El fraude para encarecer los contratos públicos en informática
y tratamiento de datos duró quince años y se conoció gracias una denuncia. Las administraciones afectadas son la Agencia Tributaria, la
gerencia de informática de la Seguridad Social, Servicio Público de Empleo
(SEPE).
Nota CNMC.- Once empresas han sido sancionadas por crear un cártel en el
suministro de servicios de informática y tratamiento de datos a la
Administración Pública. La trama empresarial se repartió los clientes, pactó
los precios y las condiciones comerciales, e intercambió información comercial
sensible para encarecer la contratación pública. Las sanciones impuestas se
elevan en su conjunto a 29,9 millones de euros. (S/DC/0565/15)
El 8 de marzo de 2015 la CNMC (Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia) recibió una denuncia, fruto
de la campaña contra el fraude en la licitación pública que la CNMC lanzó hace
año y medio. Tras las investigaciones realizadas y una vista pública con
las empresas implicadas, la CNMC considera acreditada una infracción muy grave
de los artículos 1 de la Ley 15/2007 y 101 del Tratado de Funcionamiento de la
UE, constitutiva de cártel.
Las empresas involucradas operaban en todo el territorio
nacional ofreciendo servicios de informática y de tratamiento de datos,
desde consultores en la instalación de equipos informáticos y aplicación de
programas, hasta servicios de preparación de datos para su tratamiento y
servicios de bases de datos. En la mayoría de los casos estos contratos
conllevan la integración física de personal de las empresas incoadas o de sus
subcontratas en las plantillas de los clientes como personal de apoyo. Entre
los organismos afectados por el fraude se encuentran la Agencia
Tributaria, la gerencia de informática de la Seguridad Social, y el
Servicio Público de Empleo (SEPE), entre otras.
Las conductas
ilícitas realizadas afectan a los procedimientos de contratación, que se hacían
de diversas formas: i) mediante la creación de UTE (Uniones temporales de
Empresas) de carácter instrumental; ii) la subcontratación preferente de
determinadas empresas a las que se aseguraba un porcentaje de facturación y
unas condiciones más ventajosas que a otras empresas subcontratadas a cambio de
que no participaran en ofertas alternativas en la licitación; iii) la
presentación de ofertas de cobertura para asegurarse la adjudicación de
contratos adjudicados mediante concurso o procedimientos negociados; iv) la
cesión de claves de patrimonio o en la inhibición de la presentación de ofertas
por ciertas empresas en determinados concursos para asegurarse la adjudicación
de los mismos y a cambio de otro tipo de favores. Con todo ello reducían la
competencia entre las empresas que se presentaban al concurso público.
Empresas participantes en el cártel
La intensidad de la participación de las empresas variaba en
función del organismo que convocaba las licitaciones y del tipo de concurso.
Los instigadores de la trama fueron dos: Indra y SAG. En el reparto del mercado
participó un grupo de nueve empresas con distintos grados de
responsabilidad: Atos, Connectis, IBM, Everis, Babel, Cibernos, Gesein,
Accenture y Next. A esta lista hay que sumar otras tres empresas para las que
no existen pruebas suficientes.
Las empresas sancionadas son:
Indra Sistemas SA: 13,5 millones de euros
SAG (Software AG) España SA: 6 millones de euros
Atos Spain SA: 5 millones de euros
Connectis ICT Services SA.: 1,8 millones de euros
IBM (International Business Machines) SA: 940.000 euros
Everis Spain SL: 800.000 euros
Babel Sistemas de Información SL: 633.917 euros
Cibernos Consulting SA: 616.038 euros
Gesein SL: 320.969 euros
Accenture SL y Accenture Outsourcing Services SA: 300.000
euros
Next Computer Services SA: 46.760 euros
La CNMC recuerda que contra esta Resolución no cabe recurso
alguno en vía administrativa, pudiendo interponerse recurso
contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al de su notificación.
Campaña contra el fraude en la licitación pública
La CNMC inició hace año y medio una campaña contra el fraude
en la licitación pública. Para ello ha realizado cursos de formación y
charlas explicativas con los Órganos de Contratación de la Administración
Pública dirigidos a mejorar los procedimientos y ayudarles a detectar los
procedimientos irregulares.
El carácter secreto de este tipo de acuerdos ilícitos
para no competir en las licitaciones convocadas por la Administración hace
imprescindible la colaboración de los empleados públicos y requiere que éstos
puedan informar a la CNMC cuando detecten alguna conducta sospechosa en sus
concursos.
La CNMC anima a todos aquellos que participen en órganos de
contratación que tengan indicios de este tipo de conductas o que quieran tener
más información acerca de estos elementos que facilitan su detección a que se
pongan en contacto con la Autoridad de Defensa de la Competencia a través del
buzón de colaboración ciudadana (buzoncolaboracion@cnmc.es)
o bien por teléfono (+34 917 931 600).
Además, se ha elaborado una sencilla guía de ayuda para
detectar el
fraude en la contratación pública.
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