Revista de prensa.- El Confidencial Digital.- Según
ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes conocedoras
de la situación, el Ejecutivo tendrá que esperar a después del verano para dar
luz verde de manera definitiva al real decreto que regulará la jubilación
anticipada de los efectivos locales.
Sólo
una vez cumplido este trámite, el Gobierno podrá llevarlo al Consejo de
Ministros para su aprobación. Aunque la voluntad era darle salida en julio,
el dictamen no ha llegado a tiempo a la última reunión del Gabinete antes de las
vacaciones de verano, que se celebró ayer, viernes, en La Moncloa.
Se retrasará al menos hasta octubre
Así
las cosas, según las fuentes consultadas por ECD, los sindicatos esperan que el
real decreto no tarde mucho en ser aprobado por el Ejecutivo en cuanto supera
el trámite del Consejo de Estado, de forma que pueda ver la luz el próximo mes
de octubre.
A
partir de entonces, estará vigente el primer día del mes siguiente en
que entre en vigor la norma.
Se
calcula que alrededor de 20.000 agentes locales se encuentran en esa situación,
aproximadamente el 10% de la plantilla de toda España.
Ahora,
un policía local puede retirarse a los 60 años con tal de que haya cotizado
durante 35. El decreto contemplará que puedan beneficiarse de un coeficiente de
bonificación de 0,20 puntos al llegar esa edad y retirarse cobrando la pensión
completa.
Es
una fórmula similar a la que desde 2010 ya se aplica a los 8.000 agentes de
la Ertzaintza.
Tramitación exprés en el Congreso
En
paralelo, los partidos en el Congreso han trasladado al colectivo su compromiso
de agilizar la tramitación de la jubilación anticipada. Durante el mes de
julio, los sindicatos han realizado una ronda de contactos con los
grupos parlamentarios que, una vez aprobado el real decreto, deberán
desarrollar la norma que regulará la cotización adicional.
La
oposición en su conjunto apoya la medida. Se han comprometido además con los
sindicatos a impulsar una interpelación al Gobierno en septiembre, si la norma
no ha llegado entonces a la mesa del Consejo de Ministros, solicitando la
comparecencia en el Congreso del Secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás
Burgos.
