Los interventores, garantía de legalidad en los municipios

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Revista de prensa. El Español.- El Gobierno ha transferido al País Vasco la gestión de los cuerpos de interventores municipales, y lo ha hecho por la puerta trasera, como una inocente nota a pie de página en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

El Gobierno ha actuado así en contra del criterio del Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital), que ha denunciado la decisión ("conduciría en la práctica a la eliminación de su carácter nacional") y ha mostrado su preocupación por las consecuencias que de ello se derivan.

En su afán por conseguir el voto favorable del PNV a las cuentas públicas, Moncloa ha accedido a mercadear con una competencia inherente al Estado. Un Estado cada vez menos presente en el País Vasco.

La decisión del Gobierno resulta alarmante por varios motivos.

A la torpeza política de desposeer al Estado del cuerpo que supervisa la gestión de los fondos públicos de los ayuntamientos y las diputaciones, es decir de entregar la vigilancia de los vigilados a los propios vigilados (con la lógica del pastor que confía a los lobos el cuidado de su rebaño), se suma el simbolismo de una nueva cesión a un nacionalismo que sigue desvinculándose poco a poco del resto del país.

Unas formas muy deficientes

Con esta medida, el Gobierno vasco controlado por el PNV podrá decidir que el dominio del euskera deje de ser una condición meritoria (es decir, un simple mérito que permita sumar puntos para acceder al puesto de funcionario) para convertirse en un requisito indispensable que cierre las puertas a funcionarios de otras partes de España.

Alarma la ligereza con la que el Gobierno central se ha permitido el lujo de debilitar y trocear un sistema de control que era común a todo el territorio nacional. Un sistema de control que ahora quedará en manos de los más interesados en que ese cuerpo sea sólo un cascarón vacío. También preocupa el método que ha empleado para hacerlo: ni ha elaborado una ley propia, ni ha reformado el Estatuto básico del trabajador público.

¿En qué cabeza cabe que el Gobierno encaje con calzador una medida como esta en una Ley de Presupuestos que debería ocuparse únicamente de las partidas económicas del Estado y de los techos de gasto? ¿Hará lo mismo el Gobierno con el resto de administraciones autonómicas?

Reino de taifas

Es más. ¿Lo hará con ERC si esta lo incluye en su próxima lista de reclamaciones, a pesar del amplio historial de corrupción de los partidos nacionalistas catalanes?

Recordemos que varios de los líderes del procés fueron condenados tanto por sedición como por malversación de fondos públicos y que han intentando hasta el último minuto que las fianzas impuestas por la Justicia fueran pagadas con el dinero de todos los catalanes y no con el suyo propio. 

Hacen bien los interventores del Estado en defenderse ante el desmembramiento de un cuerpo de funcionarios histórico. El nacionalismo vuelve a imponer sus criterios identitarios sobre la garantía de legalidad que debería regir en todos los municipios españoles. Las autonomías no pueden convertirse en un reino de taifas en el que los partidos nacionalistas hagan y deshagan en los ayuntamientos sin control alguno.