Revista de prensa. Newtral.- El anteproyecto de ley de información clasificada que aprobó el Gobierno en el Consejo de Ministros del 1 de agosto incluye sanciones a la difusión de secretos oficiales, tal y como recoge Moncloa. “En caso de difusión indebida, las multas podrían oscilar entre los 50.000 y los tres millones de euros, sin perjuicio de las responsabilidades penales que se deriven”, afirman.
Aunque a la ley todavía le queda su proceso parlamentario, este apartado de sanciones por difusión de secretos oficiales podría entrar en conflicto con otra norma que también está en proceso de llevarse al Congreso de los Diputados: la de protección a las personas que informen sobre corrupción.
Esta última la presentó el Gobierno en marzo, y como explica el Ministerio de Justicia, nace de la directiva europea para proteger a los whistleblowers o denunciantes de hechos delictivos en la Administración pública. Además, esta última ley no busca aplicarse solo en el ámbito público, sino también en la relación público-privada. Se trata de una directiva europea que debería haberse transpuesto antes de finales de 2021. Un plazo que España ha incumplido junto a otros 14 países.
El problema podría generarse en la intersección de estas dos normas. Por ejemplo, si un funcionario difunde un caso de corrupción que el Gobierno considera que es un secreto oficial, o si los periodistas que revelen esa información son acusados de ir en contra de la seguridad nacional.
La difusión de un secreto oficial no tendría que ser multada siempre y cuando no esté justificado que sea secreto
Beatriz Martínez, profesora de Derecho de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, explica que este conflicto entre leyes podría suceder en la Administración central, y no tanto a nivel local, ya que solo el Ejecutivo puede clasificar una información como secreto oficial. Aun así, gracias a la ley de denunciantes, los funcionarios que quieran difundir información sobre un caso de corrupción que vean en la Administración pero que el Ejecutivo ha clasificado como secreto oficial podrían protegerse.
“Por ejemplo, puede pasar que el documentalista que tiene que archivar la información se dé cuenta de que se están cometiendo irregularidades y que se está clasificando información que no debería. Pues es al que habría que proteger con la ley del denunciante”, afirma Martínez.
A esto, añade que existe otra vía, que es la de que este documentalista se ponga en contacto con un periodista y que este revele la información. En ese caso, el periodista tendría derecho a no revelar su fuente de información. Pero como aconseja Martínez, “tiene que protegerse y saber que lo que está comunicando es cierto. En ese caso, el derecho a la información por el interés general prevalece ante otros derechos”.
“El Gobierno tiene bastante poder para decidir clasificar información, pero el procedimiento para hacerlo tiene que estar justificado con que ese secreto protege el interés general o la seguridad nacional. Si es por otras cuestiones se puede pedir el procedimiento de clasificación, y con él, tirar del hilo”, asegura la experta.
Violaciones de derechos humanos o corrupción: lo que se debería poder difundir aunque sean secretos oficiales
Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, destaca que en la nueva ley de secretos oficiales no hay mención a la violación de derechos humanos, ni a la lucha contra la corrupción, ni si hay fraude de capitales. “Consideramos que está incompleta”, afirma, y que “no se protege a los whistleblowers o denunciantes de corrupción o violación de derechos humanos”.
Para el director de Amnistía Internacional, la ley debería incluir una cláusula para proteger directamente a esta figura, ya sea funcionario, investigador o periodista, y no solo eso, ser más concreta con el tipo de información que puede clasificarse como secreto oficial. “La definición es tan amplia que hay demasiadas cosas que podrían ser secreto o alto secreto. Además, si no hay un criterio restrictivo y se amplía el número de instituciones que pueden grabar algo como secreto oficial, esto podría cubrir demasiadas cosas”, explica.
Beltrán denuncia que la ley de secretos oficiales debería ser “más específica” y espera que incluya un apartado para aquel que decida dar difusión a información clasificada sobre corrupción, fraude y violación de derechos humanos pueda hacerlo “protegido y sin temor”.
Alternativas a tener que publicar la información clasificada en los medios de comunicación
Además de poder difundir en los medios casos de corrupción que estén clasificados como secretos oficiales, Martínez opina que debería existir una entidad independiente a la que poder acudir para denunciar, y pone como ejemplo la Agencia Valenciana Antifraude, pero a nivel nacional.
De esta forma, según la experta, existiría un mecanismo oficial para luchar contra la corrupción que no pusiera a una persona en concreto en el punto de mira, sino a un organismo que no dependa ni de forma financiera ni políticamente del Gobierno del momento.
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