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Nota de prensa TIEspaña.- Transparency International presenta la última edición de Exporting Corruption Report 2020: Evaluación de la observancia de la Convención Antisoborno de la OCDE, que evalúa el progreso de los Estados en la implementación de los requisitos derivados de la Convención para combatir el soborno de funcionarios extranjeros en las transacciones comerciales internacionales y califica el desempeño de 47 países exportadores, líderes mundiales, incluidos 43 países signatarios de esta Convención.
Por primera vez en los últimos años, especialmente en 2019, se ha comenzado a apreciar en España un leve avance en la implementación (y evaluación) de medidas concretas para la prevención de la corrupción.
Entre las medidas que permiten estas mejoras, se encuentra creación del Registro de Titularidades Reales (RETIR) por el Colegio de Registradores de la Propiedad de España, en virtud de la Orden Ministerial 319/2018 de 21 de marzo. El RETIR gestiona y publica el usufructo de las personas físicas que, directa o indirectamente, sean titulares de más de 25% de su capital social, así como de los denominados titulares reales asimilados, que son los directores de la empresa.
Este registro brinda acceso a información confiable y actualizada de toda la cadena de beneficiarios reales para evitar que capitales de origen ilícito se escondan detrás de fideicomisos o empresas pantalla.
Tal y como se indica en Exporting Corruption Report 2020, el acceso al RETIR tiene una “asignatura pendiente” de singular importancia: conceder la información a cualquier tercero interesado y no solo a aquellos sujetos de acuerdo con el Colegio de Abogados de España, cuestión relacionada con la transposición total de la Quinta Directiva AML. Actualmente, el acceso sigue restringido a las entidades legalmente obligadas a colaborar en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Por otro lado, contribuye al avance de la puntuación obtenida por España el hecho de que el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) del Consejo General del Notariado (CGN) se encuentre formando al personal del CGN y otros profesionales del sector sobre las medidas preventivas que deben cumplir ante transacciones potencialmente riesgosas, a través de cursos online y recursos audiovisuales innovadores.
La Base de Datos de Titularidad Real, herramienta de identificación y verificación de la identidad del propietario real a cargo del CGN, también representa un avance importante.
Por otro lado, el análisis de la situación judicial realizado en el Exporting Corruption Report 2020 muestra que en España los casos relacionados con el cohecho en transacciones internacionales que han salido a la luz han sido investigados o están siendo procesados y se han dictado sentencias significativas, lo cual revela lo importante que es para el Estado enjuiciar los casos de corrupción internacional y rechazar la impunidad como principal medida de prevención.
Esta es una de las principales razones por las que España es, junto con Francia, uno de los dos países que ha avanzado dos niveles, desde poco o ningún cumplimiento en Exporting Corruption Report 2018, un avance moderado según el nuevo informe.
Sin embargo, no debemos perder de vista los puntos de mejora pendientes en materia de corrupción: España no dispone de datos desglosados en sus estadísticas de cohecho exterior/soborno internacional. La Oficina de Recuperación de Activos se creó recientemente y los resultados de sus actividades aún no son del todo visibles. Aún quedan pendientes importantes reformas legales, como la transposición de diversas Directivas de la UE en la materia, como la ya mencionada 5ª Directiva UE ALD o la Directiva UE para la Protección de Denunciantes, entre las más significativas.
TI-España, alineada con otras organizaciones de la sociedad civil, está llevando a cabo un seguimiento exhaustivo de la actuación del gobierno para garantizar una adecuada y plena transposición de la Directiva en España.
Como se destaca en Exporting Corruption 2020, la corrupción en las transacciones comerciales internacionales socava las instituciones gubernamentales y el desarrollo económico: desvía recursos públicos, recompensa a los corruptos y daña el comercio y la inversión internacionales.
La crisis de salud global provocada por el COVID-19 ha revelado hasta qué punto los problemas de corrupción adquieren un nuevo escenario marcado, por un lado, por la necesidad impuesta de distancias físicas, mientras que, paradójicamente, las que existen entre los países se han acortado mediante prácticas transfronterizas opacas que podrían costar vidas adicionales al afectar los sectores de la salud y el bienestar social.
Por ello, y en este año tan atípico, es imperativo impulsar medidas preventivas de la corrupción, reforzar la rendición de cuentas y concienciar sobre los riesgos que la corrupción y el soborno extranjero plantean tanto para el sector público como para el privado y para la sociedad en genera
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