Revista de prensa. Por Diego Molpeceres. VozPopuli.- En plena polémica
por el acercamiento
de presos de la banda terrorista ETA a
cárceles del País Vasco, el Gobierno de Pedro
Sánchez afronta otro conflicto a cuenta de la retirada del
recurso contra la ley vasca de abusos policiales que pretende reconocer la
existencia de presuntas víctimas de torturas sin necesidad
de sentencias judiciales.
El PSOE acordó
hace dos semanas con el Gobierno Vasco realizar modificaciones en el articulado
de la norma aprobada por el Parlamento Vasco en
2016 con los votos a favor del PNV y PSE-EE,
la abstención de EH Bildu y el rechazo del PP
y UPyD. La retirada del recurso acordada en el Consejo de
Ministros del pasado viernes llega sin que esas
modificaciones se conozcan, aunque la idea es que la norma no busque
responsabilidades, sino que sirva para resarcir a los afectados con
indemnizaciones. Según explicó el portavoz del Gobierno Vasco, Josu
Erkoreka, afirmó el pasado viernes que "en ningún momento se
pretendió que (la ley) entrara en el terreno de la investigación judicial, que
entrara a identificar responsables y a definir culpas, sino solamente en el
reconocimiento y reparación de las víctimas de esos derechos
fundamentales".
El objetivo es
aprobar la reforma en octubre, cuando se retome el período de
sesiones en la cámara de Vitoria. Pero los sindicatos
policiales y algunas asociaciones de víctimas como Covite,
reunidas en un grupo de trabajo, quieren dar la batalla hasta el
final. "Algo más vamos a hacer, está claro. No estamos dispuestos a
que se insulte una vez más a nuestras víctimas ni a que se cuestione la labor
de los Cuerpos de Seguridad del Estado", manifiesta en declaraciones a
este diario Ramón Rodríguez Prendes, secretario
general de la conservadora UGC (Unión
de Guardias Civiles). "Vamos a seguir avanzando y vamos a
llevarlo a los tribunales que sea necesario. Pero no vamos a tolerar una
manipulación de lo que ha sucedido", apostilla.
Carta a los
ministerios
Hace dos semanas
hicieron llegar cartas tanto al Ministerio del Interiorcomo
al de Justicia y a la propia Fiscalía General del Estado para
trasladar su malestar por la decisión de Moncloa. En ella mostraban su temor a
que se acabe imponiendo "el relato del conflicto" y que triunfe
el intento de construir una "memoria alternativa" que "blanquea
el pasado criminal de ETA y ensucia el de las
víctimas del terrorismo". En el título de la ley se habla de
"violencia de motivación política".
Además de
recordar que la denuncia de malos tratos por parte de los etarras era algo
"sistemático" en cada detención, tanto el SUP como la UGC califican
la decisión como una contraprestación al apoyo del PNV en
la moción de censura contra Rajoy. "Es
una moneda de cambio a todas luces política. Nos están vendiendo por una
decisión de poder, pero vamos a seguir luchando", enfatiza
Rodado. "Posiblemente sea un peaje que tiene que pagar por el apoyo
recibido para llegar al Gobierno. Pero a los
guardias civiles las componendas políticas ni nos van ni nos vienen. Nosotros
queremos verdad; ellos son los verdugos, no las víctimas", remata
Rodríguez Prendes.
Hay un recurso
contra la ya creada comisión de expertos para valorar a las
posibles víctimas de abusos policiales
El Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco ha admitido el recurso
presentado por el sindicato Unificado de Policía contra la
ya creada comisión de expertos (que
contemplaba la propia ley) para valorar a las posibles víctimas de abusos
policiales. El sindicato policial confía en que si este recurso prospera,
podría paralizarse la entrada en vigor de la norma al completo. El
Constitucional ha anulado gran parte del articulado de una ley similar en Navarra,
al considerar que invadía competencias del Poder Judicial porque preveía
investigar y esclarecer los casos. Un informe del Instituto Vasco de
Criminología cifra en 4.113 el número de torturas y abusos llevados a cabo
por agentes de policía, de los que sólo 202 han sido investigados.
La llegada del
nuevo Ejecutivo socialista ha generado tensiones con los mandos de ambos
cuerpos. Hace una semana, el ministro del Interior, Fernando
Grande-Marlaska, decidió destituir al jefe de la Unidad
Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por "pérdida
de confianza", después de que se filtrase una orden de Manuel
Sánchez Corbí que mandaba paralizar investigaciones ante la
falta de fondos reservados.
En la mesa de
trabajo que se reunirá tras el verano se encuentran el SUP, CEP, UFP y SPP,
además de AUGC, Unión GC, Unión de Oficiales y APROGC.
También está la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
(ACFSE), la Asociación de Ertzainas y Familiares Víctimas del Terrorismo
(ASERFAVITE) y Covite.
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