martes, 23 de enero de 2018

OEP 2017: Interinos frente al todo o la nada

Revista de prensa. El Mundo.- Una sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo dictaminó en septiembre de 2016 que los contratos precarios que las administraciones públicas españolas utilizan para cubrir sus carencias, principalmente en la sanidad o la educación, son ilegales. O lo que es lo mismo, que no se ajusta al derecho europeo el truco de encadenar contratos temporales para cubrir puestos permanentes.

Con ese fallo, no sólo se dejaba en evidencia el abuso sistemático durante décadas del contrato-basura para suplir la falta de personal, sino que se obligaba a la Administración a cambiar drásticamente el sistema de cobertura de los puestos de trabajo estructurales. Los interinos están para la cobertura de necesidades puntuales o para cubrir las bajas de los titulares de las plazas, pero no para ocupar durante décadas plazas estables.

Ésa es la razón por la que el conjunto de las administraciones españolas, obligadas a ponerse las pilas en materia de personal, tendrán que sacar una importante oferta de empleo para reducir la cuota de interinidades en sus plantillas. El objetivo es pasar del actual 25 de interinos a un 8% en los próximos tres años, por lo que unas 300.000 plazas interinas se reconvertirán en fijas, 40.000 de ellas en Andalucía.

¿Quiere eso decir que los trabajadores que actualmente ocupan esos puestos van a convertirse en trabajadores indefinidos? No. El proceso contempla la transformación de los puestos no de las personas que los ocupan. Por eso, frente a la satisfacción con la que la oferta se ha recibido por parte de los sindicatos que han participado en la negociación, hay quienes alertan de que esta reconversión puede acabar derivando «en el mayor ERE de la democracia en España», pues supone que muchos de los trabajadores que llevan años prestando servicio de forma precaria para la administración se queden fuera de ella si no consiguen superar los exámenes de selección.

Asociación de interinos
El abogado Manuel Martos representa a una asociación de interinos (que en pocas semanas ha pasado de 300 a más de 600 asociados) que ha levantado la voz contra el proceso que -aseguran- no respeta el espíritu de las resoluciones de la Justicia europea.

A su juicio, la administración española ha «desnaturalizado» la obligación de reconocer como indefinido al trabajador que acumule más de tres años de antigüedad. De hecho, el acuerdo firmado entre el Gobierno y los sindicatos establece que todas esas plazas salgan a oferta pública, obligando a los trabajadores que las ocupan en la actualidad a superar una fase de oposición para seguir trabajando. «Un interino que tenga, por ejemplo, 50 años y 20 de ejercicio, si no aprueba, va directamente a la calle. Y ése es precisamente el perfil medio del interino», asegura el abogado Manuel Martos.

De momento, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por esta asociación profesional, y que se fundamenta en la ilegalidad del acuerdo suscrito con los sindicatos, pues el Gobierno carecía previamente de un informe o autorización por parte de la Intervención o de los servicios jurídicos de la Administración, que es preceptivo para habilitar al ministro de turno a la firma de acuerdos.

Se trata de un defecto formal que, a juicio de los recurrentes, anula el acuerdo firmado y, por tanto, también el artículo de la Ley de Presupuestos que da luz verde a la oferta de empleo público.

Pero la cuestión de fondo es la protección de los derechos adquiridos por los trabajadores interinos de la administración.

"Los que están se quedan"
Con ese mismo objetivo, la federación de Enseñanza del sindicato CGT en Andalucía ha iniciado una campaña con el lema «Los que están se quedan», con la que solicita una doble vía de acceso al empleo público para solucionar la situación creada por la administración sin perjudicar a los trabajadores que ya ocupan esos puestos. Para el sindicato, podría establecerse, por un lado, una oposición de acceso libre y, por otro, un concurso de méritos (sin fase de exámenes) para los trabajadores interinos que ya forman parte del sistema.

«CGT se niega a aceptar, como sí parecen hacerlo ciertas organizaciones, que la forma más adecuada de reducir la precariedad laboral en el ámbito docente y ajustar el porcentaje de interinos a las exigencias de la Unión Europea consista en cambiar a unos trabajadores por otros», afirma el sindicato, que asegura que la ley admite el uso de sistemas extraordinarios de acceso para situaciones puntuales.

Además, la organización sindical recuerda que muchos de los trabajadores que ocupan plazas de interino aprobaron en su día las oposiciones a las que se presentaron, aunque se quedaron sin plaza porque la administración ofrecía un número de puestos inferior a sus necesidades reales de personal, tal y como ha quedado de manifiesto con la resolución de la Justicia europea.

Por su parte, CSIF, USTEA, CCOO y UGT también han iniciado una serie de movilizaciones en Andalucía para reclamar que el proceso reconozca la experiencia como un parámetro importante en la selección. En concreto piden que «se simplifique la fase de oposición con pruebas no eliminatorias, se amplíe la optatividad en la elección de temas, se aumente la ponderación de la fase de concurso y se incremente el peso de la experiencia docente en dicha fase de concurso».

1 comentario:

  1. Y los verdaderos culpable, los gestores elegidos cada cuatro años, se van de...
    Cuánto debemos cambiar en este país.

    ResponderEliminar