Por Andrés Morey. Tu blog de la Administración Pública.- La noticia en
Valencia de una exdirectora de la función pública que, vigilando en unas
oposiciones, proporcionó a una amiga en un papel las respuestas correctas del
ejercicio que se realizaba, provoca este comentario.
Si ya se podía decir que era incomprensible su acceso
al cargo citado ahora se puede decir que tampoco merece ser funcionaria ni ser
considerada como profesional. Y es que estos hechos ponen de manifiesto algo
sobre lo que se ha insistido sin cesar en mis reflexiones y entradas de este
blog. No hay administración pública, no hay función pública, no hay merito ni
capacidad, sobre todo en los niveles superiores donde más importa. No hay
principios de ninguna clase ni morales, ni técnicos o profesionales. La ley es
una mera figura retórica, ineficaz cuando no interesa al nivel político o
cuando de tratar de hacerla efectiva el funcionario puede entrar en colisión
con la voluntad del político o el partido político de turno, o puede verse
afectada su carrera, convertida en simple retribución. El funcionario al no
tener libertad por su nombramiento a dedo, no tiene capacidad técnica porque no
puede ejercerla contra la voluntad política, que de hecho no es la de la ley,
sino la personal o de partido.
La consecuencia es que el mérito no se considera y, al no hacerlo, la capacidad
es un hecho aleatorio y la ley no puede ser eficaz. El funcionario es empleado
y lo público es una entelequia. El interés general, lo que conviene. El
ciudadano una víctima, que al acudir a la Administración o a la justicia juega
a la lotería. La equidad algo incomprensible y la igualdad por tanto en lo
sustancial no puede existir. En esta situación la permanencia en el empleo del
funcionario público no es un derecho, debía estar sometida a nuevos exámenes de
mérito y capacidad técnica, a una reválida permanente. Menudo cuento ha
resultado la evaluación del desempeño.
Amiguismo y valores predicados
Estos días se insiste en que los gobernantes lo han de ser para todos y no para
los amigos del partido o personales. Pero es claro que esto no puede ser así
sin que el funcionario no sea consciente de los principios constitucionales que
inspiran la función pública y los morales que dicha función lleva implícitos.
Desde lo más alto lo que se transmite es todo lo contrario, que el ciudadano no
importa, no existe, se convierte en el amigo, en el recurrente pesado, en la
molestia a evitar, etc. Y qué decir de la moral de los máximos gobernantes con
méritos conseguidos de modo espúreo. Doctores tiene la Iglesia. Contemplar a la
ciudadanía y sus derechos es construir una Administración pública de verdad no
una covachuela de intereses bastardos.
Que quién ha sido responsable de la parcela de una función pública sea la
primera en incumplir las bases esenciales del mérito, la capacidad y la
igualdad es un síntoma nefasto, manifiesta el cáncer que corrompe el sistema y,
por tanto, a la democracia española, si es que existe. Los hechos que nos
cuentan son tan groseros que dan vergüenza y afectan a todos lo funcionarios
que aprecien su función y tengan vocación de servicio. Cabe que en el ejercicio
de la función el caso particular, las conductas habituales, las disfunciones
legales y reglamentarias maticen las resoluciones o los actos materiales y
conductas respecto del ciudadano o administrado y que en algunos casos la
rigidez de una norma sea corregida en un caso particular.
No tengo palabras para calificar lo que es una función pública profesional,
pero en general, en toda ella, sobre todo en los que resuelven o sentencian, la
moralidad ha de presidir sus actos, así como la equidad que permite que la
igualdad se dé en su sustancia y que realmente exista. La formación del
funcionario, como ya he dicho, es una especie de concurrencia de intereses de
profesores, acumulación de falsos méritos, presentación de cargos públicos de
una agenda repleta de actuaciones de efectos discutibles para el interés
general y el ciudadano y falta, precisamente, la inculcación de los valores
precisos del servicio al ciudadano a través de la ley y el Derecho. Pero la
verdad ¿alguien considera que importa la Administración pública en nuestra
política actual? ¿Alguién cree en los valores predicados?
No hay comentarios:
Publicar un comentario