Por José Antonio García*. Cinco Días.- El incremento del bienestar social está ligado a la
construcción de sociedades cohesionadas y con igualdad efectiva de
oportunidades, suponiendo la base fundamental del mantenimiento del estado de
derecho. Las administraciones públicas son el instrumento esencial para su
consecución y deben adecuar su organización y funcionamiento a un nuevo
escenario cada vez más complejo.
En un mundo globalizado, digitalizado y sujeto a cambios
incrementalmente acelerados, las administraciones públicas han de desarrollar
su actividad en un nuevo escenario donde:
1.-) han dejado de ejercer el monopolio
de la intervención pública, y confluyen diversos actores en la búsqueda e
implementación del interés general;
2-) existe una creciente desafección
ciudadana respecto de su actividad, lo que disminuye la confianza y la
legitimidad de su intervención, contrarrestado con un reclamo cada vez más sólido
en la participación de lo público, como es el desarrollo normativo, la
rendición de cuentas o la evaluación de las políticas públicas;
3-) aparecen
problemas demasiado complejos para ser resueltos por una sola organización, sin
existir soluciones protocolizadas y donde a mayor profundidad de análisis,
mayor probabilidad existe de que aparezcan soluciones contrapuestas;
4.-) su
ámbito de intervención está permanentemente en revisión desde las distintas
posiciones políticas;
y 5.-) la mayoría de sus actividades responden a la
ejecución de programas previamente establecidos, así como que las grandes
decisiones son limitadas y para ser llevadas a cabo es necesario un largo
periodo que suele exceder la legislatura.
Puestos directivos arbitrarios
Adicionalmente, el modelo institucional español incorpora
una circunstancia eminentemente local: la interiorización por parte de todos de
los agentes directamente implicados, así como la aceptación social, de que una
de las consecuencias de la contienda electoral es la prerrogativa para
gestionar libremente la administración pública. Así, se colonizan los
puestos de directivos a través de nombramientos que comparten, a partes
iguales, la adhesión incondicional, el adanismo y el revanchismo, facilitado
por la ausencia de mecanismos que vengan a limitar ese ejercicio de
designaciones arbitrarias.
Existen otros elementos igualmente necesarios para
conseguir unas administraciones públicas que estén a la altura de su
importancia como primer actor económico y social: la captación de talento, la
adecuación cuantitativa y cualitativa de la naturaleza de los puestos de
trabajo a una sociedad digital, o la modernización de las estructuras
organizativas. Todos ellos, retos de tal magnitud que deberían sujetarse a un
gran acuerdo de implementación temporal mayor que la de un mandato electoral.
Sin embargo, la figura del alto directivo público es el
pilar fundamental que permite asegurar la pervivencia de las administraciones
públicas como objeto de intervención social en pos del interés general. La
ausencia de una dirección pública profesional que permita dar continuidad a la
implementación de las políticas públicas y su consiguiente reflejo organizativo
supone un déficit que provoca la erosión de los fundamentos del Estado de
derecho.
No solo es imposible la realización del cambio cultural
imprescindible para que las administraciones públicas puedan afrontar los retos
que les demandan la sociedades sin contar con altos directivos públicos. Su
propia figura viene a fortalecer a las instituciones públicas, de forma que el
“qué”, el “quién”, el “cómo” y el “por qué” que caracterizan su intervención se
ejecuten teniendo como principio inspirador el interés general.
No se trata de eliminar de la ecuación pública a los
legítimos representantes de los ciudadanos.Mientras que un político nunca será
un experto diseñador y ejecutor de políticas públicas, sí que se le requiere
para identificar las metas y la consecución de los apoyos y medios para
lograrlas. Sin embargo, es tarea del alto funcionario llevar a la práctica ese
programa y conseguir diseñar y mantener la estructura organizativa para que
aquel sea sostenible en el tiempo.
La actuación del alto directivo contará con la independencia
necesaria respecto del estamento político, así como con la garantía de
permanencia en el cargo el tiempo necesario para ejecutar los programas por los
que fue seleccionado. Es por ello que su nombramiento debe realizarse a través
de convocatorias públicas, que incluyan la objetivación de los méritos y de los
objetivos buscados.
De igual forma, su remoción deberá estar basada en causas
concretas, previamente tasadas y siempre ligadas a la consecución de los
objetivos y reflejados en su nombramiento. Países que han adoptado este
exitoso modelo han designado a un organismo independiente para conducir el
proceso selectivo, que finaliza con la propuesta de un triunvirato al estamento
político correspondiente, que escoge al que prevea más adecuado.
AA.PP auditables
Por otro lado, la acción resultante de las organizaciones
públicas debe poder ser trazable y auditable. La transparencia y el
gobierno abierto en sus más amplias acepciones son aliados inexcusables de
todos los agentes implicados en la búsqueda de la mejora social: del estamento
político, para comprobar la efectividad de las medidas propuestas como parte de
su estrategia para el bienestar social que coadyuvará a su reelección; del alto
directivo público, como fuente de datos que vienen a corroborar su buena
gestión; y por último, de la ciudadanía, como forma de control y auditoría de
la eficacia y/o eficiencia en el uso de los recursos públicos, así como en la
construcción de una sociedad más responsable y consciente.
Con esa orientación se hace necesario incorporar dos
nuevas perspectivas poco utilizadas en el ámbito público español. Por un
lado, la creación de unidades administrativas independientes encargadas de:
1.-)
analizar el impacto de las políticas públicas, verificando si los objetivos
pretendidos por la correspondiente norma regulatoria han sido alcanzados;
y 2.- )
evaluar la ejecución presupuestaria, tanto en términos cuantitativos como
cualitativos. Para ello, y como segundo requisito, es necesario dotar a las
organizaciones públicas de una estrategia para la recolección y análisis de
datos. El panóptico digital que modelice la actividad de la sociedad es el
combustible de un engranaje que, sobrepasando la actual configuración basada en
silos administrativos independientes, permite modelizar la sociedad y sus interacciones,
para a partir de ellos, poder hacer un diseño de las políticas públicas que
sirvan al interés general.
*José Antonio García García es funcionario de la
Administración General del Estado y expresidente de Astic
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