El Gobierno ha comunicado a los agentes que el
decreto estará listo en octubre pero que no podrán retirarse hasta comienzos de
2019
Revista de prensa. El Confidencialdigital.com.- Los
policías locales que se encuentran próximos a la jubilación tendrán que esperar
cinco meses más, como mínimo, para poder retirarse. Supone un nuevo retraso
después de que el Gobierno se comprometiera a que los agentes que cumplieran
los requisitos para abandonar el servicio a los 60 años pudieran dejar sus
puestos en julio de 2017.
Tras
tres años de continuos aplazamientos, el PP introdujo el pasado mes de mayo una
enmienda en el proyecto de Ley de Presupuestos para 2018 que garantizaba la
puesta en marcha de la jubilación anticipada de los policías locales.
Días
después salió adelante la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La
Moncloa. Eso sí, con el compromiso del presidente de aplicar las cuentas del
Estado para este ejercicio elaboradas por el PP, prácticamente sin retoques.
Ahora,
el nuevo Gobierno se ha comprometido a tener listo el real decreto de
jubilación anticipada de los policías locales en cuanto haya una resolución
positiva del Consejo de Estado. Tiene previsto trasladarle el documento a
principios de septiembre. A partir de ahí, estima un plazo de dos meses para
llevar el texto definitivamente al Consejo de Ministros.
Según
este calendario, los sindicatos contaban con que la norma entraría en vigor el primer
día del mes siguiente a ser aprobada. Por tanto, como muy tarde, habría luz
verde a principios de noviembre. No será así. Tendrán que esperar varios meses
más.
Se
alude a problemas de seguridad en las calles
Según
ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras del proceso, el
Gobierno ha trasladado un mensaje de prudencia a los agentes a la hora de
solicitar estas jubilaciones de forma inmediata y masiva, en un momento en el
que el país se encuentra todavía en nivel 4 de alerta terrorista por la amenaza
yihadista.
Les
ha recordado que existe el riesgo de que las plantillas se vean excesivamente
mermadas a partir del próximo año, en caso de que no se llegue a tiempo para
que todo este personal que se marcha pueda ser reemplazado en número
suficiente.
Así,
Función Pública se ha dado plazo hasta final de año para reorganizar el
personal que permanecerá en activo y ha aplazado las primeras retiradas al día 1
de enero de 2019. Un proceso que está realizando junto a Interior y los
ayuntamientos de las grandes ciudades.
Los
policías municipales coinciden con el Ejecutivo en que, con la jubilación
inminente de un gran número de efectivos o, en otros casos, con su paso a una
segunda actividad ajena al servicio y vigilancia de las calles, algunas
capitales de provincia quedarán sin apenas plantilla.
Continuos
incumplimientos del Gobierno del PP
En
cualquier caso, este nuevo retraso se suma a los sucesivos incumplimientos del
Gobierno de Mariano Rajoy con el colectivo. El Ejecutivo del PP había
garantizado que se desbloquearía el decreto para su aprobación el pasado mes de
marzo.
Pero
ese anuncio acabó de nuevo en nada, después de que el Ministerio de Empleo
estableciera que los agentes que cumplieran los requisitos podrían dejar sus
puestos en julio del año pasado. Sin embargo, tal
y cómo se contó entonces en ECD, el texto ni siquiera llegó a salir del
departamento de Fátima Báñez.
El
proceso legislativo exige el dictamen favorable del Consejo de Estado, el
máximo órgano consultivo del Ejecutivo, antes de ser aprobado por el Consejo de
Ministros.
Seis
meses paralizado por Cristóbal Montoro
Los
representantes de los policías locales conocían que la Secretaría General
Técnica de la Secretaría de Estado de Seguridad Social había concluido, en la
segunda quincena del pasado mes de octubre, el informe para continuar con la
aprobación del real decreto que establece el coeficiente reductor de la edad de
jubilación en favor de los agentes.
En
aquel momento, Empleo solicitó a Hacienda la pertinente autorización como paso
previo para la remisión del expediente al Consejo de Estado que debe elaborar
el informe preceptivo antes de su aprobación definitiva. Pero los agentes
denunciaron en mayo que el proceso acumulaba ya un retraso de seis meses.
Nueve
meses para llegar al Consejo de Estado
Anteriormente,
el decreto había permanecido otros tres meses en la fase de estudio de la
comisión técnica. En total, por tanto, arrastraba más de nueve meses entre
ambos organismos.
Desde
Empleo insistían en que se estaban cumpliendo los plazos habituales para la
aprobación de un decreto ley. Defendían que la Secretaría General Técnica de la
Secretaría de Estado de Seguridad Social estaba analizando las alegaciones
presentadas por los sindicatos, que habían llegado al Ministerio la primera
semana de julio de 2017.
A
finales del año pasado, los efectivos de la mayoría de grandes ciudades del
país que se encuentran al borde de la jubilación comenzaron a organizarse y
remitieron una carta al entonces ministro Cristóbal Montoro.
Los
sindicatos policiales solicitaron que les confirmase que el real decreto se
aprobaría el pasado mes de enero, de forma que ya en marzo se pudieran acoger a
la medida, de forma voluntaria, todos los agentes que cumplieran los requisitos
legales exigidos. Pero los agentes no volvieron a ser informados de más
detalles.
20.000
policías están pendientes de poder retirarse
Se
calcula que alrededor de 20.000 policías locales se encuentran en esta
situación, aproximadamente el 10% de la plantilla de toda España.
Ahora,
un policía local puede retirarse a los 60 años con tal de que haya cotizado
durante 35 ejercicios. El decreto contemplará que puedan beneficiarse de un coeficiente
de bonificación de 0,20 puntos al llegar esa edad y retirarse cobrando la
pensión completa. Es
una fórmula similar a la que desde 2010 ya se aplica a los 8.000 agentes de la Ertzaintza.
