Los sindicatos piden cambiar la fórmula salarial ligada al PIB para que haya una subida adicional del 1% este año.
Revista de prensa. EP.-La ministra de Política Territorial y Función Pública,
Carolina Darias, ha expresado su voluntad de negociar un nuevo
acuerdo sobre los empleados públicos para la nueva legislatura y ha avanzado
que verá la luz una ley de desempeño del empleado público y que se convocará en
marzo la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado
(AGE) para retomar el diálogo social, así como la comisión de seguimiento del
acuerdo suscrito en 2018.
Por su parte, los sindicatos han reclamado un cambio en la
fórmula de la parte variable ligada al PIB de la subida salarial para que haya
un alza del 1% adicional este año, así como la recuperación del poder
adquisitivo.
Así se lo ha trasladado Darias en su primer encuentro con
las principales organizaciones sindicales de Función Pública (CSIF, CCOO y UGT)
este jueves, que ha sido una "primera toma de contacto" en la que se
han sentado las bases de una legislatura que estará "presidida por el
diálogo y la negociación" para garantizar y mejorar los derechos de los
empleados públicos, según ha informado el Ministerio en una nota.
Fuentes sindicales han explicado a Europa Press que Darias
ha trasladado a las centrales sindicales los planteamientos recogidos en el
acuerdo sobre el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, que
apuesta por una administración "del siglo XXI", la modernización, un
empleo público de calidad y por la excelencia en el sector.
No obstante, ha evitado fijar compromiso alguno en materia
de cifras, remarcando la importancia de que vean la luz los Presupuestos de
2020 y abordar posteriormente los contenidos para las cuentas del próximo año.
Nuevas leyes
En cambio, sí ha avanzado la intención del Gobierno de aprobar
una iniciativa legislativa para desarrollar una ley de evaluación del desempeño
del empleo público, la carrera profesional y el Estatuto del personal
directivo. También ha indicado que se desarrollarán temas de igualdad, carrera
profesional o tecnología, entre otros.
Junto a la ministra, han asistido a la reunión el secretario
de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández
Spínola, el secretario general de Función Pública, Javier Rueda, y la directora
general de Función Pública, Isabel Borrel.
Por parte de los sindicatos han estado presentes el
secretario general de la Federación de Enseñanza y coordinador del Área Pública
de CCOO, Francisco José García Suárez, el secretario de Organización y
Comunicación de la Federación de Servicios Públicos (FSP)-UGT, Frederic Monell,
y el presidente nacional de CSIF, Miguel Borra.
Un 1% adicional en 2020
Francisco José García, ha valorado en declaraciones a Europa
Press el "gesto importante" del incremento retributivo para este año
vía real decreto ley, tal y como reclamaban los sindicatos, y ha valorado la
rápida convocatoria y la recuperación del diálogo social en las
administraciones públicas.
García ha indicado que desde CCOO han planteado la
importancia de definir medidas y estrategias para garantizar el cumplimiento
del acuerdo sobre estabilización del empleo público para reducir la
temporalidad al 8%, así como eliminar las limitaciones en la tasa de reposición
de efectivos y planes de igualdad en las administraciones.
En materia retributiva los sindicatos han pedido un cambio
en la fórmula por la que se computa la parte variable ligada al alza del PIB
para determinar la subida salarial, con el fin de que este año pueda ver la luz
un incremento retributivo del 1% adicional.
El decreto aprobado por el Ejecutivo fijó una subida del 2%
del salario de los funcionarios, a la que podría sumarse un 0,3% de fondos
adicionales ajustados a la evolución del PIB.
El acuerdo establecía una subida del 0,20% adicional si la
economía crece el 2,1% en 2019, que puede llegar hasta el 1% si el PIB avanza
el 2,5%, si bien la estimación inicial del INE apuntó a un crecimiento del 2%,
lo que no posibilitaría subida adicional alguna, a falta de conocer el dato
definitivo el próximo 31 de marzo.
En esta línea, el secretario de organización de la
Federación de Servicios Públicos de UGT, Fréderic Monell, ha insistido en la
necesidad de seguir recuperando poder adquisitivo, que CCOO y UGT cifran en una
pérdida de en torno al 15%, y abordar la parte variable ligada al PIB,
vinculándolo para cuando la economía vaya bien.
Monell ha destacado que la reunión ha sido
"positiva" y las "ganas de hacer cosas y no esconderse de los
problemas" del nuevo equipo de Función Pública, y ha valorado la convocatoria
de la comisión de seguimiento del II acuerdo, vigente para 2020 también, para
ver qué queda pendiente de ejecución, especialmente en procesos de
estabilización de plantillas ante los retrasos en colectivos como Educación o
Sanidad.
También ha apreciado la "disponibilidad" de Darias
de abordar un nuevo acuerdo de legislatura, algo que ve "razonable"
al quedar asuntos pendientes en materia de plantillas, envejecimiento,
consolidación de interinos ante el "colapso" provocado por la tasa de
reposición y la posibilidad de que la sentencia del Tribunal Europeo sobre este
asunto obligue al Estado a indemnizar.
A su vez, ha citado otros aspectos como la jubilación
parcial, eliminada por el anterior Ejecutivo, la extensión de los planes de
igualdad y problemas específicos con el personal exterior y el de instituciones
penitenciarias.
CSIF pide una subida del 18% en la legislatura
Por su parte, CSIF espera sentarse pronto a negociar un
acuerdo de legislatura con el nuevo Gobierno que permita recuperar la estructura
salarial previa al recorte salarial de entre el 5% y el 10% del año 2010 y
recuperar la pérdida de poder adquisitivo acumulada, que cifra entre un 12,9% y
un 17,9%.
Igualmente, ha pedido adecuar los incrementos variables que
contempla el último acuerdo a las expectativas reales de la economía para sumar un 1%
adicional.
En cuanto al empleo, ha demandado empezar a diseñar la
oferta de empleo público de cara a los próximo Presupuestos, así como impulsar
un plan de choque sobre plantillas para su rejuvenecimiento, ante la previsión
de la jubilación de 905.000 empleados en una década, y avanzar en
estabilización de interinos.
Otros puntos planteados han sido la regulación de la carrera
profesional; el desarrollo de las 35 horas; un nuevo impulso a las medidas de
conciliación (desarrollo de las bolsas de horas); la adecuación de los grupos
de clasificación en la función pública a las nuevas titulaciones; la jubilación
voluntaria a los 60 años; adecuar los complementos de residencia e insularidad;
y el desarrollo de la figura del delegado en Igualdad y violencia de género.
Por último, ha pedido el reconocimiento de las lenguas
cooficiales como mérito en el acceso al empleo público, pero "nunca como
requisito".
No hay comentarios:
Publicar un comentario