Nueve CCAA disparan el gasto a doble dígito a las puertas del año electoral

El agujero en las  cuentas de las CCAA alcanza los 3.983 millones, con un déficit del 0,30% del PIB,

Por Ingrid Gutiérrez. la información.es Pese a que las reglas fiscales permanecen suspendidas hasta 2024, las autonomías debieran tratar de ajustarse lo máximo posible este año a la meta del -0,6% de déficit que les ha establecido el Gobierno

El Gobierno repartirá 10.600 millones entre las CCAA en el primer trimestre

La UE avala los PGE de España pero pide limitar las ayudas solo a los vulnerables

La deuda pública supera los 1,5 billones en septiembre y se estanca en el 116%

El Banco de España -como viene haciendo el Banco Central Europeo con el conjunto de países de la zona euro- ha recomendado de forma recurrente al Gobierno que controle el gasto público y restrinja las medidas para hacer frente al impacto de la inflación en los hogares y empresas más vulnerables. La sugerencia se amplía, en realidad, al resto de Administraciones Públicas (AAPP) en un contexto en el que la mejora de la recaudación tributaria -por el alza de los precios y los vientos de cola que se han mantenido durante el primer tramo del año en términos de avance de la actividad y del empleo- puede tentar a algunos gobiernos a tirar de gasto a las puertas de un 2023 marcado por las elecciones municipales, autonómicas y generales.  

Los últimos datos de ejecución presupuestaria de las AAPP publicados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) evidencian que ya hay nueve comunidades autónomas donde el gasto acumulado de enero a agosto aumenta a doble dígito en relación al mismo periodo del año previo. Los mayores incrementos los registran Cantabria (15,6%) y Canarias (15,5%), seguidas de Murcia (14,5%), Castilla-La Mancha (14%), Comunidad Valenciana (13,5%), Extremadura (13%), Andalucía (11,9%), Galicia (11,6%) y Aragón (10,1%). Siguiendo con las de régimen común, el aumento del gasto roza también los dos dígitos en Castilla y León (9,9%) y Asturias (9,5%).

Pese a que el Gobierno mantiene suspendidas las reglas fiscales hasta 2024 (al igual que ha hecho Bruselas con los estados mientras terminan de recuperarse de la pandemia, de una inflación dispara y de una crisis energética y geopolítica de perspectivas inciertas), España se ha comprometido con la Comisión Europea a mantener una senda de consolidación. De momento, el alza de la recaudación por impuestos da un oxígeno 'extra' a las cuentas públicas en un momento en que el Estado se ha visto obligado a ampliar las medidas para respaldar a las familias y empresas más vulnerables ante el encarecimiento del coste de la vida. 

Hasta septiembre los ingresos tributarios aumentaron un 18,1% en relación al mismo periodo de hace un año, según el Informe Mensual de Recaudación de la Agencia Tributaria. Esta mejora ha permitido al Estado reducir su desequilibrio un 72,2% hasta los 16.269 millones de euros, el equivalente al 1,24% del PIB. En el caso de las autonomías y hasta agosto el agujero en sus cuentas alcanza los 3.983 millones, por lo que incurren en un déficit del 0,30% del PIB, frente al superávit del 0,10% que alcanzaron en el mismo mes del pasado ejercicio.

Los fondos récord de la financiación y la batalla fiscal

Los Presupuestos Generales del Estado de 2023 permitirán a las autonomías beneficiarse de un alza del 23,9% en los recursos del sistema de financiación -hasta la cifra récord de 135.274 millones de euros- y de una liquidación que vuelve a ser positiva tras el valor excepcionalmente negativo de 2022 (en las cuentas vigentes el Gobierno destinó con 7.004 millones a cubrir, entre otras cosas, las liquidaciones negativas de 2020). Pese a ello, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido de que tres regiones serán incapaces de ceñirse a la senda de déficit prevista al menos hasta 2024. El año que viene Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana excederán la meta del -0,3% al que deberían ajustarse, y de momento las dos últimas se encuentran entre las que más han elevado su gasto con los datos disponibles a agosto.

Antes, al cierre de este año, para el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha fijado un déficit del -0,6% a los gobiernos autonómicos, el organismo fiscalizador prevé que Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía tampoco logren ajustarse a esa meta (que tampoco es obligatoria en ausencia de reglas fiscales). Estos cuatro territorios sí que conseguirán reconducir su situación el año que viene pese al mayor gasto que, se sobreentiende, llegará de cara a las elecciones autonómicas y locales de mayo. La AIReF también advirtió recientemente de que la deuda del conjunto de las autonomías se situará el año que viene en el 23,1 % del PIB, si bien en cuatro comunidades superará el 30%. De nuevo, en Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña, así como en Castilla-La Mancha. 

Varios de estos territorios han entrado de lleno en la batalla fiscal que viene enfrentando en los últimos meses a los gobiernos regionales entre sí y a estos con el Estado, y que aleja toda posibilidad de que salga adelante la nueva reforma de la financiación. El sistema actual caducó en 2014 y desde entonces ningún Gobierno ha sido capaz de plantear un nuevo modelo que pueda poner fin a las discrepancias que ha generado este. Mientras tanto, el Ejecutivo acordaba el lunes asignar 10.620,23 millones de euros a las diez comunidades que están adheridas al Fondo de Financiación para el primer trimestre de 2023. Cataluña será la que más dinero captará de este reparto, con un total de 4.749,93 millones (el 44,73% del total). El fondo dota de liquidez a los territorios a muy bajo coste, incluso en momentos de incertidumbre como el presente.

La autonomía olvidada: Los ayuntamientos ante la crisis

"La vida política se nutre de las preocupaciones, aspiraciones y tendencias que forman el contenido o materia municipal” (Adolfo Posada, El régimen municipal de la ciudad moderna, FEMP, 2007, p. 204)

Por Rafael Jiménez Asensio. La Mirada Institucional blog.- Solo la casualidad ha querido que el Real Decreto-Ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales, coincida en el número de la disposición con la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Ambas disposiciones normativas, la primera una norma excepcional (pendiente de convalidación parlamentaria por el Congreso de los Diputados) y la segunda una Ley ordinaria de carácter básico, dictadas por diferentes Gobiernos y de distintos colores, representan probablemente las dos agresiones normativas más serias que la autonomía local ha recibido en la etapa constitucional. Particularmente dirigidas ambas, contra la autonomía municipal. Pero no es momento de precisiones.

Con la LRSAL fui muy crítico y no lo puedo ser menos con este Decreto-Ley, por razones de coherencia personal e institucional. Quien crea de verdad en la autonomía local, no puede compartir ninguna de ambas normas. Tampoco esta última, se adorne el producto como se quiera. Cuando la leí, ciertamente me quedé perplejo: si las entidades locales -como se afirman- son el único subsector de las cuentas públicas saneado financieramente, se les premia con la indiferencia y el abandono. Que se las apañen solas, las que tengan “ahorros” con lo que les transfiera el Estado una vez se haya hecho con ellos como préstamo, las demás que se queden a su propia suerte. Injusto y discriminatorio. Hasta un alcalde tan prudente y equilibrado como el del Ayuntamiento de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha tenido que poner el grito en el cielo ante semejante desatino. Y como él otros muchos, alcaldes y alcaldesas.

La LRSAL supuso un ataque frontal a la autonomía político-institucional de los municipios, así como en algunos aspectos también en su dimensión económico financiera; el reciente Decreto-Ley 27/2020 deja la autonomía económico-financiera y, sobre todo, la suficiencia financiera de los ayuntamientos, así como la necesaria y urgente prestación de los servicios básicos a la ciudadanía en la durísima etapa “post-Covid19” que viene, completamente por los suelos. Es difícil justificar unas medidas tan hirientes, por mucho que se empeñe el legislador excepcional en la exposición de motivos en buscar todo tipo de adornos dialécticos. Al margen ahora de su más que dudosa constitucionalidad tanto formal (por atribuir al Alcalde y no al Pleno una decisión existencial de la Hacienda Municipal) como material (por las innegables desigualdades que genera en el tratamiento de los municipios y a su ciudadanía).

Ambas disposiciones normativas tienen en común, además, que fueron o han sido capaces de aunar en contra de ellas a todos los grupos políticos y alcaldes de todos los colores, salvo entonces los del PP y ahora los del PSOE. Ya en 2013 hubo algunas voces críticas municipales en las filas del PP. En estos momentos, llama la atención que alcaldes socialistas muy activos con la defensa a ultranza de la autonomía local y también con la posibilidad de utilizar los remanentes de tesorería sin tales hipotecas financieras como las dibujadas diabólicamente por esa norma excepcional que salió publicada en el BOE un 5 de agosto, guarden un mutismo absoluto. En política local, quienes ejercen las alcaldías se deben siempre a su ciudad y a sus gentes, antes que al partido. Quien no vea esto, probablemente no ha entendido nada.

Desconcierto

Mi primera percepción ante estas medidas es de desconcierto, después de tristeza. Nadie se toma en serio la autonomía local. Ni en nuestra historia contemporánea, ni en la ya larga etapa constitucional de 1978, ni tampoco en estos momentos. En 1985, con todas sus limitaciones, se edificó un primer edificio normativo local (la ley de bases de régimen local), que prometía grandes esperanzas. Pronto se vieron parcialmente arruinadas. Aun así, hubo intentos de despegar el vuelo del mundo local; pero siempre se le bajó a tierra. Que en 2020 el porcentaje del gasto público sobre el conjunto del sector público se mueva en porcentajes parecidos que hace veinte o treinta años nos lo dice todo (por ejemplo, a principios de siglo era el 13 por ciento, mientras que en 2016, tras la crisis, había bajado al 11,2 por ciento; datos extraídos de Juan Echániz Sans, Los gobiernos locales después de la crisis, FDGL, 2019, p. 25). Autonomía pobre  e ignorada.

Me produce también honda decepción que quienes lideraron la transformación de los ayuntamientos hayan olvidado sus esencias y de dónde venían. Al menos durante un período, antes de que la política se transformara en comunicación y los partidos en oligarquías cesaristas cerradas, la defensa de la autonomía local había sido una bandera del socialismo español que supo concitar voluntades, entre otros momentos críticos, cuando se produjo, por ejemplo, la agresión de la mal denominada reforma local. Debe ser que el poder (central) todo lo transforma o que el Covid19 termina nublando hasta los sentidos más básicos del gobernante, también las voluntades de defensa de autogobierno de los mandatarios locales, que se convierten, así, en monaguillos de polémicas e irreconocibles decisiones políticas. También me ha sorprendido desagradablemente que en la FEMP se haya aprobado tal acuerdo con el voto de calidad de quien ocupa su presidencia, alcalde de gran trayectoria y no menor prestigio que en el final de su carrera política ha preferido apostar por el Gobierno que tejer voluntades para obtener un buen acuerdo y sacar los dientes, si fuera preciso, frente al Ministerio del ramo. Votar, cuando una decisión ya está tomada, es apostar por fragmentar una organización y dejar hondas heridas que tardarán en cicatrizar. Un triste bagaje queda en esta coyuntura: la FEMP está herida de muerte, o al menos ha quedado tan tocada como la siempre olvidada autonomía local. Este virus político devastador propio de la pandemia no va a dejar una institución en pie. Y las que queden, colonizadas hasta los tuétanos.

Pero bajo el manto de un silencio sepulcral en un agosto tórrido y extraño, que no augura nada bueno, se esconde malestar e indignación. Los alcaldes han saltado en 2020, como lo hicieron en 2013. La paradoja es que son distintos. Nada hay peor que creer que la autonomía local sólo la defiende la oposición y no el gobierno de turno. El sentido institucional es algo que se perdió en España hace mucho tiempo y que no terminamos de encontrarlo de nuevo. De ahí a considerar que lo local -como apuntara Manuel Zafra- es una materia objeto de transacción como cualquier otro sector o ámbito de gobierno, sólo hay un paso. Los Ayuntamientos son un nivel de gobierno y una institución central en el funcionamiento del Estado. Y hacen más feliz o infeliz la vida y existencia de sus ciudadanos. Son la argamasa en la que se fijan los pilares del Estado constitucional. Mientras eso no lo vean nuestros distantes gobernantes (aquellos de 2013 y estos de 2020), solo habrá ceguera en política. Que, al parecer, abunda.

Un marco normativo en ruinas

El marco normativo institucional local está en ruinas. Treinta y cinco años de innumerables y desordenadas reformas a la carta han dejado la vida político-institucional local exhausta, con un traje ceñido  e incómodo que impide la necesaria adaptación y en un terreno (ordenamiento jurídico y tribunales de justicia) siempre plagado de arenas movedizas. La financiación local es un tema peor resuelto aún. Se han hecho estudios e informes, algunos muy importantes, sin que ninguna decisión política se tome al respecto. Siempre se aplazan. Para mejores tiempos, que nunca llegan.

A pesar de ese oscuro cuadro político-normativo general, hay Comunidades Autónomas que llevaron a cabo reformas del gobierno local ciertamente pioneras e innovadoras (Andalucía, Euskadi, y la última de ellas, con gran aplomo, en Extremadura). Las instituciones no se cambian por leyes, sino por la práctica gubernamental y política. También por el actuar de los propios ayuntamientos y de sus alcaldes. Y algunos pasos importantes se están dando, como decía, en determinados territorios, aunque desde Madrid no se vean y muchos menos se entiendan. Convendría que algunos de estos modelos se conocieran realmente, pues para el aprendizaje colectivo, también de la propia política, sería importante.

Son los gobiernos locales, en cuanto estructuras institucionales de proximidad a la ciudadanía, los niveles de gobierno que gozan de mayor legitimidad y reconocimiento ciudadano, mucho más que las omnipresentes Comunidades Autónomas y también mucho más que la aparente fortaleza del (finalmente débil) Estado. Estar en la trinchera de los problemas inmediatos y buscar soluciones a las necesidades reales de la ciudadanía, que muchas veces aparentan no tenerlas, ha encumbrado la gestión de innumerables alcaldes y de sus equipos de gobierno.

Hacer política de regate corto con los ayuntamientos es errar el tiro. Ahogar financieramente más de lo que están a quien no tiene superávit porque tuvo unos gobiernos que dilapidaron los recursos o endeudaron más allá de lo razonable a sus ayuntamientos, no puede castigar a una ciudadanía que lo está pasando igual de mal (o peor) que la de los pueblos o ciudades de al lado. Tampoco se entiende premiar a quien, en algunos casos, no supo ejecutar un presupuesto. En los ayuntamientos se hace política, pero sobre todo gestión, ambas de proximidad. Porque si algo no comprendió el poder central en 2013 y sigue sin comprender ahora en 2020, es que la simbiosis entre ayuntamientos y ciudadanía es muy intensa. El sentido de pertenencia es muy alto. Y las agresiones institucionales o la cuarentena financiera concitarán rechazo. También entre la propia ciudadanía. Los alcaldes lo pueden justificar de forma muy obvia: no nos llegan recursos extraordinarios porque el Gobierno no quiere o no nos dejan disponer plenamente de nuestro superávit (o “ahorros”).

Si lo que se pretende hacer con los ayuntamientos (pues aún falta el trámite de convalidación por el Congreso) se hubiera realizado con las Comunidades Autónomas (aunque estas, por lo común, sólo tienen déficit), ya tendríamos incubada una sublevación institucional de proporciones estratosféricas. El nivel local de gobierno ha sido el gran olvidado del maná público presupuestario, financiado, al fin y a la postre con las (esperadas) ayudas europeas o con deuda pública, pues la caída de ingresos fiscales en 2020 será espectacular.

Sin embargo, la paciencia tiene un límite. También la de los Ayuntamientos. Tengo la impresión de que el Gobierno no ha medido bien sus pasos, la necesidad apremiante de recursos financieros le ha hecho buscar atajos políticos atacando una vez más al más débil y con consecuencias incalculables. Querrá arreglarlo todo mediante una negociación cruzada en la votación de convalidación del Decreto-Ley, como nos tiene acostumbrados: sacar el conejo de la chistera en el último minuto con mil y una concesiones puntuales. No obstante, la estructura del Real Decreto-Ley tiene vicios no sanables de edificación, que lo hacen difícilmente reformable, salvo aplicar medidas de apuntalamiento. La imperiosa necesidad de recursos financieros que asoma a unas arcas vacías y sin expectativa alguna de reponerse a corto plazo, ha precipitado una decisión que, se mire como se quiera, es un auténtico atropello a la autonomía local; además, condena a la ciudadanía española (o a una parte de ella) a tener peores servicios públicos locales y ata de pies y manos a los gobernantes locales frente a la durísima crisis del Covid-19 que no ha hecho sino comenzar. Esta decisión sí que “dejará gente atrás”. Y mucha. De carne y hueso.

Lamento que este nuevo paso en la desescalada del autogobierno local lo hayan liderado precisamente quienes se opusieron en 2013 a aquélla otra afrenta a la autonomía local. La paradoja es que han cambiado las posiciones políticas, pero el problema sigue siendo el mismo. Las crisis enturbian profundamente el sentido de la realidad. Más aún en un contexto tan serio y largo como el que ya estamos viviendo y del que todavía nos queda por transitar (crisis sanitaria, humanitaria, económica, social e institucional). En fin, confiemos en que la razón y el buen juicio se impongan, y se enmiende este grave desacierto inicial que, si bien con muchas dificultades, aún podría tener algún remedio o paliativo (aunque la solución óptima, siempre enemiga de la que saldrá, sería derogar ese Decreto-ley). A la política de verdad, en todo caso, le toca poner la solución. Aunque el negro panorama que se advierte en el horizonte financiero inmediato no augure precisamente salidas fáciles a la situación creada. Los malos tiempos para la autonomía municipal, que ya creíamos olvidados, irrumpen de nuevo. Una pena

Epílogo

En un tono más personal, debo añadir que con este Post he roto el silencio estival que me había propuesto, con la finalidad de dedicarme profesionalmente a mis asuntos más urgentes, realizar innumerables lecturas pendientes (que alguna de ellas estoy reflejando y reflejaré en entradas anteriores y posteriores a esta) y, en particular, con la vana pretensión epicúrea de buscar algo de distancia frente a una inmediatez política, económica y social, también mediática y de las propias redes, claramente atosigadora y asfixiante. Y que sólo trae malas noticias, aunque se edulcoren. La situación, sin embargo, por su innegable importancia, me ha exigido hacer esta excepción, que ya anticipo no será la regla. Vuelvo a mi trabajo (por cierto, en varios frentes con la mirada puesta en lo local), lecturas y, si me es posible, a disfrutar de algún período de descanso.

Hace casi siete años, cuando se aprobó la LRSAL, me llamaron para formar parte de una Comisión técnica redactora del conflicto en defensa de la autonomía local, que promovieron finalmente 2.393 municipios. Me sumé entusiasmado al reto, que tuve que abandonar de inmediato por el deterioro de la salud y ulterior fallecimiento de mi padre. Aún así, a partir de entonces difundí, en diferentes foros académicos y políticos, así como en distintos escritos,  innumerables críticas a una reforma local hecha desde Madrid por quienes ya entonces -denunciaba- desconocían el mundo local (valga como ejemplo puntual el artículo sobre la LRSAL publicado en el Anuario Aragonés del Gobierno Local de 2013, número 5, que dirige el profesor Antonio Embid Irujo). Allí, entre otros muchos trabajos, podrá buscar el lector interesado una defensa a ultranza de la autonomía municipal que, si bien realizada igualmente o en términos académicos con mayor rigor por otros muchos colegas académicos y profesionales, sigue siendo necesaria en nuestros días. Y, al parecer, lo seguirá siendo mucho más a partir de ahora. La crisis que viene es inmensa y superarla razonablemente requerirá mucho tiempo y constancia, también trenzar acuerdos transversales como muchas ciudades están haciendo; pero especialmente será necesario disponer de gobiernos municipales sólidos que trabajen por la transformación y la Gobernanza Pública en un marco de la Agenda 2030, que no conviene olvidar nunca, pues su finalidad, como se expone en todos los documentos, es “no dejar a nadie atrás”. Y, por lo que estamos comenzando a ver, tanto personas como algunas instituciones (ayuntamientos, entre otras) se están quedando atrás. Si alguien no lo remedia.

Montero asegura que "nunca" se ha barajado financiar con los ahorros municipales el fondo para las CCAA

Revista de prensa.- Agencia Europa Press.- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que en ningún momento se ha barajado la posibilidad de financiar el nuevo fondo de 16.000 millones para las Comunidades Autónomas a través de recursos de las entidades locales, que cuentan con el superávit de 2019 y remanentes de años anteriores.

Montoro ha dejado claro ante el Pleno del Congreso que "nunca, en ningún momento, para nada" se ha planteado en ninguna reunión que esa nueva herramienta para las autonomías esté dotada con fondos locales. Ha insistido en que el Gobierno pone a disposición de las Comunidades 16.000 millones, de manera que sea el Ejecutivo "el que se endeude" y no los gobiernos autonómicos.

La ministra ha dado esta explicación al portavoz de UPN en el Congreso, Sergio Sayas, quien en el Pleno de hoy le ha pedido una aclaración sobre esta posibilidad de que se recurra a fondos locales para financiar ese instrumento para las CCAA. El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha afirmado que hay comunidades que han pedido utilizar los remanentes de los ayuntamientos para este fin.

La ministra ha criticado la pregunta del diputado. "No voy a caer en la trampa de que se invente una noticia para que yo la desmienta y parezca que usted ha arrancado un compromiso al Gobierno", le ha dicho a Sayas. "La pregunta es interesada: ni se ha trasladado, ni contado en ninguna reunión que la dotación de este fondo tenga procedencia o fuente de las entidades locales. Nunca, en ningún momento, para nada", ha zanjado.

El Gobierno de Sánchez promete más gasto a comunidades y ayuntamientos en año electoral

-El Gobierno dará a las comunidades 2.500 millones adicionales de margen en el gasto el próximo año

Revista de prensa. El Mundo.-El Gobierno de Pedro Sánchez dio ayer un paso más en su proceso de elevar el gasto y ofreció tanto a las comunidades autónomas como a los ayuntamientos un incremento de sus recursos disponibles en 2019, año que estará marcado por la celebración de las elecciones locales y autonómicas.

Primero, por la mañana, los ministerios de Hacienda y de Política Territorial se comprometieron con las entidades locales a flexibilizar la regla de gasto y ampliar el uso del superávit. Tal y como explicó la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Ejecutivo estudiará la manera de flexibilizar su aplicación y la dotará de una mayor transparencia, aspectos que los ayuntamientos habían demandado en más de una ocasión al Gobierno de Mariano Rajoy.

Flexibilizar la regla de gasto de ayuntamientos

En términos de superávit, el Ejecutivo prorrogará los criterios aplicados el pasado año en materia de inversiones financieramente sostenibles, y estudiará «la posibilidad de que la parte municipal de los programas europeos se pueda financiar con cargo al superávit y sin que compute en la regla de gasto». En otras palabras, dará más libertad para que los ayuntamientos puedan gastar más y en más aspectos, y así lo evidenció el presidente de la Femp, Abel Caballero, que aseguró estar «más esperanzado que nunca» ante la «receptividad» del nuevo Gobierno.

Y por la tarde, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ratificó lo que ya había adelantado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: que las comunidades tendrán dos décimas de gasto adicional el próximo ejercicio, lo que supone unos 2.500 millones más. En concreto, los gobiernos autonómicos deberán cerrar con un déficit del 0,3% en lugar del 0,1% previamente previsto, y les obligará a reducir su desviación presupuestaria en sólo una décima, ya que este ejercicio deben terminar en el 0,4%. De esta manera, el Ejecutivo desvía a las autonomías parte de las cinco décimas adicionales que logró en la nueva senda que comunicó a Bruselas.

A ello hay que sumar que Montero planteó también una «reestructuración global» de la deuda de las comunidades autónomas para que puedan volver a salir a los mercados y recuperar «su autonomía financiera y política». Esta medida, que ya había planteado el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, permitirá a las autonomías «transitar más fácilmente» por su calendario de amortización. Además, en el caso de regiones con problemas para solventar lo que ha descrito como «deuda estructural», como es el caso de Cataluña o la Comunidad Valenciana, el Gobierno proyecta una modificación por la que buena parte de su pasivo pasaría de corto a medio plazo.

Techo de gasto 2019

La jornada de ayer supuso el paso previo a la aprobación del techo de gasto de los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Montero ya adelantó ayer que el dato será superior al de 2018, cuando se situó en 119.834 millones de euros, mientras que Podemos ya le ha pedido al Gobierno que dispare la cifra en 15.000 millones 

¿Qué perjudica más a los ciudadanos la corrupción o la incompetencia? La gestión de la Gran Recesión por la Generalitat de Cataluña

"Mucha mirada al pasado y poca al futuro para intentar resolver los problemas que más afectan a la ciudadanía" 

Daniel Iborra. Blog ¿Hay Derecho?. ¿“Una mala gestión de los recursos públicos es la garantía de que la ciudadanía no encontrará nunca satisfacción a sus necesidades. Si no se administran rigurosamente y con austeridad, con un plan de prioridades basado en el interés común y con una especial dedicación a la economía, base del bienestar general, los ingresos se perderán por resquicios, cada vez más numerosos, sin que nunca lleguen a su destino final”

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Sede de la Generalitat catalana

uando se extendió nuestra gran crisis, mientras buena parte del sector productivo privado inició una profunda reconversión, este camino no fue seguido, en general,  por nuestro sector público.

No fue  el caso de Navarra, sus buenos datos en empleo y reactivación no eran casuales. Navarra fue la primera  comunidad en aprobar un plan específico contra la crisis, a mediados de 2008, que se sustentaba en la reducción de gastos de la administración, el incremento de la inversión pública y la adopción de planes sectoriales. Así fue la primera administración en aprobar un plan renove para turismos y vehículos y para autónomos.

En enero  de 2009, crearon una comisión anticrisis integrada por el Gobierno de Navarra, el Partido Socialista de Navarra, la Confederación de Empresarios y los Sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Los navarros no sólo demostraron una mejor capacidad de análisis y de la gestión de la crisis sino una mayor madurez democrática, parecían de otro país. Los que siguieron el ejemplo navarro también obtuvieron mejores resultados que el resto.

Uno de los casos de más grave incompetencia se dio en Cataluña.

Mientras duró el boom inmobiliario, los gastos fueron en paralelo al enorme crecimiento de ingresos debidos a su expansión .Cuando, a partir del primer semestre del 2.006, estalla la burbuja inmobiliaria los gastos continuaron creciendo desviándose de los ingresos. Los gestores públicos estuvieron gastando hasta el 2010, como si la burbuja inmobiliaria no hubiera concluido.

A la incompetencia en el diagnóstico y por lo tanto, en el tratamiento de la crisis, se sumaron los graves defectos estructurales derivados del sistema de gobierno múltiple de partidos con programas diferentes y hasta contradictorios.

En esas condiciones, es muy difícil pactar un programa de gestión pública que ajuste los gastos sociales a los ingresos y estimule la economía con medidas en favor del sector productivo para recuperar el nivel de empleo y de renta,  destruidos por la crisis inmobiliaria y más si sus principios ideológicos son contradictorios con esos objetivos.

Incompetentes

Asimismo, este reparto político, no técnico, de carteras impide que estas sean dirigidas por los más competentes. No es  extraño que se adjudique la gestión de departamentos a personas sin ninguna preparación profesional.

La manera de evitar fracturas que pongan en riesgo la continuidad de una coalición de estas características, es la de no tratar temas que puedan generar conflictos entre ellos, así queda paralizada una parte importante de la gestión.

Para que esto no se note demasiado, los dirigentes políticos se convierten en máquinas de distracción popular con mucho cuento, mucha memoria histórica, especialmente sobre la Guerra Civil que encienda pasiones y controversias, mucha revisión de errores y gastos de los anteriores, continuos gestos que llaman la atención pública y promesas de imposible cumplimiento. Mucha mirada al pasado y poca al futuro para intentar resolver los problemas que más afectan a la ciudadanía. Se promocionaron con la crítica y luego continuarán con la misma.

En definitiva, espectáculo permanente, mucha propaganda y poca gestión y sin pulso económico, como los problemas y la falta de recursos van aflorando, más deuda e impuestos.

El problema del desplazamiento de la responsabilidad al exterior es enormemente dañino en todos los campos, porque oculta las fuentes internas de los problemas y al no corregirlos, hace insolubles las carencias.

A consecuencia del “cambio ideológico”, las condiciones de competitividad del sector productivo fueron empeorando durante este periodo, de manera que un buen número de empresas y particulares se deslocalizaron tanto al exterior como en el interior, buscando un marco legal y fiscal más favorable para sus patrimonios y sus productos.

Se paralizaron muchas actividades empresariales e inversiones en infraestructuras productivas ante el desacuerdo entre los componentes del tripartito, por la visión “ecológica y social” de una buena parte de sus miembros.

Esta despreocupación por la economía y el nivel de vida de los ciudadanos, es lo que da explicación a que, en un estudio de FUNCAS sobre el comportamiento de las autonomías en la crisis económica, Cataluña tuviera unos resultados peores que los de las autonomías que mejor la aguantaron (Navarra, Madrid, País Vasco y Castilla y León), presentando un mayor deterioro en la evolución del paro y de la pobreza económica que la mayoría de ellas.

Una constante fue la mala gestión pública hasta en la época en que más  se habían reducido los ingresos.

En marzo del 2.008, Mas denunciaba que “al dejar CIU el gobierno, había en la Generalitat, 129.510 personas contratadas, sin contar las empresas públicas, ahora la cifra se ha elevado hasta las 178.948…y entre ellas hay 5.000 personas más que trabajan en los servicios centrales de las consellerías colocadas por el tripartito. Mientras, en 2003, había 149 altos cargos y 227 puestos para personal eventual de confianza, ahora hay 236 altos cargos y 323 eventuales. Y la cifra de empleados públicos fue creciendo hasta el cambio de gobierno (informe PIMEC 5/2012). CIU denunciaba, a finales de julio de 2010, que entre abril y julio se habían realizado 758 nombramientos, en contra del decreto de ahorro y medidas anticrisis.

El rescate de Catalunya

De Sala i Martin, en su conocido artículo sobre “ El rescate de Catalunya”, recortamos el siguiente texto ”Todos sabemos la lista de malgasto : construcción de aeropuertos y otras infraestructuras absurdas, despilfarro masivo en un Forum de las Culturas lamentable, aumento del gasto sanitario como si la bonanza tuviera que durar toda la vida, cartillas para todo el mundo, contratación de amigos, parientes y afiliados (“la menjadora”), encargos de estudios de consultoría, campañas de publicidad con fines electorales, estaciones de metro decoradas por los mejores y más caros arquitectos y diseñadores del mundo y hasta algún conseller sostenible y solidario diseñando su propio edificio de oficinas al estilo Feng Shui, cargando unos 42 millones de euros al contribuyente . Todo esto, en lugar de invertir en la competitividad del país y preparar a estudiantes, trabajadores y empresarios a encontrar alternativas si algún día llegaba  la crisis. Resumiendo: una vergonzosa demostración del escaso respeto que el Govern de la Generalitat tenía por el dinero del contribuyente”.

Antoni Castells desvió el origen del déficit al modelo de financiación pactado en 2001 por Jordi Pujol y Aznar , Mas respondió que fue un modelo que dio buenos frutos hasta 2007 y que la situación deficitaria se debía al aumento desmesurado de los gastos de la actual Administración.

Como se pudo comprobar con la aprobación del nuevo sistema de financiación por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el origen del problema estaba en la mala gestión pública.

El 15 de julio de 2009, día de su aprobación,  “La Vanguardia” recogía un artículo de Nuria Bosch “ Una buena financiación” que coincidía con el comentario de conseller de Economía Castells “el acuerdo permite desarrollar el Estatut en toda su potencialidad y .. los ingresos de la Generalitat procederán casi en exclusiva , en un 96 por ciento, de los impuestos que pagan los catalanes. con el nuevo modelo Catalunya avanza hacia un modelo federal . La Generalitat destacaba que “por primera vez los recursos per cápita de Catalunya se situarán por encima de la media de las autonomías”. En el detalle de ingresos no financieros del presupuesto de 2011, el subtotal de tributos cedidos parcialmente ( IRPF, IVA y resto) daba un salto del 56%, pasando de 9.375,9 millones en 2010 a 14.667.1 en 2011.

Cuando, en el 2010 se produce el relevo y accede  Artur Mas a la presidencia, le dejan una herencia catastrófica en endeudamiento, déficit público y paro. En cuanto al gasto por habitante, en el 2009, llegó a su máximo, 3.209 euros y encima, mucho por pagar. No sólo quedaron sin liquidar ingentes cantidades de facturas pendientes,  además en un informe de la Sindicatura de Comtes de 20 de marzo de 2013, se desvelaba que el Govern de Montilla dejó en 2010 por obras, una deuda de 79.502 millones de euros, en 4 años el importe se había triplicado ( 25.543 en 2006)

En ese momento, se produce un hecho que resulta difícil de explicar. No se acertó en denunciar las causas y los responsables de la gravísima situación económica recibida que hacía prácticamente inviable el futuro de la institución que presidía.

Gasto disparado

Los gastos de la Generalitat, en 8 años se duplicaron, pasaron de 16.081.39 millones de euros en 2.003 a 32.518,73 en el 2.010, la deuda se triplicó de 10.918 millones a finales de 2.003 a 32.974 millones a finales del 2.010, cuando los efectos de la crisis estaban golpeando a la sociedad  más dramáticamente.

Hubiera bastado que recuperaran los datos de las dos legislaturas anteriores al 2.003, para demostrar que los  gestores de su partido, a pesar de que la reactivación de la economía no comenzó hasta el final de la primera legislatura,  dejaron a la Generalitat con una situación saneada y un endeudamiento controlable(1.997-9.250 millones,2003-10.918)  y con unas cifras de empleo, crecimiento económico e inversión públicas  notables.

Si en ese momento, hubieran denunciado la situación heredada y aplicado las mismas reformas a las que se han visto obligados todos los gobiernos, es muy posible que hubieran consolidado su base de votantes.

Otro post de intereés: Blog Fiscalización.es. VII congreso nacional de auditoría del sector público

FEMP: “El Gobierno quiere pagar con los ahorros de los Ayuntamientos los incumplimientos de las otras Administraciones”

El Presidente de la FEMP califica como totalmente insatisfactoria la reunión con el ministro de HYAAPP en funciones. Caballero avanza que en la reunión de la CNAL los Ayuntamientos exigirán recuperar los 5.000 millones de euros de superávit que aportan las EELL.

Nota FEMP.- El Presidente de la FEMP, Abel Caballero, ha calificado como “totalmente insatisfactoria” la reunión mantenida con el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro, “porque veníamos a hablar de la regla de gasto y lo que nos ha planteado es que el superávit de las Entidades Locales, 5000 millones de euros, se use para cuadrar el equilibrio presupuestario que las otras Administraciones Públicas han descuadrado. Y eso no puede ser, no es admisible que los demás gasten más de lo suyo y ahora se quiera que gasten nuestros ahorros para cuadrar las cuentas”.

De izquierda a derecha, el Ministro en funciones,
 Cristóbal Montoro;
 el Presidente de la FEMP, Abel Caballero;
y el Secretario de Estado en funciones, Antonio Beteta.

Caballero ha explicado que el déficit de las Comunidades Autónomas supera los 16.000 millones y el de la Administración Central los 25.000, mientras que los ayuntamientos “no sólo cumplen con creces el objetivo de déficit cero, sino que tenemos un superávit de 5.000 millones”. En ese sentido, el Presidente de la FEMP ha explicado que “puesto que cumplimos el objetivo lo que queremos desde las Entidades Locales es recuperar nuestro superávit para satisfacer nuestras demandas. Las Corporaciones Locales seguiremos aportando equilibrio presupuestario pero que no nos obliguen a aportar los 5000 millones de nuestro superávit para saldar los incumplimientos de otros”.

El Presidente de la FEMP ha anunciado que en la reunión de la CNAL la próxima semana el planteamiento central de las EELL pasará por volver a manifestar que “nuestro ahorro es para gastar nosotros, no para que otros salden sus incumplimientos”.

Con relación a la modificación de la regla de cálculo para el techo de gasto, la FEMP designará un grupo de expertos para la comisión de trabajo que abordará un nuevo marco de la nueva financiación local.

La deuda pública de las entidades locales será del 3,4% del PIB para 2016; 3,2% para 2017 y 3,1% en 2018.

El  objetivo de déficit de los ayuntamientos será del 0,0% del PIB en 2016, 2017 y  2018

 

MHAP. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha recordado que la estabilidad presupuestaria y la reducción del déficit son garantía de éxito y fundamentales para conseguir el crecimiento y la creación de empleo. Durante la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local ha felicitado a las Entidades Locales por el esfuerzo de gestión llevado a cabo y ha señalado que los diferentes fondos de liquidez puestos en marcha por el Gobierno han hecho posible un control exhaustivo de las cuentas que han ayudado a superar los problemas financieros que soportaba la mayoría al inicio de la legislatura.

 

Ayuntamiento de Valencia

En estos momentos sigue abierto el plazo de adhesión al Fondo de Ordenación y al Fondo de Impulso Económico para aquellas Corporaciones Locales que lo necesiten.

 

El ministro ha presentado a las Entidades Locales la propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las entidades locales que ha elaborado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y que establece un objetivo de déficit del 0,0% del PIB para 2016, del 0,0% para 2017 y del 0,0% para 2018.

 

Deuda 2016-2018

De la misma manera, se presentan a la Comisión Nacional de Administración Local los objetivos de deuda pública del conjunto de las entidades locales, que es del 3,4% del PIB para 2016; del 3,2% para 2017 y del 3,1% para 2018.

 

Así mismo, se informa a la Comisión Nacional de Administración Local de dos anteproyectos de ley elaborados para la transposición de un conjunto de directivas comunitarias sobre contratación pública, cuyo plazo finaliza el 18 de abril de 2016:

 

Los objetivos de la nueva regulación son lograr una mayor transparencia en los procedimientos de contratación y simplificar los trámites y procedimientos de contratación en beneficio de los órganos de contratación y de los licitadores.

 

También se informa a la Comisión Nacional de Administración Local la Ley de Desindexación de la economía española, que establece un nuevo régimen de revisión de los valores monetarios en el ámbito público (tasas, precios regulados, tarifas y precios de los contratos, etc) con el objetivo de actuar contra los perjuicios asociados a la referencia a índices de precios y, en particular, a índices generales de precios como el IPC.

¿Marcha atrás en la Reforma local?. La actualización del Programa de Estabilidad 2015-2018

En 2015 y 2016 el ajuste del déficit será muy duro, hasta conseguirlo bajarlo hasta el 4,3 por ciento del PIB en 2015 y 2,8 por ciento en 2016. Salvo que el gobierno encuentre la fórmula mágica para aumentar los ingresos sin afectar al muy anémico crecimiento, lo normal es que ese objetivo precipite a la economía española a otra recesión que, por ponerle una fecha, empezaría a finales de 2015 o comienzos de 2016”

“(…) Pero ya queda poco más de ‘estancamiento secular’. Apenas cuatro años, hasta 2018”.

(Juan Ignacio Crespo, “Cómo acabar de una vez por todas con los mercados”, Deusto, 2014, pp. 288-289)

 

Rafael Jiménez-Asensio.- La Mirada Institucional.- La reciente difusión del Documento “Actualización del Programa de Estabilidad 2015-2018” elaborado por el Gobierno central (MHAP) y remitido a la Comisión Europea (http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Varios/PE%202015-18%2030_04_2015.pdf, pone de relieve un escenario macroeconómico marcado hasta cierto punto por la autocomplacencia (no se olvide que estamos en año de elecciones múltiples), aunque sus autores dicen que el cuadro es “prudente y realista, basado en hipótesis conservadoras”.

 

Si bien el Gobierno pone en su haber que en la aceleración del crecimiento que se produce en 2015 han tenido una gran influencia los procesos de consolidación fiscal y las reformas estructurales (unas a medio camino, otras truncadas y algunas ni siquiera activadas), también se debe reconocer la importancia de factores exógenos, algunos de ellos coyunturales (como son la reducción del precio del petróleo y la depreciación del euro, entre otros).

 

También es muy complaciente el documento al no cuestionar ni un momento el futuro cumplimiento de los objetivos de déficit (4,2 % sobre el PIB en 2015 y 2,8 % en 2016), así como al apostar porque la ratio deuda/PIB iniciará una senda descendente hasta alcanzar el 93,2 % al final del período (2018). No es una noticia para grandes alegrías, el endeudamiento ya es casi crónico. Que se preparen las generaciones jóvenes y futuras.

 

Pero, por lo que ahora interesa, conviene resaltar que el documento incide de forma detalla sobre cuál es el comportamiento de disciplina fiscal de los distintos niveles de gobierno. No es ninguna sorpresa descubrir cómo el nivel local de gobierno tiene los mejores resultados en el proceso de consolidación fiscal hasta el punto de que se constata que, tras un déficit en 2011 del 0,4 por ciento, a partir de 2012 los superávit han sido constantes. Por ejemplo, en ejercicio 2014 las entidades locales han aumentado su superávit hasta el 0,53 del PIB (5.616 millones de euros). En consecuencia, se puede a afirmar que gracias al esfuerzo fiscal de los entes locales se ha logrado que el déficit en su conjunto en 2014 alcance “sólo” el 5,68 % del PIB.

 

Disciplina del sector público

Estos datos cuestionan frontalmente los objetivos de una dura reforma local que, con la pretensión no manifestada de acreditar ante Bruselas que existía disciplina fiscal en el sector público español, injustamente se cebó sobre el espacio local de gobierno, cuando este –en el momento que la ley se aprobó: diciembre de 2013- ya ofrecía superávit y no déficit.

 

Esa elección caprichosa del nivel local de gobierno como “ejemplo” de disciplina fiscal vino acompañada por un ambicioso objetivo de ahorrar a través de esa reforma más de 8.000 millones de euros en el plazo de siete años. El Plan Presupuestario de 2015 presentado a Bruselas en octubre de 2014, volvía a incidir en la mágica cifra. Es más, preveía que la reforma local en 2015 (mediante supresión de cartera de servicios “impropios”, gestión integrada de servicios, redimensionamiento del sector público, etc.) supondría un ahorro de 3.500 millones de euros. Una vez más se pretendía cargar sobre las sufridas espaldas de los ayuntamientos españoles una parte importante (casi 0,4 puntos) del ajuste fiscal de 2015 (1,6 puntos) para cumplir los objetivos de déficit.

 

Esto no se lo creía nadie, menos aún en año electoral. No cabía en ninguna cabeza que se redujera la cartera de servicios impropios municipales en un montante de 2.500 millones de euros en un año electoral y por los Alcaldes salientes o entrantes. En la Comisión Europea, supongo, se estarían frotando los ojos, cuando les pasaron tales estimaciones.

 

Pues bien, el año electoral manda. Y tras los últimos años manteniendo la tesis de que se ahorrarían 8.000 millones de euros hasta 2020. Ahora, en este documento citado, la cifra se rebaja hasta 2018 “a la mitad”. Y sigue siendo un cálculo exageradamente optimista. Hay que leer la letra pequeña, cosa que ahora no haremos; pero esta decisión es una clara y contundente “marcha atrás” o, si se quiere, un “frenazo en seco” frente a lo mantenido hasta ahora. Tal vez se han dado cuenta de que el planteamiento inicial era absolutamente irreal e irrealizable (como se denunció por doquier; valgan los juicios autorizados de Muñoz Machado, Parejo, Embid Irujo o Velasco Caballero).

 

Quizás desde el Gobierno cayeron en la cuenta que no podían seguir “castigando” al eslabón de gobierno más débil de la cadena (los resultados electorales, no cabe duda, “les han premiado” por esa política). En fin, puede ser que los recursos “extras” que se prevén puedan enjuagar ese esfuerzo fiscal titánico que se les pedía a unos gobiernos locales cuyo porcentaje sobre el total del gasto público sigue siendo pírrico y, aún así, mantienen unos servicios básicos (por lo común) de calidad y de proximidad a la ciudadanía.

 

La vuelta de tuerca del proceso “se explica” en términos escuetos en el citado documento:  “Ahora se plantea –señala el texto- una reestimación de la reforma local partiendo de estas bases. La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) exige la supresión de servicios e integración de servicios salvo en el caso de contar con superávit. Por tanto se ha estimado un menor impacto en los años del programa por estos conceptos, al no ser tan necesarios como en el momento de diseño de la ley”.

¿Fracaso?

Como se dice coloquialmente, “blanco y en botella”. No se desdicen de la reforma emprendida (que algunos efectos positivos también tiene en aspectos puntuales, aunque no en su diseño estructural que es equivocada y gratuita), pero enmiendan todas sus previsiones anteriores, curiosamente porque no son “tan necesarias” esas medidas. La impronta fiscal, frente a la institucional, es lo que arruinó de origen esa llamada reforma local. Ahora corrigen.

 

Pero la Ley está allí. Publicada en el BOE, aunque en buena medida inaplicada. El Programa de Estabilidad 2015-2018, no obstante, advierte: esta retirada es circunstancial, debida a la propia coyuntura. Sus palabras no pueden ser más precisas: “Sin embargo, en caso de retorno a déficit serían de aplicación de nuevo estas medidas”.

 

En efecto, este es el problema de aquellas medidas fiscales (que deberían ser coyunturales) que se incluyen en leyes estructurales (como es la LBRL y la LHL). Nadie nos librará de su látigo si las circunstancias empeoran. Frente al optimismo del Gobierno central y la amnesia de la oposición política (“tradicional” o de “nuevo cuño”) sobre el futuro contexto fiscal, propio todo ello de un año de elecciones múltiples, habrá que ver si el déficit público se comporta como se prevé en este año electoral de 2015 (reducción de 16.000 millones de euros) y si en 2016 y 2017 esas previsiones tan amables se cumplen. Esperemos que el crecimiento económico y los factores exógenos nos ayuden. En caso contrario, prepárense. La Unión Europea no permitirá un relajamiento fiscal como tampoco la derogación completa de la reforma local. Compás de espera.

El Congreso debate qué objetivos pueden destinar los ayuntamientos españoles su superávit.

"Los socialistas quieren que el único requisito para que una inversión sea considerada financieramente sostenible sea que "contribuya al crecimiento económico a largo plazo"

 

Revista de prensa. EP. El Pleno del Congreso debatirá este martes una proposición de ley presentada por el PSOE para definir qué se considera una 'inversión financieramente sostenible', es decir, a qué objetivos pueden destinar los ayuntamientos españoles su superávit.

 

Ayuntamiento de Ferrol

En la iniciativa, que recoge Europa Press, el principal partido de la oposición aboga por autorizar a las corporaciones municipales a emplear su superávit presupuestario en la "reactivación de la economía, la creación de empleo, la promoción del bienestar social o la atención a los más necesitados".

 

"Es una medida que premia a las administraciones eficientemente gestionadas y que coloca a cada ayuntamiento beneficiario como ejemplo de política a seguir. Así, se quiere apostar de forma decidida por el protagonismo de las entidades locales en la detección de las fórmulas más idóneas para la dinamización de la economía y para la solución de los problemas acuciantes de sus vecinos", añade.

 

Margen de maniobra

Para ello, los socialistas plantean añadir una disposición a la Ley de Haciendas Locales con un listado "lo suficientemente comprensivo" de áreas donde invertir ese excedente presupuestario como para que los ayuntamientos tengan "margen de maniobra" y "diferentes opciones" de inversión.

 

En concreto, se propone que los fondos puedan ir a vivienda, pensiones, servicios sociales, dependencia, fomento del empleo, salud, educación, cultura, fiestas populares y festejos, industria, deportes, desarrollo empresarial o carreteras, además de otras áreas como aguas, residuos, alumbrado público, medioambiente, estructuras agropecuarias, energía, comercio, promoción turística, transportes, recursos hidráulicos, investigación científica o sociedad de la información, que ya había planteado el PP.

 

Y es que la Ley de Deuda Comercial modificó la normativa de Estabilidad Presupuestaria para permitir a las haciendas locales con superávit destinar ese dinero a inversiones, y emplazaba al Ejecutivo a regular en otro texto legal la definición de 'inversión financieramente sostenible' para hacer efectiva esta posibilidad.

 

El partido que da sustento al Gobierno presentó entonces una enmienda a la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios proponiendo que se considerara que una inversión es financieramente sostenible cuando "contribuye al crecimiento económico a largo plazo", considerando "exclusivamente" las inversiones que se recojan en los programas presupuestarios mencionados.

 

Sin embargo, los socialistas exigieron la retirada de dicha enmienda por no guardar ninguna relación con el proyecto de ley de Consumidores y Usuarios, queja que los 'populares' atendieron. Poco después, el PSOE presentó esta proposición de ley, que amplía el listado de apartados donde estaría permitida la inversión del superávit.

 

Crecimiento económico

No obstante, los socialistas quieren que el único requisito para que una inversión sea considerada financieramente sostenible sea que "contribuya al crecimiento económico a largo plazo" y que "no comprometa, durante su vida útil, la sostenibilidad financiera de la corporación local" bien porque genere recursos suficientes para financiar su funcionamiento o porque propicie un ahorro superior a su coste.

 

Sin embargo, la propuesta del PP preveía excluir las inversiones con una vida útil inferior a los cinco años, así como las adquisiciones de mobiliario, enseres y vehículos "salvo que se destinen a la prestación del servicio público de transporte". De forma excepcional podrían incluirse indemnizaciones o compensaciones por la rescisión de contratos "siempre que tengan carácter complementario y se deriven directamente de actuaciones de reorganización de medios o procesos asociados a la inversión".

 

Diputaciones

En el caso de las diputaciones provinciales, los consejos y los cabildos insulares, los 'populares' estaban dispuestos a incluir las transferencias de capital destinadas a financiar inversiones que cumplan con los requisitos anteriores.

 

Los dos partidos mayoritarios sí coinciden en que, para controlar que estas inversiones no ponen en riesgo la estabilidad financiera de la corporación municipal, el expediente deberá contar con una memoria económica específica que recoja una "proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrían derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil".

 

No obstante, el PSOE plantea que el Pleno municipal tenga conocimiento anual del grado de cumplimiento de todos estos criterios a la vez que se detalla la liquidación presupuestaria, y que la inversión de los superávits de 2012 y 2013 no computen en el déficit de este ejercicio, precepto que los 'populares' no mencionaban en su enmienda.

Noticia relacionada: MHAP. Beteta elogia el papel de los secretarios, interventores y tesoreros locales, garantía de profesionalidad, legalidad e independencia en las entidades locales.

 

"El incremento del gasto público municipal en el año electoral repercute positivamente en las posibilidades de reelección"

 "Con la intención de mantener el poder, los gobiernos intenten estimular la economía justo antes de las elecciones, aumentando el gasto público, reduciendo los impuestos o ambas cosas al mismo tiempo"

 

VP.com. Manuel Illueca. Investigador Ivie. A estas alturas de la crisis ha quedado suficientemente claro que la coyuntura económica tiene efectos significativos sobre los resultados electorales.

 

La situación asfixiante de muchas familias españolas, endeudadas al límite de sus posibilidades, con alguno de sus miembros en paro y, lo que es peor, sin perspectivas de mejoría a corto plazo, ha pasado una elevada factura a las opciones políticas mayoritarias.

 

 A izquierda y derecha, el votante golpeado por la crisis (en el bolsillo o en la conciencia ciudadana) busca refugio en los partidos minoritarios, que compiten por aportar ideas y -fundamentalmente- caras nuevas.

 

Por ello, no es extraño que, con la intención de mantener el poder, los gobiernos intenten estimular la economía justo antes de las elecciones, aumentando el gasto público, reduciendo los impuestos o ambas cosas al mismo tiempo. El gráfico que acompaña a este artículo, basado en datos de Eurostat para el periodo 1995-2012, muestra el déficit agregado de los municipios españoles a lo largo del ciclo electoral.

 

Mayor déficit en año de elecciones

 En el año en que se celebran las elecciones, los ayuntamientos registran un déficit promedio superior al 4% de los ingresos. La diferencia entre ingresos y gastos disminuye a un 2.5% entre uno y dos años antes de las elecciones, y apenas alcanza el 0.5% de los ingresos tres años antes de los comicios.

 

Un trabajo reciente de Balaguer y Brun (2013) muestra que la estrategia oportunista que reflejan estos datos sale a cuenta. La evidencia empírica aportada en este estudio, basada en los municipios españoles de más de 20.000 habitantes para el periodo 2000-2007, revela que el incremento del gasto público municipal en el año electoral repercute positivamente en las posibilidades de reelección de los gobiernos locales.

 

Algo parecido observamos en otros países, con independencia de su grado de desarrollo económico. De hecho, distintos estudios han documentado casos similares en municipios portugueses, colombianos e italianos, y en algunas provincias canadienses, landers alemanes, y regiones de la República de la India.

 

En general, la literatura especializada señala que la utilización oportunista del presupuesto es propia de democracias jóvenes, donde la ciudadanía no dispone ni de la información suficiente ni de la formación necesaria para valorar debidamente la importancia de la austeridad presupuestaria. Se trata de sociedades con gobiernos poco transparentes en todo lo relacionado con la rendición de cuentas, con medios de comunicación poco implicados con la responsabilidad en la gestión de lo público, y una ciudadanía poco concienciada de las consecuencias del déficit público.

 

En democracias más consolidadas, los electores tienden a sancionar a los políticos que generan déficit de forma oportunista, por considerar que tales prácticas introducen volatilidad en la renta y el consumo de las familias, elevando gratuitamente el riesgo de los proyectos de inversión empresariales. De hecho, los políticos prefieren recortar el gasto y el déficit públicos antes de las elecciones, porque ello les reporta mayores beneficios electorales. En estas condiciones, la manipulación fiscal tiende a producirse en la composición y no tanto en la cuantía total del gasto público, programando en los años electorales transferencias o inversiones públicas dirigidas a los votantes más relevantes desde un punto de vista político..

 

Responsabilidad de los grandes

En España más del 70% de los concejales elegidos en las últimas elecciones municipales de 2011 militan en las dos grandes fuerzas políticas de ámbito nacional, por lo que corresponde a estos grandes partidos una importante cuota de responsabilidad en la utilización del presupuesto municipal para fines electorales. Un artículo elaborado por el Banco de Italia muestra que en ese país el uso oportunista del gasto público municipal tiende a producirse en los gobiernos locales ostentados por candidaturas cívicas, y no tanto en los gobiernos locales controlados por los partidos nacionales. Los autores argumentan que los partidos nacionales prefieren adoptar una visión a largo plazo y granjearse una imagen de solvencia económica ante su electorado. Los mecanismos de promoción interna dentro de la organización son utilizados ampliamente para disciplinar a los alcaldes menos responsables desde el punto de vista presupuestario.

 

Al parecer, esto no sucede en España, en parte porque el ciclo presupuestario del gasto no solo se produce a escala municipal, sino también en la Administración Central. Un estudio comparado, publicado por el National Bureau of Economic Research (NBER), señala que España, Grecia, Portugal y Turquía son responsables del incremento anormal del gasto público de los gobiernos centrales registrado en los años electorales para el conjunto de los países de la OCDE.

 

Si el propio gobierno central desarrolla este tipo de prácticas, parece difícil exigir a los gobiernos locales un uso más responsable del presupuesto público. De hecho, la promoción interna de los alcaldes dentro de los partidos políticos españoles no parece guiada por su teórico respeto a la disciplina presupuestaria, sino fundamentalmente por los votos obtenidos en los comicios electorales. Se trata de ganar elecciones, y no tanto de eludir el déficit público.

 

En las actuales circunstancias, España no puede permitirse despilfarrar recursos públicos por el mero hecho de celebrar unas elecciones: el juego de inaugurar infraestructuras meses antes de las elecciones debe terminar. Aunque la situación financiera del país se ha estabilizado, debido al decidido apoyo del Banco Central Europeo, nuestra economía continúa debilitada y precisa que nuestros líderes políticos demuestren con hechos que están decididos a reducir el déficit público en los tres niveles de la administración. Nuestra responsabilidad como ciudadanos consiste en exigir una conducta respetuosa con las finanzas públicas, apartando de la gestión a aquellos que, por intereses espurios, ponen en peligro nuestro bienestar y el de las generaciones futuras.

Penalicemos el despilfarro. Es nuestra responsabilidad.

El Gobierno aprobará hoy en el Consejo de Ministros la reforma de las AA.PP anunciada por Rajoy el miércoles

Uno de los grupos de trabajo que contemplan las conclusiones se encargará de ajustar plantillas de los distintos departamentos.

Revista de Prensa. Voz Populi. 20.6.2013.Uno de los capítulos mas delicados de la reforma de las administraciones públicas es el que afecta a los funcionarios. Tras el descenso en 375.000 del número de empleados públicos desde 2011 y la tasa de reposición cero "va a haber necesidad de movilidad de efectivos", según fuentes gubernamentales. En este sentido, se definirá en qué unidades hay excedente y en cuáles no.

Los ministros Soria y Montoro con Sáenz de
Santamaría en la presentación del CORA

La idea es crear grupos de trabajo a disposición del Ministerio, de modo que pueda movilizar efectivos entre distintos departamentos en función, por ejemplo, de repuntes de trabajo. Ni siquiera se descarta que dicha movilidad pueda ser interministerial e, incluso, se ha acariciado la idea de que pudiera producirse entre la Administración central y autonómica, aunque implica grandes dificultades.

Además se clarificarán las competencias entre funcionarios y personal laboral cuando se ejerciten potestades públicas. Y en cuanto al personal eventual, si bien se acepta que ése es de especial confianza y, por tanto, se elige de forma discrecional, se exigirá un criterio de experiencia y de profesionalidad.

90 Observatorios y 57 entes menos

Supresión de 17 fundaciones y de 5 sociedades mercantiles, del Consejo de la Juventud de España y de la Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, desaparición de 90 observatorios, fusión del Instituto Nacional de la Seguridad Social con el Instituto Social de la Marina y la Tesorería General, otras fundaciones que dejan de tener consideración pública como la de aeronáutica y astronáutica españolas... En total, 57 entes públicos afectados por la ambiciosa reforma de la Administración, que el Gobierno lleva presentando desde este miércoles y que mañana pasará por la mesa del Consejo de Ministros.

Buena parte del paquete de medidas alude en exclusiva a la Administración General del Estado a la que afectarán 78 nuevas medidas, mientras que el resto depende de las conversaciones con las comunidades autónomas y de su voluntad para recortar gasto. Moncloa asegura que ninguna autonomía se ha quejado al Ejecutivo de falta de información y que lo único que se hace es cumplir uno de los compromisos de la ultima conferencia de presidentes.

Recortes vs déficit 

Es evidente que la predisposición de las comunidades vendrá en buena medida determinada por el cumplimiento de los objetivos de déficit, algo que se le reclamará desde el Ministerio de Hacienda, tal y como advirtió este miércoles Cristóbal Montoro. Cuando una comunidad no cumple sus compromisos en materia de estabilidad, hay una guía de "sugerencias" que se le pueden hacer para cumplir el objetivo de estabilidad, han explicado fuentes gubernamentales. Hasta que este viernes no se apruebe el informe en el Consejo de Ministros no se conocerá a cuánto asciende el ahorro, pero no sólo el de carácter público, sino también el que se supone que redundará en beneficio de los particulares por la simplificación de los trámites burocrático.

Factura electrónica

Sí será de obligado cumplimiento la extensión de la factura electrónica para todas las administraciones, incluida la local. El objetivo es agilizar los procedimientos de pago al proveedor, pero no sólo, porque la idea principal es poner "fin a las facturas en el cajón. Lo que esta en Internet nadie puede meterlo en el cajón", señaló este miércoles la coordinadora de este ingente trabajo, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz Santamaría.

Inmuebles y centralización

Venta de inmuebles, centralización del pago de nóminas, unificación de imprentas o de medios marítimos y aéreos conforman otro amplio paquete de reformas que incluye cambios en la ley de subvenciones, tanto desde el punto de vista de la concesión como de control de las mismas, estableciendo límites a la financiación pública de ciertas modalidades de gasto privado.