Transparencia gasta en abogados privados más del doble que hace tres años

El CTBG pagó el pasado año 60.850 euros a bufetes por la defensa y representación en pleitos promovidos por el Gobierno frente a los 32.912 euros de 2018 

Revista de prensa. ANTONIO SALVADOR  . El Independiente.com.- .  El gasto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) en abogados privados para que le represente ante los tribunales de Justicia se ha duplicado en los últimos tres años, lo que da una idea de la litigiosidad que mantiene la Administración General del Estado ante muchas de las resoluciones que este órgano dicta amparando las reclamaciones formuladas por los ciudadanos.

La autoridad independiente que vela por el cumplimiento de la transparencia en las administraciones públicas recibe ofertas hasta este miércoles para la contratación del servicio de defensa y representación jurídica en aquellos casos en los que no puede recurrir a la Abogacía del Estado por colisión de intereses. Según se detalla en el pliego de cláusulas administrativas, consultado por este diario, el presupuesto máximo asciende a 80.000 euros (impuestos no incluidos) y el plazo de ejecución de la prestación del contrato será de un año (a contar teóricamente desde el próximo 22 de julio).

De adjudicarse en dicha cantidad, el incremento sería del 31 % en relación con el gasto generado en 2020. El CTBG abonó por este concepto 60.850,19 euros, casi el 60 % a Escárate Asesores SLP (36.353,70 euros). Este despacho de abogados y auditores madrileño es el que ha ganado los concursos convocados por Transparencia desde 2018.

54 procedimientos en 2020

En concreto, los procedimientos judiciales en los que el CTBG precisó asistencia y representación de abogados privados el pasado año fueron 54: 33 ordinarios, 14 en apelación y siete en casación. Esta cifra es ligeramente inferior a la registrada en 2019, cuando se contabilizaron 65 pleitos en total (39 ordinarios).

Según detalla el Consejo de Transparencia en su web, siete de los recursos contencioso-administrativos promovidos por el Gobierno correspondían al Ministerio de Justicia, seguido de los de Trabajo y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (5 cada uno), Hacienda (3), Ciencia e Innovación (2) y Agricultura y Pesca (1).

En 2020, el CTBG adjudicó el servicio a Escárate Asesores por 65.340 euros (incluido el 21 % de IVA). Dos años antes se había llevado el encargo por 32.912 euros (impuestos incluidos) tras obtener una puntuación de 71,69 puntos e imponerse a las otras ocho firmas que aspiraban a firmar el contrato: Juan Francisco Mestre Delgado, Roquetas Torras Sociedad Civil Profesional, G. Cueto Legal SL, María Luisa Zulema Rodríguez de la Plaza, Arpinum Asociados SL, Iliana Núñez Osorio, Bufete Prolegue SL y Colón de Carvajal Solana Cardona Abogados SLP.

El CTBG adjudicó el servicio por 32.912 euros en 2018; ahora lo ha sacado a licitación por 80.000 euros

En su comparecencia del pasado jueves ante la Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso de los Diputados, el presidente del CTEBG, José Luis Rodríguez, calificó de «inconcebible» que este organismo carezca de un servicio jurídico atendiendo a que su función principal es la «garantía de un derecho». Tampoco se justifica teniendo en cuenta la «complejidad técnica» de las reclamaciones y el «abundante número de procesos» al que tiene que hacer frente.

Rodríguez volvió a quejarse de las «carencias» que sufre el organismo, con una dotación de personal «notoriamente insuficiente» para gestionar «de manera eficiente» la carga de trabajo que soporta -tiene la misma plantilla que cuando echó a andar (24), pese al notable incremento del número de reclamaciones que gestiona- y con un presupuesto que está a la cola respecto a otras autoridades administrativas independientes. 

«Para que el Estado español cuente con un órgano garante de la transparencia y del acceso a la información pública alineado con sus homólogos europeos y que cumpla con los estándares exigidos por la Unión Europea y el Consejo de Europa urge completar la creación del Consejo», defendió el presidente del Consejo de Transparencia, quien reiteró que las «carencias» afectan a la estructura orgánica al carecer de una secretaría general.