Informe de interés: Estudio de la CNMC: Radiografía de los procedimientos de contratación pública en España
Elisa de la Nuez. blog Hay Derecho.- La agenda anticorrupción en esta legislatura ha avanzado
poco, para qué nos vamos a engañar. Podemos citar la nueva Ley de contratos del
sector público aprobada por Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público (que además tenía que transponer al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014) en las que algunas organizaciones de la
sociedad civil muy destacadamente la Fundación Civio tuvieron un papel relevante
y que ha intentado avanzar hacia la transparencia, la concurrencia y la
publicidad en la contratación pública.
Peor fortuna han corrido otros temas que nos parecían
básicos para luchar contra la corrupción con los que nuestra Fundación está muy
comprometida desde hace años. La mayoría de estas cuestiones estaban recogidas
en la denominada “Ley omnibus anticorrupción” presentada por el Grupo
Parlamentario de C,s allá por otoño del 2016. Por diferentes motivos,
algunos de los cuales responden a escaramuzas partidistas y la mayoría a falta
de voluntad política por parte de los grandes partidos esta Ley no verá la luz. Contenía
materias tan esenciales como la protección de los denunciantes de la
corrupción, al que hemos dedicado nuestro proyecto “protegiendo a los
valientes”. Las últimas excusas, ahora del PSOE (antes fueron del PP) son tan
peregrinas como la necesidad de esperar a que se tramite la Directiva europea
en este ámbito, que precisamente se está impulsando en Europa por la falta de
voluntad de algunos Estados, entre ellos eln nuestro, en regular este tema
esencial para luchar contra la corrupción. En este sentido, el cambio de
gobierno del PP al PSOE poco ha significado: ninguno de los dos tienen ninguna
prisa, por lo que se ve, en proteger a los denunciantes de la corrupción.
Mientras tanto, seguiremos teniendo heróes y heroínas cívicos que se juegan su
futuro profesional -y hasta personal- por defender los intereses generales.
El lamentable whatsapp de Ignacio Coixidó
En cuanto a la separación de poderes, por la que llevamos
años luchando junto a organizaciones como la Plataforma por la Independencia
del Poder Judicial, hubo una ventana de oportunidad hace unos meses con un
intento de sacar adelante la despolitización del órgano de gobierno de los
jueces, algo que viene reclamando insistentemente el Grupo de Estados Europeos
contra la corrupción (GRECO) . Hubo una oportunidad después de que se filtrara
el lamentable whatsapp de Ignacio Coixidó, portavoz del PP en el Senado. Su
desfachatez llevó a que Manuel Marchena, candidato “in pectore” de los grandes
partidos a presidir el CGPJ y por ende el Tribunal Supremo (antes de que se
hubiera renovado el CGPJ que formalmente lo tenía que elegir) renunció a
hacerlo en un acto de dignidad que le honra como jurista y como persona. Pero
no pudo ser. Los partidos políticos nuevos y viejos se unieron para tumbar la
propuesta de C,s, único partido que se ha mantenido fiel a Montesquieu en todo
este tiempo (la conversión del PP fue táctica y además provocada por un error,
aunque bienvenida sea). Lo contamos en muchos posts dedicados al tema, sirva
éste de botón de muestra.
En cuanto a la transparencia, qué decir. El Consejo de
Transparencia sigue descabezado después de más de un año desde que falleció
tristemente su anterior Presidenta, Esther Arizmendi. No se ha modificado la
Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
para mejorarla en la linea de lo que llevamos pidiendo mucho tiempo desde la
sociedad civil. No se ha dotado de medios al Consejo de Transparencia. No se ha
aprobado un Reglamento de desarrollo de la LAITB en los más de 5 años
transcurridos desde su publicación en el BOE. Las Administraciones y el sector
público siguen recurriendo en los Tribunales de Justicia (a costa del
contribuyente) las resoluciones del CTBG -o de sus equivalentes regionales- que
les son desfavorables. Si hay progresos en la cultura de la transparencia no
parece que se deban a la voluntad política de los sucesivos Gobiernos, para qué
nos vamos a engañar. Y es que la rendición de cuentas les gusta poco, pese a
las declaraciones.
Otras materias como la limitación de los plazos de
instrucción establecido en el art. 324 de la LECrim por el PP y que tantos
problemas está dando en la práctica para investigar delitos complejos y tramas
de corrupción ahí siguen. ¿Y qué decir de los indultos? Nuestros amigos de la
Fundación Civio saben bien que en cuanto se deja de mirar, se empieza a
indultar con mucha alegría por unos y por otros. No hay manera tampoco de
reducir el poder de los políticos en esto. Tampoco hemos conseguido regular los
lobbies. Y podríamos seguir, pero lo dejamos aquí.
El balance por tanto de la legislatura en la agenda
anticorrupción -que ha sido la bandera además del gobierno de Pedro Sánchez,
que encabezó una moción de censura al gobierno del PP de Rajoy tras la
sentencia de la Gürtel no nos olvidemos- no es demasiado bueno. Contrastan las
bellas declaraciones y las buenas palabras con los pocos hechos. En esta última
legislatura se han aprobado muchos decretos-leyes, abusando de una figura
excepcional por razones que exceden de este post, y dedicados a muy diferentes
materias, incluida la exhumación del dictador del Valle de los Caídos. Ninguno
se ha dedicado a medidas para combatir la corrupción. Resulta un poco
desalentador.
IV Premios Hay Derecho
En el fondo, la resistencia es comprensible: se trata de
limitar el poder de los políticos, introduciendo contrapesos (los famosos
“checks and balances”) e imponiéndoles limitaciones y controles. Quienes mejor
lo saben, y por tanto quienes más se resisten, son los que más han gobernado,
el PP y el PSOE o los partidos nacionalistas. Los que menos problemas tienen
son los nuevos partidos, lo que tampoco es sorprendente. Pero mientras no
entendamos que la democracia exige transparencia, rendición de cuentas y
controles en las instituciones avanzaremos poco.
Próximamente (el día 28 de febrero) tenemos la ceremonia de
entrega de la IV edición de los Premios Hay Derecho. Me temo que el mensaje que
tendremos que dar a nuestros finalistas, amigos y colaboradores que se esfuerzan
por defender el Estado de Derecho es el de las ediciones anteriores: paciencia.
Algún día la clase política española y los ciudadanos se darán cuenta de la
importancia para nuestra democracia de adoptar medidas efectivas para luchar
contra la corrupción.
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