Guía para los responsables de adopción de decisiones en la contratación pública y monitoreo colaborativo.

Transparencia Internacional.- La pandemia por COVID-19 ha puesto a prueba la capacidad de muchos gobiernos de responder a las necesidades de las comunidades de manera rápida y eficiente. Los organismos públicos se enfrentan a un mayor escrutinio y a un aumento de expectativas de prestación de servicios y de proyectos significativos para acelerar una recuperación equitativa de la crisis.

En la UE, los Estados miembros han acordado un presupuesto sin precedentes de 1,8 billones de euros para el período 2021-2027. El flujo extraordinario de fondos a invertir y la necesidad de gastarlos cuanto antes, aumentan considerablemente los riesgos de fraude y corrupción.

Los responsables de adopción de decisiones de la UE tienen la oportunidad de colaborar con la sociedad civil y mejorar la transparencia y rendición de cuentas en los procesos de contratación pública a través de los Pactos de Integridad (PI). Transparency International, en colaboración con la Comisión Europea, llevó a cabo una prueba piloto de los Pactos de Integridad en 18 proyectos de contratación pública de 11 países de la UE entre 2015 y 2021. 

Asimismo, Transparency International España, en el marco del proyecto “Implementación y evaluación de las políticas de integridad corporativa en el sector privado: un enfoque holístico”, firmó y desarrolló cuatro Pactos de durante los años 2016 a 2018, concretamente: Dos con la Comunidad Castilla y la Mancha, uno con la Generalitat Valenciana y otro con el Ayuntamiento de Madrid. La implementación de los Pactos de Integridad demuestra que la herramienta proporciona un marco flexible para que las autoridades mejoren los resultados de la contratación y, en última instancia, la confianza de la ciudadanía.

Teniendo en consideración esta experiencia, esta guía práctica tiene como objetivo ayudar a las autoridades de la UE a incorporar los Pactos de Integridad en sus planes y programas como un instrumento adicional para proteger las inversiones estratégicas del Marco Financiero Plurianual 2021-2027 y los fondos de recuperación, fortaleciendo los controles dentro de los procesos de contratación y reforzando la confianza de la ciudadanía en la Administración Pública.