El agujero en las cuentas de las CCAA alcanza los 3.983 millones, con un déficit del 0,30% del PIB,
Por Ingrid Gutiérrez. la información.es Pese a que las reglas fiscales permanecen suspendidas hasta 2024, las autonomías debieran tratar de ajustarse lo máximo posible este año a la meta del -0,6% de déficit que les ha establecido el Gobierno
El Gobierno repartirá 10.600 millones entre las CCAA en el primer trimestre
La UE avala los PGE de España pero pide limitar las ayudas solo a los vulnerables
La deuda pública supera los 1,5 billones en septiembre y se estanca en el 116%
El Banco de
España -como viene haciendo el Banco Central Europeo con el conjunto de países
de la zona euro- ha recomendado de forma recurrente al Gobierno que controle el gasto público y restrinja las
medidas para hacer frente al impacto de la inflación en los hogares
y empresas más vulnerables. La sugerencia se amplía, en realidad, al resto
de Administraciones Públicas (AAPP) en un contexto en el que la mejora de la
recaudación tributaria -por el alza de los precios y los vientos de cola que se
han mantenido durante el primer tramo del año en términos de avance de la
actividad y del empleo- puede tentar a algunos gobiernos a tirar de gasto a las
puertas de un 2023 marcado por las elecciones municipales, autonómicas y generales.
Los últimos datos
de ejecución presupuestaria de las AAPP publicados por la
Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) evidencian que
ya hay nueve comunidades autónomas donde el
gasto acumulado de enero a agosto aumenta a doble dígito en
relación al mismo periodo del año previo. Los mayores incrementos los registran
Cantabria (15,6%) y Canarias (15,5%), seguidas de Murcia (14,5%), Castilla-La
Mancha (14%), Comunidad Valenciana (13,5%), Extremadura (13%), Andalucía
(11,9%), Galicia (11,6%) y Aragón (10,1%). Siguiendo con las de régimen común,
el aumento del gasto roza también los dos dígitos en Castilla y León (9,9%) y
Asturias (9,5%).
Pese a que el
Gobierno mantiene suspendidas las reglas fiscales hasta 2024 (al igual que ha
hecho Bruselas con los estados mientras terminan de recuperarse de la pandemia,
de una inflación dispara y de una crisis energética y geopolítica de
perspectivas inciertas), España se ha comprometido con la Comisión Europea
a mantener una senda de consolidación.
De momento, el alza de la recaudación por impuestos da un oxígeno 'extra' a las
cuentas públicas en un momento en que el Estado se ha visto obligado a ampliar
las medidas para respaldar a las familias y empresas más vulnerables ante el
encarecimiento del coste de la vida.
Hasta septiembre
los ingresos tributarios aumentaron un 18,1% en relación al mismo periodo de
hace un año, según el Informe Mensual de Recaudación de la Agencia Tributaria.
Esta mejora ha permitido al Estado reducir su desequilibrio un 72,2% hasta los
16.269 millones de euros, el equivalente al 1,24% del PIB. En el caso de las
autonomías y hasta agosto el agujero en sus cuentas
alcanza los 3.983 millones, por lo que incurren en un déficit
del 0,30% del PIB, frente al superávit del 0,10% que alcanzaron en el mismo mes
del pasado ejercicio.
Los fondos récord de la financiación y la batalla fiscal
Los Presupuestos Generales del Estado de 2023 permitirán a las autonomías beneficiarse de un alza del 23,9% en los recursos del sistema de financiación -hasta la cifra récord de 135.274 millones de euros- y de una liquidación que vuelve a ser positiva tras el valor excepcionalmente negativo de 2022 (en las cuentas vigentes el Gobierno destinó con 7.004 millones a cubrir, entre otras cosas, las liquidaciones negativas de 2020). Pese a ello, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido de que tres regiones serán incapaces de ceñirse a la senda de déficit prevista al menos hasta 2024. El año que viene Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana excederán la meta del -0,3% al que deberían ajustarse, y de momento las dos últimas se encuentran entre las que más han elevado su gasto con los datos disponibles a agosto.
Antes, al cierre
de este año, para el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha fijado un déficit del
-0,6% a los gobiernos autonómicos, el organismo fiscalizador prevé que Castilla
y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía tampoco logren ajustarse a esa
meta (que tampoco es obligatoria en ausencia de reglas fiscales). Estos cuatro
territorios sí que conseguirán reconducir su situación el año que viene pese al
mayor gasto que, se sobreentiende, llegará de cara a las elecciones autonómicas
y locales de mayo. La AIReF también advirtió recientemente de que la deuda
del conjunto de las autonomías se situará el año que viene en el 23,1 % del
PIB, si bien en cuatro comunidades superará el 30%. De nuevo, en Comunidad
Valenciana, Murcia y Cataluña, así como en Castilla-La Mancha.
Varios de estos
territorios han entrado de lleno en la batalla fiscal que viene enfrentando en
los últimos meses a los gobiernos regionales entre sí y a estos con el Estado,
y que aleja toda posibilidad de que salga adelante la nueva reforma de la
financiación. El sistema actual caducó en 2014 y desde entonces ningún Gobierno
ha sido capaz de plantear un nuevo modelo que pueda poner fin a las
discrepancias que ha generado este. Mientras tanto, el Ejecutivo acordaba el
lunes asignar 10.620,23 millones de euros a las diez
comunidades que están adheridas al Fondo de Financiación para
el primer trimestre de 2023. Cataluña será la que más dinero captará de este
reparto, con un total de 4.749,93 millones (el 44,73% del total). El fondo dota
de liquidez a los territorios a muy bajo coste, incluso en momentos de
incertidumbre como el presente.
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