de la crisis han mantenido totalmente suspendidos. Por ejemplo, la Asamblea de Murcia no ha tenido actividad que registre su web desde el 16 de marzo (aunque, según esta noticia, el Consejero de Sanidad ha ido informando semanalmente a los portavoces de los grupos, y el Presidente autonómico comparecerá la semana que viene, tras haberlo evitado durante todas estas semanas). También las Cortes de Aragón cerraron, pero han retomado la actividad  según refleja su web. Además, el Parlamento de Canarias, tras suspender toda actividad, piensa retomar los controles al gobierno ante la diputación permanente este 14 de abril. Y la Asamblea de Madrid tiene acordada la suspensión de toda actividad desde el 11 de marzo hasta el 12 de abril, teniéndose previsto después -no sin sonada presión de la oposición- comparecencias en comisiones de distintos miembros del gobierno a partir de entonces, incluida su Presidenta. En Cantabria el parlamento cerró las primeras dos semanas, pero entonces volvió a estar operativo con una sesión donde compareció el gobierno, sin estar muy claro cuándo se retomarán las comparecencias.

Por su parte, en Valencia la web no muestra actividad parlamentaria alguna desde el 12 de marzo, a excepción de reuniones telemáticas de la mesa (situación de falta de control alguno que terminará la semana que viene, según se ha sabido después de cerrarse este artículo). Es el caso también de La Rioja, donde se reúne únicamente la Junta de Portavoces y la mesa; la presidenta de su gobierno compareció, según Europa Press, el 27 de marzo, junto al Consejero de Desarrollo Autonómico. (Y, tras cerrar el artículo, he sabido que el Gobierno riojano comparecerá en diversas comisiones próximamente, siguiendo el acuerdo del pasado martes). Finalmente, en Extremadura se convocó a la Diputación Permanente, pero el Gobierno no comparece ante ella; según su página web, no lo hace desde el 19 de marzo. Eso sí: se espera retomar la actividad el 14 de abril, si así lo aprueba la Mesa.

En otros casos (y siempre de acuerdo con las webs de las asambleas), los controles se iniciaron y no hay previsión de retomarlos. Por ejemplo, en Castilla la Mancha hubo comparecencia por parte de la Consejería de Sanidad en la comisión pertinente el 26 de marzo, y nada más parece haber ocurrido desde entonces.  Caso similar sucede con Castilla y León: el Presidente de la Junta compareció mediante videoconferencia ante la Diputación Permanente el 17 de marzo, y ésta nunca más se ha vuelto a reunir según su web. (No fue hasta el 17 de abril que se acordó levantar la suspensión de la actividad).

Hipocresía política
Quizás habrá notado el lector que no he señalado el color político que controla las diversas cámaras; ya las sabemos todos y, con ello, podrá deducirse que la hipocresía campa a sus anchas en nuestro sistema político, pues las suspensiones de la actividad de control han sido la norma. Y, junto a ésta, destaca la falta de controles parlamentarios de ningún tipo en determinadas Comunidades, que han tenido sus cámaras cerradas durante un mes, cuando no más. Es cierto que en algunas de ellas, como Castilla la Mancha, se han encontrado importantes dificultades legales para convocar a la Diputación Permanente o tener sesiones telemáticas; pero también es cierto que en otros lugares, como en País Vasco, estas dificultades se han superado gracias a la buena voluntad de todos los grupos.

Como decía en el anterior post, la otra forma de control a los gobiernos que ha sido muy comentada recientemente es la mediática, dada la inexplicable decisión del Gobierno central de filtrar las preguntas de la prensa; una situación que, como es sabido, ya se ha subsanado. A este respecto, y ante la imposibilidad de recabar las distintas ruedas de prensa ofrecidas a nivel autonómico, sí debemos recordar que en la mayoría de nuestras regiones no existen sistemas mediáticos fuertes e independientes para hacer rendir cuentas a estos gobiernos. Me responderá el lector que a ningún nivel. Pero, además de que hay grados, es que, sencillamente, la atención de los ciudadanos no suele centrarse en estos importantísimos centros de poder; al menos, no más allá de cinco o seis autonomías que copan la agenda pública. Éste considero que es, sin lugar a dudas, el gran daño colateral sobre la calidad democrática del “café para todos”: haber cedido competencias a algunos territorios donde no existía ni una fuerte sociedad civil específicamente enfocada en el nivel autonómico, ni una clara conciencia en los ciudadanos de las competencias que gestiona su autonomía, ni un sistema mediático propio, potente y libre de deudas políticas. Hablamos de regiones donde, con poca sorpresa, y pese a sus grandes poderes, los años no han conseguido obrar el milagro de multiplicar a una sociedad civil y a un sistema mediático-informativo de por sí escasos, tan poco apoyados por nuestros conciudadanos económicamente y en participación.

Hay un tema más a tratar, aunque sea brevemente, pues en estas dos entradas en ningún momento he mencionado al Senado. No creo que sorprenda. Efectivamente, su irrelevancia (más allá de ser cámara de segunda lectura) se ha hecho aún más patente cuando la normalidad ha dejado paso a la urgencia, siendo la Conferencia de Presidentes autonómicos, así como las Conferencias Sectoriales (Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público), los verdaderos órganos de coordinación federal entre los ejecutivos de esta federación incompleta y que, pronto, deberíamos constitucionalizar.

En fin, el recorrido nos ha mostrado que tenemos casos cercanos a la ejemplaridad y casos sencillamente clamorosos. Después, nuestros políticos, obviamente, presumirán de su amor por la democracia. Pero los ciudadanos observamos atónitos las numerosas tijeras que cubren su espalda. En todo caso, no nos llevemos tampoco a engaño: la democracia misma como concepto alberga en su centro varias tensiones y, entre ellas, un enfrentamiento entre la ejecución eficiente de la voluntad popular (siempre mediatizada, interpretada, por sus representantes) y la conservación de la libertad mediante los mecanismos arriba señalados, que limitan dicha voluntad. Lo que parece de todo punto intolerable es que parte de la acción política pueda quedar sin fiscalizar públicamente a la primera excusa, y a corregir esto deberían dedicarse todos los esfuerzos posibles en cuanto pase la presente crisis, antes de que la siguiente pueda poner en mayores aprietos a nuestro edificio democrático. Para empezar, los reglamentos de las asambleas deberán modificarse para que, ocurra lo que ocurra, no queden suspendidas en los momentos en que su control se hace más necesario. En la era de Internet, sencillamente, carece de sentido. La próxima vez no podrán decir que les pilló por sorpresa.

Por nuestra parte, la de los ciudadanos sin cargos ni deudas, sigamos atentos a los movimientos de quienes nos gobiernan; a todos los niveles. Y no permitamos que el afán presidencialista de nadie destroce nuestras estructuras de control intermedias. Porque puede que al lector le plazcan más las decisiones de unos que las de otros en estos momentos, pero ni este será siempre el caso ni esos políticos que resultan de su gusto estarán en el cargo para siempre. Y por ello, si las desgastamos, más temprano que tarde, las echaremos en falta [2].


NOTAS
[1] Debido a su gran número, no he podido comprobar esta información tan a fondo como sería deseable, más allá de consultar las páginas web de las cámaras y navegar en la prensa a través de buscadores. Se agradecerá cualquier corrección al respecto. Tras cerrar este artículo, además, publicó El País este otro que aborda la cuestión, sin duda con más datos gracias a su red de periodistas, aunque menos enfocado en la rendición de cuentas.

[2] Entre los varios confidentes a los que agradezco me ayuden a pensar estas cuestiones, quiero manifestar especialmente esa gratitud a Carlos Fernández Esquer y a David Freije Coto por sus comentarios, sin que ello en ningún caso suponga que pueda atribuírseles ninguna de estas opiniones.

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