Revista de prensa. CARLOS SÁNCHEZ.- El Confidencial.- La patronal CEOE ha
abierto un nuevo frente de negociación con el Gobierno. En concreto, ha
planteado al Ejecutivo la necesidad de que la
Administración pierda sus actuales privilegios a la hora
de cobrar cuando una empresa se acoja al concurso de acreedores.
Los empresarios,
en concreto, reclaman una modificación del artículo 280 de la nueva Ley
Concursal, cuyo texto refundido se publicó el
pasado 5 de mayo en el BOE, y que vuelve a situar a la Seguridad Social y a
Hacienda como acreedores preferentes para
actuar contra el patrimonio existente de la empresa que ha entrado en situación
de quiebra.
La ley precisa
que son créditos con privilegio general los
salarios de los trabajadores afectados por el concurso, hasta el triple
del salario
mínimo interprofesional (2.850 euros mensuales), y las retenciones del
IRPF y de las cuotas a la Seguridad Social impagadas. Es decir, que la ley
sitúa la Administración en los primeros lugares a la hora de actuar contra la
masa patrimonial que sobreviva en la empresa. Por detrás quedan los acreedores
privados.
María Jesús
Montero, junto al presidente de CEOE, Antonio Garamendi. (EFE)
Lo que la CEOE
pretende es que esta posición de privilegio la pierda la Administración en
favor del sector privado con un argumento: en la actual coyuntura, muchas
empresas a las que se les debe dinero irán a la quiebra, ya que cuando estén en
condiciones de cobrar, el patrimonio de la empresa en concurso se habrá
esfumado. Es decir, se teme que por los problemas de la empresa deudora acabe el acreedor en situación de insolvencia,
lo cual significaría multiplicar por dos el problema.
Los impagos, de
hecho, son hoy la gran amenaza que pende sobre la tesorería de muchas empresas,
como acaba
de poner de manifiesto el Banco de España en un informe en el que
revela que una de cada tres empresas corre
el riesgo de ser morosa.
La reivindicación
de la patronal ya se puso de manifiesto en la cumbre empresarial celebrada
antes de las vacaciones de verano por algunos participantes. Algo que debe
interpretarse como un aviso a navegantes. Como
se sabe, la presentación ante los juzgados de lo mercantil de los concursos de
acreedores está hoy congelada por
una moratoria que aprobó el Gobierno en los momentos más duros de la pandemia,
cuando los tribunales estaban cerrados.
Las cicatrices de
la crisis
En concreto, un
real decreto-ley publicado en abril estableció que, hasta el 31 de diciembre de
2020, los jueces no admitirán a trámite las
solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado
desde la declaración del estado de alarma. Eso quiere decir que las cicatrices de
la crisis sobre el tejido productivo no se dejarán ver con claridad hasta 2021,
cuando los tribunales empiecen a tramitar las peticiones de quiebra.
Es más, el real
decreto-ley, en aras de proteger las empresas con mayores dificultades de tesorería, estableció
que, durante el plazo de un año a contar desde la declaración del estado de
alarma, es decir, hasta el próximo 14 de marzo, el deudor no tendrá el deber de
solicitar la liquidación de la masa activa cuando conozca la imposibilidad de
cumplir con los pagos comprometidos o las obligaciones contraídas con
posterioridad a la aprobación del convenio concursal.
La CEOE entiende
que esta ‘hiperprotección’ de los
deudores puede poner en riesgo el futuro de empresas que hoy son solventes,
pero que entrarían en zona de riesgo si no son capaces de ponerse al día con
sus deudores. De hecho, la ley aclara que el juez no dictará auto abriendo la
fase de liquidación, aunque el acreedor acredite la existencia de alguno de los
hechos que pueden fundamentar la declaración de concurso.
Este asunto,
junto a la regulación del
teletrabajo y, sobre todo, la extensión de los ERTEs hasta más allá del 30 de
septiembre, forma parte del paquete de reivindicaciones
de la CEOE ante el Gobierno.
Moncloa ha
previsto una nueva cumbre el próximo 4 de septiembre, a celebrar en Palma de
Mallorca, pero como dicen fuentes de la patronal, esa reunión tiene un carácter
más formal que de fondo. Se ha elegido la capital balear no por casualidad,
sino porque se quiere visualizar la preocupación del
Gobierno por el turismo, de ahí que en CEOE se hable más de una
‘foto’ que de un encuentro formal de trabajo. Las negociaciones sobre la
duración de los ERTE se prologarán durante el mes de septiembre.
