sábado, 29 de febrero de 2020

Darias anuncia una Ley de Función Pública, un plan de rejuvenecimiento y revisión de criterios de acceso

La nueva ley desarrollará el Estatuto Básico del Empleado Público y aboga por conseguir plantillas "suficientes". Ver nota de prensa de Palacio de La Moncloa

Revista de prensa. Europa Press.- La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha anunciado este jueves la intención del Gobierno de presentar un proyecto de reforma de la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado (AGE), para desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público, así como medidas en materia de igualdad, avanzando en teletrabajo, y planes de formación y captación de talento para frenar el envejecimiento de las plantillas, ante el envejecimiento del 51% de la plantilla en la próxima década. También ha adelantado que se revisarán los criterios de acceso al empleo público.

Carolina Darías en su toma de posesión como ministra de
Política Territorial y Función Pública 
Así lo ha detallado Darias durante su primera comparecencia ante la Comisión de Política Territorial y Función Pública en el Congreso para detallar las líneas fundamentales de su departamento, que ha explicado que se centrarán en el objetivo de modernizar y revalorizar el sistema de Función Pública y en disponer de plantillas "suficientes y adecuadas".

Necesidad
Darias ha avanzado su propósito de lograr un nuevo acuerdo con los sindicatos para la mejora del empleo público y ha anunciado la intención del Ejecutivo de presentar un proyecto de Ley de Función Pública en la AGE, para desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público con el fin de acometer un "profundo proceso de transformación" en el sistema de empleo público, una "necesidad ampliamente sentida por todos los sectores".

La reforma se vertebrará en torno a la figura del empleado público, ha precisado la ministra, quien ha indicado que se encuadra en las reformas estructurales previstas por el Gobierno para impulsar la racionalización de la Administración, mejorar su calidad y eficacia y garantizar la prestación de servicios públicos de calidad.

La ministra ha abogado por disponer de plantillas "adecuadas y suficientes", ya que el saldo de efectivos entre 2018 y 2019 es negativo a pesar de la intensificación de las ofertas de empleo desde 2017, especialmente en 2019, con la mayor oferta de los últimos 11 años (33.793 plazas de personal funcionario y laboral).

Envejecimiento de plantillas
En este sentido, se ha referido al problema del envejecimiento en las plantillas de la AGE, ante la previsión de que se jubile el 51% del personal en la próxima década y el hecho de que la edad media se sitúe en 52 años, casi 10 años más respecto a la media de la población activa.

Además, ha indicado que el nivel de empleo público sigue siendo inferior al de la mayoría de países desarrollados pese a las últimas ofertas, al situarse el porcentaje en el 15,3%, frente al promedio del 18% de los 36 países que conforman la OCDE. "Todo esfuerzo por modernizar y revalorizar el sistema es necesario", ha apostillado.

Sobre el plan de estabilización del personal temporal aprobado por el exministro del PP Cristóbal Montoro, que preveía situar la temporalidad por debajo del 8%, ha indicado que los acuerdos no se están cumpliendo de la misma forma en todas las administraciones, aunque "la Administración del Estado sí ha cumplido".

Precisamente la Mesa General de Negociación ha impulsado esta semana los procesos selectivos para 5.390 personas, en la AGE, con una tasa de temporalidad ya inferior al 8%.

Por ello, ha anunciado un plan estratégico de formación para la AGE, que se centrará en cursos selectivos y másteres para los nuevos empleados y oferta de formación continua para la AGE y la administración local, mejorando el funcionamiento y la evaluación de actividades presenciales, así como un plan de captación del talento para "poner freno al envejecimiento".

Para conseguir el rejuvenecimiento de las plantillas se fortalecerán el Instituto de Administración Pública (INAP) y el Instituto para la Evaluación de las Políticas Públicas (IEPP), como principales instrumentos para lograr el objetivo.

En materia retributiva, se ha limitado a recordar que una de las primeras medidas del Gobierno de coalición fueron aprobar el incremento del 2% del sueldo de los empleados públicos con efectos a 1 de enero de 2020, a través de un real decreto-ley convalidado sin ningún voto en contra.

Acceso, igualdad y discapacidad
Igualmente, ha anticipado cambios en materia de acceso a la Función Pública, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad, y modernizando las categorías relativas a requisitos de acceso, el proceso selectivo y la racionalización de los cuerpos.

Ha avanzado también la adopción de medidas "prioritarias" en materia de igualdad, para lo que se impulsarán itinerarios formativos en igualdad para capacitar al personal de recursos humanos, directivos y unidades de igualdad sobre el uso de herramientas que garanticen la integración de la perspectiva de género en el uso diario.

A su vez, se apoyará la conciliación de la vida personal, familiar y laboral abordando obstáculos para el desarrollo de la carrera profesional y con el uso de experiencias pilotos en buenas prácticas como el teletrabajo, una cuestión "a trabajar de la mano de organizaciones sindicales y el Parlamento". También ha adelantado que verán la luz medidas de detección temprana de acoso sexual, con más formación al respecto.

Por otra parte, sobre Muface ha indicado que continuará la modernización del organismo con el desarrollo del Plan Estratégico y comenzará la elaboración de otro Plan Estratégico 2020-2023, incorporando la digitalización.

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