La Administración española ante el "maná" europeo

"Una necesaria dosis de realismo nos debiera llevar a preguntarnos por la capacidad efectiva del conjunto de las administraciones públicas, y en especial de las locales, para planificar, gestionar y ejecutar este maná europeo"

 Por Gabriel Moreno. Agenda Pública blog.- Siguiendo lo acordado por los líderes europeos, España recibirá unos 140.000 millones de euros de los fondos de recuperación, de los que algo más de 72.000 millones serán en ayudas directas. La respuesta europea a la crisis provocada por el coronavirus parece así distanciarse de la anterior, dada con ocasión de la crisis económica y financiera global, y de la que aún no tenemos certificado de defunción definitivo. Un auténtico ‘Plan Marshall’ de reconstrucción, según lo han denominado algunos gobernantes (como el propio presidente del Gobierno español), es el que se estaría preparando desde la Unión Europea para relanzar y activar las economías de los países más afectados por la pandemia y paliar de esta forma las consecuencias lesivas de la situación excepcional que estamos atravesando.

Aunque en el análisis del potencial verdadero de los fondos quizá se está pecando de exceso de optimismo, siempre pendiente en el Viejo Continente de las componendas y transacciones políticas de última hora, una necesaria dosis de realismo nos debiera llevar a preguntarnos por la capacidad efectiva del conjunto de las administraciones públicas, y en especial de las locales, para planificar, gestionar y ejecutar este maná europeo. Como saben de sobra quienes están al frente de los diversos niveles administrativos que reciben fondos de la Unión Europea, su correcta ejecución depende, entre otras variables, de una suficiente capacidad técnica y burocrática para cumplir tanto con la normativa europea como con la española y conseguir, con ello, que el dinero llegue de manera efectiva al objetivo para el que está destinado.

Sin embargo, la Administración española adolece desde hace años, si no décadas, de una auténtica merma en sus recursos materiales y humanos que está en la base del hecho de que España apenas haya gastado un 34% del dinero europeo que se le ha asignado en el periodo 2014-2020; porcentaje que se reduce aún más en los esenciales fondos Federales (Fondo Europeo de Desarrollo Regional). La burocratización y la especialización que se necesita para la ejecución de los fondos hace que las administraciones sean actualmente incapaces de elevar ese porcentaje de gasto. Por tanto, ¿para qué vamos a recibir miles de millones de euros si luego solo podremos gastar un porcentaje reducido?

Inframunicipalismo

Esta incapacidad se muestra de manera singularmente destacada en las entidades locales debido a dos conjuntos de factores. El primero es el referido al infra-municipalismo, fenómeno que viene arrastrándose en España desde hace casi dos siglos, y que se manifiesta en el sorprendente y elevado número de ayuntamientos de nuestro país, donde más del 60% tiene menos de 1.000 habitantes (¡!) y sólo el 8% tiene entre 10.000 y 100.000. Ello provoca que la mayoría de los municipios españoles no estén dotados de una mínima estructura administrativa consolidada que pueda hacer frente no ya a los fondos europeos, sino a la gestión ordinaria de las competencias atribuidas. No hay autonomía política posible en municipios tan reducidos y que apenas tienen margen de acción presupuestaria o administrativa.

El segundo conjunto de causas, que opera sobre el primero y afecta al total de administraciones (no sólo a las locales), es el conformado por los efectos de los recortes presupuestarios de las últimas décadas, y que se han materializado en las bajas tasas de reposición de funcionarios, la difuminación de los cuerpos habilitados nacionales, la precarización del empleo público y una alarmante falta de medios. Todas ellas son causas que producen, al combinarse, un bloqueo administrativo de gravísimas consecuencias, y más teniendo en cuenta que, cuando el mismo se da en los entes locales, dicho bloqueo afecta a la Administración más cercana al ciudadano y la que está, por ende, mejor habilitada para conocer sus necesidades y demandas. En un momento de crisis profunda, no nos podemos permitir el lujo de una Administración incapaz de cumplir con sus objetivos, tanto los ordinarios como los extraordinarios que se han sumado ahora por la pandemia; algo que, lamentablemente, ya estamos viendo en la gestión del Ingreso Mínimo Vital, a pesar de pertenecer a la Administración General del Estado.

Si le preguntamos a alcaldes de municipios medianos, aquéllos que en teoría sí tendrían cierto margen de maniobra y que, con todo, son la minoría del total, comprobaremos enseguida el grado de saturación burocrática y la insuficiencia actualmente existente para abordar proyectos de inversión a largo plazo. Esta situación se ve agravada, claro está, por una Ley de Haciendas Locales que no adecúa los recursos de los ayuntamientos a sus competencias verdaderas y que contiene un sistema de financiación muy rígido. ¿Cómo van estas administraciones a poder gestionar los nuevos fondos, a solicitar proyectos o a ejecutar inversiones para reactivar la economía? Sirva como botón de muestra la situación actual de muchos municipios con la contratación de su propio personal laboral: son literalmente incapaces de contratar a nadie porque no disponen de personal funcionario o habilitado para formar parte de los tribunales de selección.

Si queremos de verdad aumentar el grado de ejecución presupuestaria de las ayudas europeas haría falta, como acciones destacadas, tanto un refuerzo urgente del personal administrativo y técnico como, tras un pormenorizado estudio, una simplificación normativa para reducir cargas burocráticas sin suprimir garantías de transparencia y objetividad. Hasta que no se ponga encima de la mesa un rediseño integral de la planta local, este refuerzo podría darse, mientras tanto, en aquellas administraciones de nivel supra-municipal, como las mancomunidades de municipios donde de verdad estén asentadas, para evitar dejar fuera a los ayuntamientos más pequeños y conseguir un reparto más equitativo de la ejecución de los fondos. Hace falta personal especializado en la elaboración de pliegos, proyectos y solicitudes, que conozca bien el entramado jurídico que rodea a la ejecución presupuestaria y la contratación en el sector público, que pueda apoyar en todo momento a los órganos de gobierno en su función de identificación y concreción de las necesidades y de los medios que deben suplirlas.

Hay tiempo para implementar el refuerzo, ya que los fondos aún tardarán en materializarse, pero falta una decisiva previsión política, integral, que se apoye a su vez en una cobertura presupuestaria previa sobre la que poder realizar este esfuerzo renovado. Para este último objetivo puede comenzarse por una reforma fiscal de cierto calado, en los términos de progresividad que obliga nuestra Constitución, y por una relajación de las reglas de gasto y de estabilidad presupuestaria establecidas en la legislación derivada de la reforma del artículo 135, actualmente consideradas un desatino hasta por sus propios hacedores. Una situación extraordinaria exige acciones extraordinarias, y no podemos volver a permitirnos figurar en la cola de los estados europeos que menos ejecutan los fondos que la Unión nos asigna.