Por Pedro Abellán Artacho. -Hay Derecho blog.- Como
planteaba en la entrada anterior (disponible aquí),
el control a los gobiernos es una de las herramientas fundamentales
que el pensamiento liberal pone a nuestra disposición para preservar nuestra
libertad frente a la autoridad. En estas semanas excepcionales, no son pocas
las protestas que podemos encontrar sobre el nivel de control que permite el
Gobierno (de la Administración) Central (del Estado). Sin embargo, entonces ya
concluimos que el control parlamentario, por vías distintas a las sesiones de
control, no desapareció. Ciertamente, se tomaron algunas medidas desligadas de
la situación que nos acucia inicialmente, pero esto no se ha repetido ni
implican modificaciones legales de calado. Y, aunque el control mediático
directo fue entorpecido, el contexto sometió al gobierno al máximo escrutinio.
Además, la mayoría de estas limitaciones al control mediático y parlamentario
del Gobierno ya han decaído.
Cosa bien
distinta nos encontramos, sin embargo, en algunas Comunidades Autónomas. En
primer lugar, debe recordarse que, aunque durante el estado de alarma el
Gobierno pueda limitarlo en su labor de coordinación, no está suspendido
el derecho a la autonomía de las regiones y nacionalidades que consagra el
artículo segundo de nuestra Constitución.
Recuérdese lo que dice el artículo 6 del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19: “Cada
Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente
en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime
necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los
efectos del estado de alarma y sin perjuicio de lo establecido en los
artículos 4 y 5”. En este sentido, no puede desde luego
olvidarse que son las Comunidades Autónomas las principales depositarias
de las competencias en materia de sanidad. Y que lo eran, por cierto, desde
mucho antes de que esta crisis diera comienzo.
Sin
embargo, un recorrido por sus páginas web y por los principales medios
disponibles online deja un panorama preocupante, y poco vinculado con
el color político que predomina en la cámara. Permítanme que entre en detalle,
pues precisamente en su gran número se amparan demasiadas veces las autonomías
para escapar al control público [1]. Así estaba la situación a viernes 10 de
abril (con algunas actualizaciones posteriores que he podido introducir):
Seguimiento de la crisis
En primer
lugar, algunas autonomías han encontrado las formas para ejercer el control a
sus gobiernos. Entre los casos donde ha habido comparecencias, sea en
diputación permanente, ante los portavoces de los grupos, ante un grupo de
trabajo específico creado para el seguimiento del coronavirus o en comisiones ,
encontramos a Galicia,
País
Vasco, Asturias,
o Cataluña,
respectivamente. El 25 de marzo, por ejemplo, el Presidente catalán
compareció telemáticamente,
y el día 6 se retomaron las comparecencias en comisiones de otros miembros del
Gobierno. En Navarra, por su parte, el Parlamento ha reducido la actividad
al mínimo necesario, pero se han celebrado plenos telemáticos y la
Presidenta del Gobierno de Navarra ha comparecido en comisión. También
en las Islas
Baleares la Presidenta del Gobierno compareció a finales de marzo en
la diputación permanente, donde además en abril se han debatido decretos leyes.
Nótese que en este primer grupo de alumnos aventajados ya hemos nombrado a
todas las Comunidades llamadas “históricas”, a falta de una, que merece punto y
aparte: Andalucía.
Aunque no
lo refleje su web, los medios informan de que el Vicepresidente de la Junta
de Andalucía ha comparecido en el parlamento semanalmente, al
contrario del Presidente Juan Manuel Moreno, quien habría declarado
explícitamente que no
piensa atender al parlamento hasta que acabe la emergencia. En una
diputación permanente apoyada en no se sabe qué precepto de su reglamento,
se ha aprobado un decreto ley que modifica de una vez 27
leyes autonómicas para “aligerar” trámites burocráticos. Ello, tras
hora y media de debate. La decisión se recurrirá, generando una inseguridad
jurídica importante. Allí, en todo caso, las sesiones de control están
suspendidas, aunque la
Presidenta ya ha propuesto ir recuperando poco a poco el ritmo habitual.
Efectivamente, la
mayoría de las cámaras autonómicas van pensando en recuperar cierta normalidad y,
con ella, los controles al gobierno, que en las primeras semanas de la crisis
han mantenido totalmente suspendidos. Por ejemplo, la Asamblea de Murcia no
ha tenido actividad que registre su web desde el 16 de marzo (aunque,
según esta
noticia, el Consejero de Sanidad ha ido informando semanalmente a los
portavoces de los grupos, y el Presidente autonómico comparecerá la semana que
viene, tras haberlo evitado durante todas estas semanas). También las Cortes
de Aragón cerraron, pero han retomado la actividad
según refleja su web. Además, el Parlamento de Canarias, tras suspender
toda actividad, piensa retomar los controles al gobierno ante la diputación
permanente este 14 de abril.
Y la Asamblea
de Madrid tiene acordada la suspensión de toda actividad desde el 11
de marzo hasta el 12 de abril, teniéndose previsto después -no sin sonada
presión de la oposición- comparecencias en comisiones de distintos miembros del
gobierno a partir de entonces, incluida su Presidenta. En Cantabria el
parlamento cerró las primeras dos semanas, pero entonces volvió a estar operativo
con una sesión donde compareció el gobierno, sin estar muy claro cuándo se
retomarán las comparecencias.
Por su
parte, en Valencia la
web no muestra actividad parlamentaria alguna desde el 12 de marzo, a excepción
de reuniones telemáticas de la mesa (situación de falta de control alguno
que terminará
la semana que viene, según se ha sabido después de cerrarse este artículo).
Es el caso también de La
Rioja, donde se reúne únicamente la Junta de Portavoces y la mesa; la presidenta
de su gobierno compareció, según Europa
Press, el 27 de marzo, junto al Consejero de Desarrollo Autonómico. (Y,
tras cerrar el artículo, he sabido que el
Gobierno riojano comparecerá en diversas comisiones próximamente,
siguiendo el acuerdo del pasado martes). Finalmente, en Extremadura se
convocó a la Diputación Permanente, pero el Gobierno no comparece ante ella;
según su página web, no lo hace desde el 19 de marzo. Eso sí: se espera
retomar la actividad el 14
de abril, si así lo aprueba la Mesa.
En otros
casos (y siempre de acuerdo con las webs de las asambleas), los controles
se iniciaron y no hay previsión de retomarlos. Por ejemplo, en Castilla
la Mancha hubo comparecencia por parte de la Consejería de Sanidad en la
comisión pertinente el
26 de marzo, y nada más parece haber ocurrido desde entonces. Caso
similar sucede con Castilla y León:
el Presidente de la Junta compareció mediante videoconferencia ante la
Diputación Permanente el 17 de marzo, y ésta nunca más se ha vuelto a reunir
según su web. (No fue hasta el 17 de abril que se acordó levantar la
suspensión de la actividad).
Hipocresía política
Quizás
habrá notado el lector que no he señalado el color político que controla las
diversas cámaras; ya las sabemos todos y, con ello, podrá deducirse que la
hipocresía campa a sus anchas en nuestro sistema político, pues las
suspensiones de la actividad de control han sido la norma. Y, junto a
ésta, destaca la falta de controles parlamentarios de ningún tipo en
determinadas Comunidades, que han tenido sus cámaras cerradas durante un mes,
cuando no más. Es cierto que en algunas de ellas, como Castilla la Mancha,
se han encontrado importantes dificultades legales para convocar a la
Diputación Permanente o tener sesiones telemáticas; pero también es cierto que
en otros lugares, como en País Vasco, estas dificultades se han superado gracias
a la buena voluntad de todos los grupos.
Como decía
en el anterior post, la otra forma de control a los gobiernos que ha sido muy
comentada recientemente es la mediática, dada la inexplicable decisión del
Gobierno central de filtrar las preguntas de la prensa; una situación que, como
es sabido, ya se ha subsanado. A este respecto, y ante la imposibilidad de
recabar las distintas ruedas de prensa ofrecidas a nivel autonómico, sí debemos
recordar que en la mayoría de nuestras regiones no existen sistemas mediáticos
fuertes e independientes para hacer rendir cuentas a estos gobiernos. Me
responderá el lector que a ningún nivel. Pero, además de que hay grados, es
que, sencillamente, la atención de los ciudadanos no suele centrarse en estos
importantísimos centros de poder; al menos, no más allá de cinco o seis
autonomías que copan la agenda pública. Éste considero que es, sin lugar a
dudas, el gran daño colateral sobre la calidad democrática del “café para
todos”: haber cedido competencias a algunos territorios donde no existía ni una
fuerte sociedad civil específicamente enfocada en el nivel autonómico, ni una
clara conciencia en los ciudadanos de las competencias que gestiona su
autonomía, ni un sistema mediático propio, potente y libre de deudas políticas.
Hablamos de regiones donde, con poca sorpresa, y pese a sus grandes poderes,
los años no han conseguido obrar el milagro de multiplicar a una sociedad civil
y a un sistema mediático-informativo de por sí escasos, tan poco apoyados por
nuestros conciudadanos económicamente y en participación.
Hay un tema
más a tratar, aunque sea brevemente, pues en estas dos entradas en ningún
momento he mencionado al Senado. No creo que sorprenda. Efectivamente, su
irrelevancia (más allá de ser cámara de segunda lectura) se ha hecho aún más
patente cuando la normalidad ha dejado paso a la urgencia, siendo la
Conferencia de Presidentes autonómicos, así como las Conferencias Sectoriales (Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público), los verdaderos
órganos de coordinación federal entre los ejecutivos de esta federación
incompleta y que, pronto, deberíamos constitucionalizar.
En fin, el
recorrido nos ha mostrado que tenemos casos cercanos a la ejemplaridad y casos
sencillamente clamorosos. Después, nuestros políticos, obviamente, presumirán
de su amor por la democracia. Pero los ciudadanos observamos atónitos las
numerosas tijeras que cubren su espalda. En todo caso, no nos llevemos tampoco
a engaño: la democracia misma como concepto alberga en su centro varias
tensiones y, entre ellas, un enfrentamiento entre la ejecución eficiente
de la voluntad popular (siempre mediatizada, interpretada, por sus
representantes) y la conservación de la libertad mediante los
mecanismos arriba señalados, que limitan dicha voluntad. Lo que parece de todo
punto intolerable es que parte de la acción política pueda quedar sin
fiscalizar públicamente a la primera excusa, y a corregir esto deberían
dedicarse todos los esfuerzos posibles en cuanto pase la presente crisis, antes
de que la siguiente pueda poner en mayores aprietos a nuestro edificio
democrático. Para empezar, los reglamentos de las asambleas deberán
modificarse para que, ocurra lo que ocurra, no queden suspendidas en los
momentos en que su control se hace más necesario. En la era de Internet,
sencillamente, carece de sentido. La próxima vez no podrán decir que les pilló
por sorpresa.
Por nuestra
parte, la de los ciudadanos sin cargos ni deudas, sigamos atentos a los
movimientos de quienes nos gobiernan; a todos los niveles. Y no permitamos que
el afán presidencialista de nadie destroce nuestras estructuras de control
intermedias. Porque puede que al lector le plazcan más las decisiones de unos
que las de otros en estos momentos, pero ni este será siempre el caso ni esos
políticos que resultan de su gusto estarán en el cargo para siempre. Y por
ello, si las desgastamos, más temprano que tarde, las echaremos en falta [2].
-Ver
post anterior del mismo autor: Sobre
el control a los gobiernos durante la crisis del coronavirus (I): del Gobierno
Central
NOTAS
[1] Debido
a su gran número, no he podido comprobar esta información tan a fondo como
sería deseable, más allá de consultar las páginas web de las cámaras y navegar
en la prensa a través de buscadores. Se agradecerá cualquier corrección al
respecto. Tras cerrar este artículo, además, publicó El País este
otro que aborda la cuestión, sin duda con más datos gracias a su red
de periodistas, aunque menos enfocado en la rendición de cuentas.
[2] Entre
los varios confidentes a los que agradezco me ayuden a pensar estas cuestiones,
quiero manifestar especialmente esa gratitud a Carlos Fernández Esquer y a
David Freije Coto por sus comentarios, sin que ello en ningún caso suponga que
pueda atribuírseles ninguna de estas opiniones.
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